La escuela vasca arranca este lunes el curso escolar con cerca de 340.000 alumnos de Infantil, Primaria, Bachillerato y Formación Profesional. Más allá de la vuelta a la rutina y del complejo encaje de bolillos que exige el descenso de la natalidad, el nuevo periodo lectivo llega marcado por cinco grandes desafíos: el despliegue real del Pacto contra la segregación a través de la estrategia Eskola Bikaina Denontzat, la tramitación del Decreto de Gratuidad para frenar el cobro de cuotas y la asignación directa de la mochila escolar (eskola motxila) al alumnado vulnerable. Un paquete de choque económico con el que el Departamento de Educación busca limar la brecha social y corregir el efecto escalera que acaba concentrando al alumnado con menos recursos en la red pública al pasar a la ESO. La hoja de ruta del Departamento que dirige Begoña Pedrosa se completará con la nueva Orden de Proyectos Lingüísticos de Centro y el futuro Decreto de Convivencia Positiva que, tal y como adelantó este periódico, otorgará el rango de autoridad pública al colectivo docente. Todo ello con la mirada puesta en los resultados del informe PISA 2025, que se harán públicos este mismo martes.
Tras firmar la peor participación, el día 8 de septiembre se sabrá si los estudiantes vascos han logrado superar el bajón del Informe PISA 2022 o si se mantiene la tendencia a la baja de la última década en la prestigiosa evaluación internacional que la OCDE realiza cada dos años para conocer el nivel académico del alumnado de 15 años de 90 países. Otra de las incógnitas que se deberá desvelar más temprano que tarde es si el Departamento de Educación y Euskal Herriko Unibertositatea (EHU) terminarán moviendo ficha y remitirán a los institutos pautas renovadas para la PAU 2027, tras comprometerse a calibrar los parámetros de corrección después de la tormenta de los ceros en Euskera y la caída de las notas medias, sobre todo en varias asignaturas de ciencias, seguidas de Historia.
¿Cambios en la PAU?
A día de hoy, lo único seguro sobre la selectividad 2027 es que la implantación del examen por competencias (menos memorístico) avanzará de forma progresiva hasta su total despliegue en 2028. Esto añadirá dificultad porque esta metodología es relativamente reciente en los institutos. Este escenario reaviva una realidad incómoda. Y es que bajo el nuevo modelo de la PAU, Euskadi acumula dos años consecutivos de notas a la baja. El problema de fondo radica en que el alumnado vasco compite en un distrito único universitario, donde sus calificaciones rivalizan directamente con las de estudiantes de otras comunidades autónomas que se examinan bajo criterios, estructuras y grados de dificultad completamente dispares. Pero este es el modelo que hay.
No obstante, en su entrevista de julio en este periódico, la consejera Begoña Pedrosa aseguró que su Departamento no puede hacer oídos sordos a la inquietud social sobre lo sucedido en la PAU. Su premisa era clara: si la sociedad percibe que el mecanismo de evaluación ha fallado o generado agravios, la Administración debe encajar esa crítica como una oportunidad real “para mejorar” la prueba. Pedrosa insistió en que, para mejorar el proceso de cara a las próximas convocatorias, hay que actuar en la carpintería fina del examen: homogeneizar los criterios de las rúbricas entre los correctores, pulir la coordinación con la EHU, etc. Ya se verá en qué se traduce ese compromiso, máxime cuando la Evaluación Diagnóstica 2026 acaba de constatar que tres de cada cuatro estudiantes vascos finalizan la ESO sin alcanzar el nivel de euskera mínimo que marca la Ley Vasca de Educación (B2).
Una FP de récord
Donde no parece haber atisbo de duda es en el motor de la Formación Profesional en Euskadi, que vuelve a pulverizar sus propios récords como la gran locomotora de la empleabilidad. Para este curso, el Gobierno Vasco oferta una cifra histórica de 74.963 plazas de FP —7.920 más que el año anterior, empujadas en más de un 76% por la red pública— para dar cobertura a un modelo que presume de rozar el 90% de inserción laboral. Presentada por Educación como la principal “palanca de transformación económica y social”, la FP vasca está respaldada por la alianza con más de 20.000 empresas.
Por primera vez, se ha reservado el 50% de las plazas a mujeres en todas las cuotas de acceso. Una medida de choque con la que el Departamento pretende romper el techo de cristal histórico en áreas industriales y tecnológicas como Fabricación Mecánica, Electricidad o Mantenimiento, que aglutinan las mejores oportunidades salariales pero donde la presencia femenina continúa siendo residual. La apuesta pedagógica se completa con el estreno de dobles grados, la ampliación de itinerarios integrados para frenar el abandono escolar y el refuerzo de las pasarelas que ya permiten convalidar hasta 66 créditos universitarios. Aun así, esta sintonía con el mercado laboral exige un esfuerzo continuo por parte del tejido empresarial. Desde la asociación de centros Hetel piden a las compañías más “altruismo” a la hora de acoger y contratar a estudiantes en prácticas. La patronal de los centros concertados insta a las organizaciones a abrir sus puertas incluso cuando no tengan necesidades inmediatas de contratación, entendiendo que acoger estudiantes es una inversión a medio plazo para la sostenibilidad de los propios sectores y para afrontar el preocupante relevo generacional.
Igualdad de oportunidades
“La red concertada será totalmente gratuita”. Han pasado cuatro años desde que el exconsejero de Educación, Jokin Bildarratz, lanzara esta promesa en pleno proceso de tramitación de la Ley Vasca de Educación. La Ley 17/2023 consagró sobre el papel la garantía de gratuidad en las etapas obligatorias, prohibiendo de forma explícita que los colegios concertados cobren cuotas por actividades curriculares. Eso dice la norma, pero la factura mensual que siguen afrontando las familias de la concertada refleja una realidad distinta. Para cerrar esa distancia entre el papel y las aulas, el Departamento de Begoña Pedrosa situará en el centro de su agenda la tramitación del Decreto de Gratuidad. La futura norma busca fijar un marco jurídico transparente que concrete qué partidas entran en la enseñanza gratuita y desglose con precisión los costes ordinarios, cerrando el paso a las cuotas no autorizadas para blindar el carácter universal de la red pública y concertada. Como respaldo económico a este blindaje normativo, Educación desplegará la mochila escolar (eskola motxila), una asignación presupuestaria directa y permanente ligada al alumnado vulnerable. Este fondo llegará directamente a los centros para financiar el comedor, el transporte, las salidas pedagógicas, el material didáctico y los recursos digitales, evitando que las barreras económicas deriven en exclusión o discriminación escolar. Ambos elementos son parte de Eskola Bikaina Denontzat, acordado el pasado mes de junio por Educación junto a un centenar de agentes educativos, sociales e institucionales.
Equilibrio entre redes
El documento sitúa en el centro de las prioridades el reparto equitativo del alumnado, una urgencia motivada por las disparidades socioeconómicas y culturales entre la red pública y la concertada, así como por la marcada polarización entre zonas y barrios. Si bien las medidas recientes –como la reserva obligatoria de plazas y la reestructuración por zonas escolares– ya arrojan resultados positivos en las etapas tempranas, equilibrando progresivamente las aulas de 2 y 3 años en municipios como Eibar, Urretxu o Amurrio y evitando la concentración en colegios específicos, el mapa vasco de la vulnerabilidad sigue reflejando profundos desequilibrios según la densidad urbana. Focos urbanos con altas tasas de vulnerabilidad en el primer acceso –como Sestao, que registra un 34,25% a los dos años; la Zona 1 del centro de Vitoria-Gasteiz, con un 33,12%; o el distrito bilbaíno de Ametzola-Iralabarri-Errekaldeberri, con un 32,26%– contrastan fuertemente con las métricas de áreas con mayor renta media. Es el caso de Getxo, cuyas cifras oscilan entre el 2,7% y el 5,7%, o de los barrios donostiarras de Erdialde y Mendebalde, situados entre el 3,45% y el 4,55%. A esta brecha se añade una dificultad estructural a lo largo del itinerario académico: el conocido como efecto escalera. A pesar de los avances en Infantil y Primaria, el equilibrio entre redes se debilita a medida que los estudiantes avanzan hacia la ESO y el Bachillerato. Esta descompensación paulatina exige al Departamento revisar las ratios y reforzar los recursos de apoyo pedagógico para prevenir la formación de bolsas de exclusión en los centros públicos de ESO.
Blindaje de la autoridad docente
Junto a las medidas de choque socioeconómico, la gestión interna de los centros vivirá una transformación mediante el despliegue del nuevo Decreto de Convivencia Positiva. Tal y como ha adelantado este periódico, Educación está elaborando una norma que elevará el estatus formal del profesorado reconociendo expresamente su autoridad pública. Entre sus principales novedades destaca la concesión de presunción de veracidad a las actas, partes de incidencia e informes elaborados por el personal docente. Asimismo, la Administración asegurará asistencia jurídica garantizada y representación legal integral a los profesores ante cualquier agresión, coacción o amenaza verbal o física derivada de su actividad lectiva. El decreto unificará además los protocolos de actuación ante el bullying y cyberbullying, homogeneizando las respuestas sancionadoras y reparadoras.
En el ámbito curricular, Educación pondrá en marcha la Orden de Proyectos Lingüísticos de Centro. La medida dotará a las comunidades educativas de las herramientas necesarias para diseñar planes propios ajustados a su realidad sociolingüística. El objetivo esencial es que las escuelas garanticen la adquisición de las competencias requeridas tanto en euskera como en castellano al concluir la ESO, asegurando que el euskera actúe como un motor de inclusión y cohesión social sin menoscabo del perfil plurilingüe del alumnado. La Evaluación Diagnóstica 2026 muestra una doble realidad en el aprendizaje del euskera. Mientras que la inmersión lingüística en Primaria logra un rendimiento sólido con más de un 24% del alumnado en la excelencia, en 4º de la ESO la competencia sufre una realidad preocupante. En el último curso de ESO, la franja intermedia de conocimiento cae drásticamente y dispara hasta el 30,3% el porcentaje de estudiantes que finaliza la etapa obligatoria sin la solvencia lingüística necesaria, un deterioro influido por la falta de uso del idioma fuera de las aulas y marcado por una fuerte brecha de género a favor de las chicas.