“Es una herramienta legal que empodera a las actividades de ocio y tiempo libre de Euskadi, blinda el nivel de bienestar de los niños y niñas que participan en ellas y da seguridad a las familias”. Con estas declaraciones define la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, el alcance del nuevo reglamento para las colonias aprobado por el Consejo de Gobierno. El decreto actualiza de manera integral una legislación que arrastraba un desfase de casi cuatro décadas –la anterior databa de 1985– y llega para culminar el blindaje legal impulsado tras el escándalo del udaleku de Bernedo (Araba).
Melgosa insistió en que la norma no va en contra de ninguna asociación ni busca poner en la diana a ninguna apuesta pedagógica. Sin embargo, se mostró tajante al advertir que “sólo las actividades que aseguren el respeto a la intimidad y a la dignidad de los menores, y encajen con sus requisitos, serán las únicas viables”. El Decreto de actividades infantiles y juveniles de ocio educativo establece un control mucho más exhaustivo y sitúa la protección de la infancia en el centro. Se aplicará a todas aquellas actividades de ocio –desde campamentos a colonias abiertas y campus deportivos– que duren cuatro días o incluyan pernocta de tres o más noches.
Una de las principales novedades del texto es la obligatoriedad de incorporar la figura del delegado de protección a la infancia. Esta persona será la responsable directa de velar por un entorno seguro, aplicar los protocolos de prevención y actuar de manera inmediata ante cualquier indicio de vulneración de derechos. Tres inspectoras llevan algunas semanas ya analizando la documentación presentada por las entidades este año y realizando inspecciones in situ. En caso de que se identifique cualquier situación de riesgo lo darán a conocer a la Ertzaintza, a URA, a Servicios Sociales o al Departamento de Salud. “Su trabajo más allá de buscar defectos es asegurar que los menores están en las mejores condiciones posibles”, explicó la consejera.
Asimismo, se eleva de forma notable las ratios de personal para garantizar una supervisión eficaz. El equipo mínimo estará compuesto una dirección técnica y dos monitores. A partir de los 21 participantes, se exigirá un monitor adicional por cada fracción de diez menores. Además, para los grandes campamentos de más de cien chavales, se obligará a disponer de una segunda dirección. Este año el 60% del monitorado deberá contar con una titulación, alcanzando el 80% en 2028.
El decreto desarrolla el armazón de la reforma de la Ley de Juventud aprobada por el Parlamento Vasco a raíz de las negligencias detectadas en el caso Bernedo, que sigue bajo investigación judicial. A partir de su entrada en vigor, las entidades organizadoras tendrán la obligación de presentar una declaración responsable ante la Administración, acreditando que cumplen con todos los requisitos logísticos, sanitarios y de personal. En esta misma línea, se exigirá a todo el personal –profesionales y voluntariado– el correspondiente certificado de delitos sexuales limpio.
NOVEDADES DEL NUEVO DECRETO
Mayor alcance de regulación: El decreto afectará a todas las actividades de cuatro o más días consecutivos o que incluyan al menos tres noches de pernocta (antes solo se regulaban si tenían pernocta superior a tres noches).
Declaración responsable: Los organizadores deberán tramitarla por vía electrónica un mes antes del inicio de la actividad, aportando titulaciones del equipo, seguros y datos de contacto, teniendo diez días para corregir fallos si no cumple los requisitos.
Nuevo equipo de inspección: Tres inspectoras, apoyadas por personal jurídico del Gobierno y técnicos de las Diputaciones, ya revisan la documentación y hacen visitas in-situ para asegurar el bienestar de los menores, derivando a la Ertzaintza o servicios competentes cualquier riesgo detectado.
Publicación de actividades: Todas las actividades declaradas que cumplan correctamente con la normativa y los requisitos del decreto se publicarán de forma oficial en la web de Gazteaukera.
Mejora en las ratios: Se exige siempre un director (dos si se superan los 100 participantes) y un mínimo de dos monitores para cualquier actividad, debiendo sumar un monitor más por cada diez menores a partir del participante número 21.
Delegado de protección a la infancia: Las entidades deberán nombrar a una persona de referencia que asegure un entorno seguro, controle los certificados negativos de delitos sexuales de la plantilla y explique los protocolos contra la violencia a menores y familias.
Protocolos contra el acoso: Las Administraciones se encargarán de elaborar protocolos específicos para prevenir, detectar y actuar ante casos de violencia machista y acoso en los espacios de ocio.
Uso responsable de tecnologías: Las actividades deberán garantizar el uso seguro y educativo de los dispositivos y las TIC, protegiendo de forma estricta la intimidad, la imagen y los datos de los menores.
El régimen sancionador es un calco del de la ley, con multas que van desde los 3.000 euros por fallos administrativos hasta un máximo de 600.000 euros para las conductas más graves que pongan en peligro la seguridad o integridad de algún menor. El texto aprobado por el Gabinete de Imanol Pradales no se limita a la seguridad física y emocional, sino que se adapta a las realidades del siglo XXI. Incluye un apartado dedicado al ámbito digital que obliga a promover un uso responsable de las tecnologías y a proteger de forma estricta el derecho a la intimidad, la propia imagen y los datos de carácter personal. Además, se impulsa el uso del euskera e incluye medidas de inclusión para que los menores con necesidades especiales o con menos recursos económicos puedan participar en igualdad de condiciones.Los nuevos requisitos en cuanto a las ratios y titulación específica entrarán en vigor de manera efectiva dentro de tres meses, lo que da un plazo a que las asociaciones de tiempo libre se puedan adaptar. – NTM
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