Los trabajadores de Txinzer llevan su protesta hasta dentro del Ayuntamiento de Irun

Actualizado hace 8 minutos

Tras 163 días de huelga, los trabajadores de Txingudiko Zerbitzuak han pasado de las calles al Consistorio. Los trabajadores del servicio de aguas y basuras de la comarca se han colado hasta la escalinata del Ayuntamiento de Irun para exigir que se ponga fin a la huelga, con silbatos y con el habitual ruido que ya es tónica habitual en diversos puntos del municipio como la plaza San Juan o la plaza Ensanche.

Tras quince minutos dentro, después de que se presentaran en el lugar media docena de agentes de la Ertzaintza y alguna dotación de la Policía Local, los huelguistas han abandonado el Ayuntamiento de Irun sin ningún tipo de altercado y de forma pacífica.

“No ha habido ninguna pelea, ha sido la misma actitud de siempre. Pero todos tenemos un límite, y para nosotros ha llegado, porque 163 días en huelga no es una causa pequeña” ha afirmado Alaitz Egiazabal, la representante del comité sindical, explicando de forma contundente que “las últimas seis semanas en las que hemos rebajado la presión no ha tenido la respuesta adecuada" y que "si esto es lo que quieren es lo que van a tener”.

Un identificado y una persona mareada

Alaitz Egiazabal ha explicado que “hemos entrado al Ayuntamiento de buen modo, hemos hecho nuestras reivindicaciones, hemos repartido folletos, hemos hecho nuestros gritos y hemos estado un cuarto de hora”. Ha sido la Policía Local y la Ertzaintza, explica, las que han invitado a salir a los trabajadores y trabajadoras de Txinzer, que después de esos 15 minutos han salido entre los aplausos de los presentes en la habitual huelga de los pensionistas de los lunes. De hecho, uno de los trabajadores de Txinzer ha solicitado silencio a sus compañeros porque esa hora ya correspondía a la otra concentración.

Durante la protesta dentro del Consistorio una persona se ha mareado, lo que ha provocado que haya tenido que llegar una ambulancia a la plaza San Juan. Además, se ha identificado al delegado. A pesar de estos momentos de tensión, Egiazabal reconoce que “seguimos con fuerzas y ganas, y más enfadados y cansados que nunca”, reseñando que “nos parece una tomadura de pelo”, lanzando además un aviso: “Si no quieren unos San Marciales calientes esto tiene que acabar esta semana, sí o sí”. La representante sindical ha añadido que “la Alcaldesa no ha hecho acto de presencia”

Ambulancia llegando a atender a la persona mareada Unai Macias

“Estamos hartos, y no sabemos cómo decirlo”

La situación, al menos a ojos de la ciudadanía, no había llegado hasta ahora a tal punto de tensión. Sin embargo, parece que la paciencia se ha agotado en torno a los trabajadores para solucionar un asunto que, dice Alaitz Egiazabal, “creemos que tiene responsabilidad política”. Afirman estar “hartos”, y explica además que “estuvimos cuatro meses en huelga para presentar un principio de acuerdo, porque hasta el 5 de mayo no habíamos tenido ninguna propuesta”. Reconoce que la vieron de forma positiva, y "pensando que podíamos llegar a un acuerdo rebajamos nuestra presión”.

Pero el acuerdo sigue sin cerrarse. Esa equiparación salarial se llevaría a cabo a través de unos complementos de productividad, que supondrían el diez por ciento del sueldo. Sin embargo, es una cantidad que, indican desde la parte sindical, no se cobraría en caso de estar de baja temporal, o se cobraría la parte proporcional al tiempo que se ha trabajado durante el año, apartado con el que no están conformes los trabajadores.

Egiazabal ha explicado que “han pasado seis semanas desde que se puso ese acuerdo sobre la mesa, y lo que pedimos es que esa equiparación con el Ayuntamiento de Irun esté asegurada, que no haya discriminación, y cobrar esa parte estando también de baja común”.

Esta parte considera “vergonzoso, ilegal e inmoral pasar tres cribas, la del médico para que te dé la baja, el seguimiento de la mutua, y la decisión de la dirección de si esa baja a través del informe médico es lo suficientemente grave para decidir si cobras o no esa equiparación salarial”, algo que “no vamos a aceptar, ni hoy, ni mañana, ni en mil vidas”.

Exigen respuestas "a quienes tienen capacidad de decisión"

En un comunicado emitido pocas horas después de encerrarse en el Ayuntamiento de Irun, el comité de empresa ha manifestado que "la posición de la empresa es clara: penalizar a quien enferma", algo "inadmisible que ataca derechos básicos y que supone trasladar a la plantilla el coste de sufrir una enfermedad o un accidente", explicando que "ELA no va a aceptar que se castigue a ninguna trabajadora o trabajador por estar de baja médica".

Hacen también alusión a los ayuntamientos de Irun y Hondarribia porque, dicen, "a estas alturas ya nadie puede esconderse detrás de la dirección de la empresa", añadiendo que "hasta donde sabemos, la alcaldesa de Irun y el alcalde de Hondarribia respaldan la propuesta que mantiene bloqueada la negociación", explicando además que "si esto es así, son corresponsables de que el conflicto continúe abierto y de que más de 160 días después siga sin existir una solución". En el escrito cuentan que ese es el motivo por el que "hoy nos hemos encerrado en el Ayuntamiento de Irun, para exigir respuestas a quienes tienen capacidad de decisión y responsabilidad política sobre Txinzer".

Solicitan tanto a la alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, "como máxima responsable institucional", como al alcalde de Hondarribia, Igor Enparan, "que abandonen su apoyo a una propuesta injusta y actúen para desbloquear el conflicto".

Propuesta "inaceptable, indigna y del todo ilegal"

La pasada semana, el comité de empresa explicó en un comunicado que la gerencia planteaba que los trabajadores afectados por una enfermedad común "solo tendrían derecho a dicha equiparación si facilitan información sobre la causa de su baja médica y, además, la dirección considera que dicha enfermedad puede calificarse como grave". Ante esto, manifestaron un rotundo rechazo.

Consideran que utilizar la equiparación salarial como "herramienta para el control de bajas médicas" es una propuesta "inaceptable, indigna y del todo ilegal". Los trabajadores insisten en que la información clínica es parte exclusiva de la “esfera privada e íntima de cualquier persona trabajadora”, y entienden que no corresponde a la empresa “exigir ese tipo de datos ni asumir la capacidad de determinar qué enfermedades son graves para reconocer un derecho laboral”.

A su juicio, la exigencia supone un "exceso por parte de la dirección" que genera una "discriminación" entre la plantilla bajo criterios que afectan a la privacidad y la salud.

Asimismo, el comité quiso trasladar en el comunicado su “preocupación por el respaldo que, según nuestro entender, recibe este preacuerdo por parte de la alcaldesa de Irun”. El sindicato tacha de "especialmente grave que una propuesta que condiciona derechos laborales al conocimiento y valoración empresarial de información médica privada pueda contar con apoyo institucional”.

Una situación alargada en el tiempo

Más allá de los cien días de huelga, esta situación data de finales de 2024, cuando los trabajadores de Txingudiko Zerbitzuak denunciaron el convenio, presentando las plataformas en el año 2025, levantándose el comité de la mesa de negociación en junio. Desde este febrero, con la huelga ya activa, la dirección propuso reuniones en diferentes bloques: dos para la valoración de puestos, otra para el poder adquisitivo, otra para establecer aspectos como las turnicidades o las guardias, y el último para la equiparación de puestos con el Consistorio de Irun.

Las conversaciones entre ambas partes se han dado en algunas ocasiones de forma pública. La última fue al término del antes citado Pleno Ordinario Municipal, entre los trabajadores con la Alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, y la teniente de Alcaldesa de Irun, Nuria Alzaga. Cabe destacar, eso sí, que en un tono respetuoso por ambas partes.

Algo similar ocurrió, aunque con algo más de tensión, en la apertura de la Feria del Libro entre las mismas partes, cuando miembros del comité de huelga irrumpieron en la carpa de la plaza San Juan para conversar con Cristina Laborda y Nuria Alzaga, con un ruido atronador generado a las puertas por parte de los trabajadores del servicio.

Txinzer no se pronuncia desde abril

Por parte de la patronal, el último comunicado a este respecto fue emitido en abril, con un cruce de comunicados entre ambas partes, alegando que siempre han estado abiertos al diálogo, manteniendo su disposición para alcanzar un preacuerdo del convenio dentro del calendario de negociación, con un calendario establecido en febrero para abordar “de manera ordenada los distintos bloques de la negociación, con el objetivo de avanzar”.

Añadían, además, que propusieron un incremento de la masa salarial del 2,85%, incluyendo mejoras “para una parte significativa de la plantilla”, algo que el comité de empresa consideró inaceptable debido a que “esa cantidad se reparte principalmente entre los puestos mejor remunerados, y que las personas que ocupan puestos con salarios y condiciones precarias solo vayan a conseguir un complemento personal que lo único para lo que sirve es para que no se bajen los sueldos de la plantilla actual”.

La presencia en varios puntos de la ciudad de los trabajadores en huelga, con altavoces y manifestando su enfado por la situación, es algo ya habitual en la ciudad.