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Pedro Sánchez ha pasado tres años negociando apoyos, afrontando crisis y defendiendo su continuidad en la Moncloa. La mayoría que permitió su investidura en 2023 no se convirtió en un respaldo estable para gobernar, pero el presidente sostuvo el mandato entre avances sociales, emergencias y el desgaste de los casos judiciales que han alcanzado al PSOE y a su entorno.
El rechazo de los dos decretos sobre vivienda ha marcado el límite de esa resistencia: Sánchez vuelve ahora a las urnas el 29 de noviembre para buscar una mayoría más amplia.El balance exige distinguir entre los resultados de la gestión y el relato con el que los partidos concurrirán a las elecciones. El Ejecutivo estatal puede presentar medidas concretas y una economía que sigue creciendo. También deja problemas sin resolver y una legislatura sin nuevos Presupuestos. Las investigaciones y condenas, por su parte, han añadido un desgaste político que debe explicarse atendiendo a la situación de cada procedimiento.
Una mayoría para la investidura
La relación con los socios ha sido una negociación permanente. Ya en noviembre de 2023, Aitor Esteban advertía de que el apoyo del PNV no suponía aceptar las decisiones del resto de grupos como hechos consumados. Aquella advertencia anticipaba una de las dificultades del mandato: reunir apoyos de fuerzas con prioridades territoriales, sociales y económicas distintas.
La falta de nuevos Presupuestos resume esa fragilidad. Sánchez ha mantenido la Presidencia, pero no ha conseguido convertir los acuerdos de investidura en una mayoría presupuestaria. El rechazo de los decretos de vivienda ha terminado por evidenciar los límites de esa fórmula.
La amnistía y la relación con Cataluña
La amnistía se convirtió en uno de los ejes de la legislatura y del enfrentamiento con la oposición. El Ejecutivo estatal la defendió como una herramienta para superar el conflicto del procés, mientras PP y Vox la rechazaron. Su aprobación tampoco cerró la controversia judicial: las discrepancias sobre su aplicación, especialmente al delito de malversación, mantuvieron abiertas causas contra dirigentes independentistas. Al convocarse las elecciones, la situación de Carles Puigdemont seguía pendiente de resoluciones que podían facilitar su regreso.
Miles de personas protestan en Madrid contra la amnistía y gritan contra Sánchez.
La negociación con Junts mostró, además, que los acuerdos territoriales no garantizaban el respaldo a la agenda social del Ejecutivo. El partido de Puigdemont mantuvo posiciones propias sobre cuestiones como la jornada laboral y la vivienda, hasta votar contra iniciativas centrales para sus socios de investidura. Esa distancia entre el pacto que permitió elegir a Sánchez y los apoyos necesarios para aprobar leyes acompañó al mandato hasta su desenlace.
Crecimiento y avances sociales
La evolución económica constituye uno de los principales argumentos del Ejecutivo. Según los últimos datos del INE, el producto interior bruto creció un 0,7% en el segundo trimestre de 2026 respecto al anterior y un 2,6% en términos interanuales. Son cifras que permiten sostener que la actividad económica ha continuado avanzando durante la legislatura, aunque por sí solas no describen las condiciones de vida de todos los hogares.
Entre las medidas sociales aprobadas figura la ampliación de los permisos retribuidos por nacimiento y cuidado de menores de 16 a 19 semanas por progenitor, con una regulación específica para las familias monoparentales. Un cambio concreto en los derechos de conciliación que forma parte del balance de este mandato.
Una izquierda fragmentada
Las dificultades tampoco procedieron únicamente de la oposición o de los socios nacionalistas. La legislatura comenzó con una fractura en el espacio situado a la izquierda del PSOE: en diciembre de 2023, los cinco diputados de Podemos abandonaron el grupo parlamentario de Sumar y pasaron al Mixto. La ruptura obligó al Ejecutivo a negociar por separado con una fuerza que había concurrido a las elecciones dentro de la candidatura encabezada por Yolanda Díaz.
El Congreso tumba la reducción de la jornada laboral con los votos de PP, Vox y Junts.
Uno de los mayores reveses para la agenda de la coalición llegó en septiembre de 2025, cuando el Congreso rechazó tramitar la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales sin pérdida salarial. Las enmiendas a la totalidad prosperaron con los votos de PP, Vox, Junts y UPN. El fracaso de una de las principales propuestas de Díaz evidenció los límites parlamentarios del programa compartido por PSOE y Sumar.
Las emergencias que pusieron a prueba al Ejecutivo
La DANA del 29 de octubre de 2024, especialmente devastadora en territorio valenciano, abrió una crisis humanitaria y un debate sobre la prevención, las alertas y la coordinación institucional. El Gobierno central reforzó el despliegue de militares, policías y guardias civiles y aprobó el 5 de noviembre un primer paquete de medidas de 10.600 millones de euros para la respuesta y la reconstrucción. La catástrofe puso a prueba la coordinación entre las administraciones en un contexto de fuerte enfrentamiento político.
Decenas de coches amontonados durante la dana.
El apagón del 28 de abril de 2025 supuso otra prueba para la gestión de emergencias. El corte eléctrico afectó a la península y Portugal, paralizó servicios ferroviarios y alteró las comunicaciones y la actividad cotidiana. El Gobierno central asumió la dirección de la emergencia en ocho comunidades y reunió a los responsables del sistema eléctrico para abordar la recuperación del suministro. El episodio situó la seguridad energética y la capacidad de respuesta ante un fallo de gran alcance entre los asuntos centrales del mandato.
En el ámbito sanitario, los repuntes de infecciones respiratorias volvieron a tensionar algunos servicios de urgencias. A comienzos de 2025, las comunidades desplegaron medidas como el refuerzo de camas y personal o el uso de mascarillas en centros sanitarios, sin alcanzar una estrategia común como pretendía el Ministerio de Sanidad. Estos episodios mantuvieron abierto el debate sobre la coordinación entre administraciones y la preparación del sistema para los picos de demanda asistencial.
La vivienda precipita el final
La vivienda ha terminado ocupando el centro de la crisis política. El encarecimiento de los alquileres y la dificultad para acceder a un piso han alimentado las movilizaciones y situado bajo presión al Ejecutivo estatal. La caída de los dos decretos impulsados como respuesta muestra tanto las diferencias sobre las soluciones como la incapacidad del Gobierno de Sánchez para reunir los votos necesarios.
El contraste entre las cifras macroeconómicas y los problemas cotidianos será una de las claves del balance electoral. Crecer no resuelve automáticamente el acceso a la vivienda, y anunciar medidas tampoco equivale a conseguir que entren en vigor.
El impacto de la corrupción
El frente judicial ha golpeado especialmente al núcleo organizativo del PSOE. El Supremo condenó en junio al exministro José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión y a su antiguo asesor Koldo García a 19 años y ocho meses por la trama de las mascarillas. La causa abrió además investigaciones sobre presuntas comisiones en adjudicaciones de obra pública que alcanzaron al exsecretario de Organización Santos Cerdán.
Cerdán dimitió en junio de 2025 y mantiene su defensa frente a las acusaciones. Su caso debe diferenciarse de las condenas dictadas contra Ábalos y Koldo: la responsabilidad política que comporta haber confiado en determinados dirigentes no sustituye a la determinación judicial de las responsabilidades individuales.
Las causas del entorno familiar
La situación de Begoña Gómez también ha marcado el mandato. En septiembre, el juez Juan Carlos Peinado volvió a abrir juicio oral contra la esposa del presidente por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La Audiencia de Madrid había delimitado previamente la causa y dejado fuera otros delitos. La Fiscalía y las defensas solicitan la absolución. El procedimiento está pendiente de juicio y no existe una condena.
Begoña Gómez
Distinto es el caso de David Sánchez. El hermano del presidente fue condenado en julio a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa en relación con su contratación en la Diputación de Badajoz. La sentencia está recurrida.
Los compromisos con Euskadi
Desde Euskadi, el balance incorpora el cumplimiento del pacto de investidura. La relación con el PNV ha permitido acuerdos, pero también ha acumulado retrasos. Se habían concretado avances sobre seguridad, financiación de la dependencia y cesión de terrenos en Hondarribia, mientras seguían pendientes transferencias comprometidas para completar el Estatuto de Gernika. Las negociaciones sobre materias de la Seguridad Social y los puertos de Bilbao y Pasaia continuaron después del verano.
Palestina en la agenda exterior
La política exterior tuvo uno de sus hitos en el reconocimiento del Estado de Palestina, aprobado el 28 de mayo de 2024. El Ejecutivo estatal presentó la decisión como una contribución a la solución de dos Estados, con Palestina e Israel conviviendo en paz y seguridad. La medida, adoptada junto con Irlanda y Noruega, provocó tensiones diplomáticas con Israel y situó la respuesta a la guerra de Gaza entre los asuntos destacados de la legislatura.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), y el presidente del Estado de Palestina, Mahmoud Abbas
El reconocimiento supuso una decisión diplomática concreta, aunque su alcance debe distinguirse de la capacidad para influir sobre el desarrollo del conflicto. Sánchez mantuvo la defensa de una salida negociada y recibió en septiembre de aquel año al presidente palestino, Mahmud Abás, para reafirmar ese compromiso.
Sánchez llega al 29-N con un balance que combina crecimiento económico y avances sociales con dificultades para convertir sus acuerdos políticos en una mayoría estable. La vivienda, la respuesta a las emergencias y el desgaste de los casos judiciales han marcado un mandato que termina sin nuevos Presupuestos. Las urnas decidirán ahora si obtiene el respaldo necesario para continuar su proyecto o si se abre una nueva etapa política.
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