El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno español prevé aprobar de forma definitiva en el Consejo de Ministros de mediados de septiembre, el nuevo decreto regulador de la prestación económica por cuidado de menores con enfermedades graves (CUME). Una medida que, a priori, podría parecer positiva, pero al parecer no lo es tanto. Por lo menos, para ASFACUME, la Asociación de Familias en Situación de Cuidados de Menores con Enfermedades Graves y Asimilados. Su portavoz, Inga Aguirreamalloa, denuncia en Las Mañanas de Onda Vasca que el nuevo texto no soluciona la falta de unificación de criterios entre las mutuas colaboradoras ni la excesiva fiscalización que sufren los beneficiarios. Además, el colectivo critica haber sido excluido de las mesas de trabajo donde se redactó el proyecto normativo.

Aguirreamalloa explica que sus reclamaciones no responden a motivos económicos. "No estamos pidiendo más. Nosotros lo único que pedimos es, por una parte, un poco de tranquilidad para las familias, porque cada muy poco tiempo nos piden que estemos demostrando una y otra vez que nuestros hijos siguen estando graves", detalla. Explica que esta ayuda beneficia a casi 20.000 familias en todo el Estado y recuerda que "ninguna de las familias que estamos acogidas al ACUME" está "por gusto".

La portavoz de Asfacume alerta de la indefensión en la que se encuentran las familias debido a las exigencias burocráticas y a la actuación unilateral de las mutuas, las cuales, según sostiene, aprovechan periodos vacacionales como Navidad, Semana Santa y verano para requerir informes médicos adicionales con un plazo de entrega de diez días. Esta situación genera graves dificultades para obtener la documentación a tiempo debido y desemboca en la suspensión de la ayuda económica. La norma introduce además la figura de un inspector médico supervisor cada dos años, lo que a juicio de la asociación supone poner bajo sospecha a los facultativos que emiten las declaraciones médicas, mientras que las mutuas actúan "para recortar".

Frente a las alegaciones presentadas por el colectivo, el Ministerio ha trasladado verbalmente que modificará aspectos del borrador original para atender sus demandas. Sin embargo, desde Asfacume mantienen el escepticismo sobre el texto definitivo que se publicará en el Boletín Oficial del Estado a mediados de septiembre. Puedes escuchar la entrevista completa en este podcast.