Como se aprecia en la ridícula denuncia contra la esposa de Pedro Sánchez que un juez madrileño de extravagante trayectoria ha tenido el arrojo de aceptar para su investigación, se hacen llamar Colectivo de Funcionarios Públicos. Los medios del ultramonte que dan pábulo a sus operaciones judiciosas de acoso y derribo los mencionan como plataforma cívica o, rizando el rizo, como sindicato.
Esto último es una exageración difícilmente sostenible, pues, aunque aseguran contar con más de 5.000 afiliados, no hay un solo organismo en que conste su representación. Ni siquiera en Castilla y León, que es donde tienen su única sede, una oficina en un edificio de Salamanca.
Resulta bastante más atinada la denominación que se ha convertido en prácticamente canónica por parte de la prensa seria: pseudosindicato ultraderechista.
Líder franquista
El primer término queda explicado en su nula actividad en defensa de colectivo laboral alguno. El segundo, en el tipo de actuaciones que han venido impulsando desde su creación y, por encima de todo, en la personalidad de su fundador y líder único, Miguel Bernard Remón.
Como está ampliamente documentado, el individuo, que hoy frisa los 82 años, fue un destacado militante de Fuerza Nueva, el partido del búnker franquista liderado por el irredento camisa vieja Blas Piñar. Andando los años y ya desaparecida la formación cavernícola, el fascista orgulloso de serlo se integró en el Frente Nacional, clon hispano y cañí del liderado por Jean Marie Le Pen en Francia.
Con esos antecedentes, en 1995 creó el engendro que ha conseguido poner en jaque nada menos que al presidente del gobierno español. En una apropiación casi delictiva, bautizó a su criatura como Manos Limpias, remedo de Mani Pulite, el meritorio movimiento cívico-judicial que hizo reventar la corrupción sistémica, conexiones mafiosas incluidas, de la política italiana en los años 90.
“Víctimas del lawfare”. El pasado mes de diciembre, el incansable chiringuito ultra denunció a Santos Cerdán, Gabriel Rufián y Jordi Turull simplemente por haber mencionado la palabra “lawfare”. Según el ridículo escrito, que fue rechazado, la simple utilización del término es un insulto y una intimidación a los jueces y fiscales. Lo paradójico es que en su propia página web, Bernard se explaya a gusto declarándose “víctima del lawfare” por parte de los magistrados que lo condenaron por extorsión.
Doscientas querellas
Desde entonces, el grupúsculo de Bernard Remón ha presentado alrededor de doscientas querellas, siempre bajo un pretendido objetivo de luchar en pro de la ejemplaridad pública. Sin embargo, basta echar un vistazo a la relación de denunciados para comprobar que en la inmensa mayoría de los casos se trata de personas de izquierdas y/o de ideas nacionalistas.
Así, Manos Limpias actuó en 2006 contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y varios líderes socialistas vascos -entre otros, Patxi López- por las reuniones de miembros del PSE con Arnaldo Otegi y otros dirigentes de la ilegalizada Batasuna. El proceso quedó en nada, pero no evitó el mal trago a quienes tuvieron que declarar en el juzgado.
El considerado primer gran éxito del autodenominado colectivo de funcionarios fue la inhabilitación de Juan María Atutxa para el ejercicio de cargo público.
Con todo, el mayor triunfo de ML fue llevar al banquillo a Cristina de Borbón por haberse enriquecido supuestamente de los negocios de su marido, Iñaki Urdangarin. Buena parte de la opinión pública que hoy critica con dureza al chiringuito vio con simpatía a los impulsores de la causa contra la hermana del rey Felipe VI.
Más allá de la “pena de telediario”, ese proceso también quedó en agua de borrajas cuando, en 2016, Miguel Bernard fue detenido junto al dirigente de la asociación de consumidores bancaria AUSBANC, Luis Pineda, por extorsión a personas y entidades a cambio de no llevarlas a los juzgados.
Una de las consecuencias de aquel episodio fue la retirada de la denuncia contra la hija mayor de Juan Carlos de Borbón. Una minucia, al lado de la condena a 8 y 4 años de prisión que impuso la Audiencia Nacional a Bernard y Pineda, si bien solo pasaron 8 meses entre rejas al concedérseles la libertad bajo fianza.
El pasado 15 de marzo, el Tribunal Supremo absolvió finalmente a ambos de los delitos de estafa y extorsión. Lo curioso es que la sentencia reconoce las presiones y las califica como “censurables en el plano de la valoración ética”. Sintiéndose reforzado por el espaldarazo del alto tribunal, apenas un mes después, Bernard denunció a la esposa de Pedro Sánchez por presunto tráfico de influencias y consiguió que un juez abriera diligencias.
Juan María Atutxa, su primera víctima
El histórico militante jeltzale vivió un calvario judicial de once años hasta que Estrasburgo le dio la razón
El 13 de junio de 2017, el Tribunal de Derechos humanos de Estrasburgo condenó a España por inhabilitar injustamente al que fuera presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa, y a los miembros de la Mesa de la cámara Gorka Knorr y Kontxi Bilbao.
En el origen del calvario judicial y personal está Manos Limpias, que en 2006 presentó un recurso ante el Supremo contra la sentencia del TSJPV que no encontró delito en la decisión de no disolver el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak.
Dos años después, el alto tribunal dio la razón al pseudosindicato y condenó a Atutxa, Knorr y Bilbao a penas de entre un año y medio y un año de inhabilitación, además de a multas de 18.000 euros para el expresidente del Parlamento y de 12.000 para los miembros de la Mesa.
La sentencia fue confirmada cinco años después por el Constitucional. A los condenados no les quedó otra que recurrir a Estrasburgo, que, como se ha dicho, falló a su favor. Con todo, el Supremo tardó aún dos años más en aplicar el dictamen y restaurar la dignidad de los tres exmiembros de la cámara vasca, a los que todavía nadie ha pedido perdón por lo que tuvieron que sufrir.
El episodio muestra el modus operandi de Manos Limpias y las terminales mediáticas y políticas que utilizan sus actuaciones a su favor. Se trata de destruir en lo personal y sin miramientos a quienes consideran sus enemigos políticos.
Por fortuna, en la inmensa mayoría de los casos, solo consiguen una incomodidad en la larga lista de denunciados, en la que están prácticamente todas las figuras destacadas de la izquierda o el nacionalismo. El propio Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, Irene Montero, Iñigo Errejón, Santos Cerdán, Gabriel Rufián, Jordi Turull o Baltasar Garzón han sido, entre otros muchos, objetivo de los querellantes profesionales.
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