Moncloa se aferra a los decretos de vivienda para aprobarlos sin Junts tras disolver las Cortes

Actualizado hace 4 minutos

Pedro Sánchez no entra en pausa ni siquiera en precampaña electoral y se ha sacado de la chistera una treta legal para mantener vivos los decretos ley con medidas para la crisis de vivienda, a pesar de la disolución de las Cortes. El presidente del Gobierno español se reinventa con una jugada para sacar adelante los dos decretos que no fueron convalidados por el Congreso de los Diputados y que dieron la puntilla a la legislatura.

Con el legislativo cerrado por mor de la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre, el único resquicio para reintentarlo es llevar la votación a la Diputación Permanente del Congreso, una suerte de parlamento de guardia cuya composición no es mimética a la del Congreso, lo que dejo fuera de juego a Junts y, por el contrario, pone al PNV como la fuerza que podría decidir con su apoyo el resultado final de la votación, si mantiene el sentido de sus votos la semana pasada.

Es una nueva vuelta de página a su manual de resistencia que le permitiría previsiblemente aprobar dos nuevo decretos ley sobre vivienda con algunos retoques para justificar la votación y ganar tiempo para abordar una nueva negociación con los grupos parlamentarios para convalidar las medidas en la Diputación Permanente, un órgano compuesto por 69 diputados –la mayoría absoluta estaría en 35 votos–.

Parlamento de guardia

La forma es desconocida para la ciudadanía en general y está recogida en la Constitución. Sánchez prevé aprobar este martes en el Consejo de Ministros uno o dos decretos ley y de allí los trasladaría al miniparlamento de guardia en los periodos electorales. El presidente español no tendría las urgencias de tiempo que ha sobrellevado en la negociación con los grupos parlamentarios para llevar los decretos al Congreso.

Por esta vía tendría 30 días para convalidar el nuevo decreto o decretos de ley de vivienda. En ese espacio de tiempo el PSOE mantendría vivo el debate sobre la vivienda, eclipsando otros temas como los casos de corrupción que le afectan o la crisis migratoria de Ceuta. La aprobación de los decretos sería en puertas del comienzo de la campaña electoral en la que Sánchez mantendría su relato basado en la vivienda, materia en la que quiere centrar su discurso electoral en la creencia de que su partido va a rentabilizar mejor el estallido social desencadenado a partir del desahucio mediático de Mari Carmen Abascal y la posterior derogación de los decretos de la vivienda en el Congreso tras la negativa de PP, Vox y Junts.

Una vez trasladado a la Diputación Permanente será el momento de la aritmética parlamentaria, notablemente distinta a la del Congreso con sus 350 diputados y la mayoría absoluta establecida en 176. En este caso, los partidos están representados de la siguiente manera: 27 diputados del PP, 25 del PSOE, 6 de Vox, 6 de Sumar, uno de ERC, uno de Junts, uno de EH Bildu, uno del PNV y uno del grupo Mixto, que es Ione Belarra, de Podemos.

Un solo voto de diferencia

Atendiendo a los votos del pasado viernes, el primer decreto de vivienda sí habría salido con esta composición, no así el segundo. En el caso del primero, votaron sí PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV e Ione Belarra, por lo que en la Diputación Permanente el voto afirmativo obtendría 35 votos por los 34 del ‘no’ (PP, Vox y Junts), es decir, el primer decreto sería convalidado, contrariamente a lo que ocurrió el pasado viernes en el Congreso.

El caso del segundo decreto sería diferente, puesto que el PNV sí voto en contra por lo que el resultado en la Diputación Permanente también sería negativo. En ambos casos la izquierda y la formación jeltzale suman mayoría y no será necesario el apoyo de Junts, el partido de Carles Puigdemont.

Este sería el resultado de una votación hipotética y el PNV ha dejado claro que no tiene decidido el sentido de su voto. En Sabin Etxea confirman haber recibido una llamada de Moncloa sobre los textos que van al Consejo de Ministros y aseguran que afrontan las conversaciones con una posición clara: “la protección de las personas vulnerables y defensa del pequeño propietario, bajo el principio de seguridad jurídica”.