Escribía ayer aquí mismo sobre el recurso del Gobierno Vasco a la ley española de Vivienda, con el desacuerdo manifiesto de los consejeros socialistas. Hoy empiezo compartiendo con ustedes mi felicitación al PSE por la deportividad con la que se ha tomado el asunto. Sin dejar de señalar la discrepancia, el secretario general, Eneko Andueza, prefirió quitar hierro y subrayar que lo sucedido no crea ninguna herida en la coalición. Los jeltzales han ido por el mismo camino. Vino a decir Andoni Ortuzar con otras palabras que entre dos que se conocen mucho, estas desavenencias están amortizadas. Como remate, el vicelehendakari primero, Josu Erkoreka, puso sobre el tapete en Onda Vasca el mejor desenlace de la cuestión: "Antes de formalizar el recurso, hay seis meses para llegar a un acuerdo", afirmó. No sería la primera vez que Madrid y Lakua arreglan alrededor de una mesa lo que estaba en rampa de salida para ir a tribunales.

 

En este caso, ese entendimiento sería particularmente bueno para todas las partes. Para el Gobierno Vasco (o, mejor dicho, para la ciudadanía de los tres territorios), porque se neutralizaría la enésima invasión competencial y, además, en una materia tan sensible como la vivienda. Para el Gobierno español, que ya está técnicamente en funciones, porque quizá le serviría para encontrar el modo de resolver el entuerto en que se ha metido por haber cedido a la tentación demagógica de aprobar una norma que ahora mismo se ve incapaz de aplicar. Es lo que ocurre cuando se mandan al BOE textos que contienen maravillosas proclamas pero flaquean a la hora de convertirse en realidad.