Los interinos recurrirán ante la Comisión Europea la sentencia del Supremo

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La sentencia del Tribunal Supremo (TS) del pasado martes que permite hacer fijos solo a los empleados públicos que hayan superado una oposición sin obtener plaza por falta de puestos convocados, deja en la estacada a miles de interinos que llevan años encadenando contratos en la administración pública.

El abogado Javier Arauz de Robles, que representa a asociaciones de empleados públicos temporales, ha anunciado que denunciará ante la Comisión Europea el fallo del tribunal. A su juicio, vulnera el principio de igualdad y de no discriminación al no extender la fijeza a todos aquellos empleados públicos en abuso de temporalidad que hayan superado otro tipo de procesos selectivos, como apuntó el votó particular de un magistrado. Recuerda, este juez, que el Estatuto Básico del Empleo Público permite hacer fijos a trabajadores mediante un concurso de valoración de méritos, sin necesidad de opositar.

Arauz de Robles valora, en cualquier caso, que el TS aplique después de 25 años, aunque de forma parcial, la normativa europea al reconocer la fijeza para interinos y laborales en abuso que hayan superado un proceso selectivo sujeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad, aunque no obtuvieran plaza. Igualmente considera positivo que reconozca el derecho a una indemnización a aquellos empleados públicos que han ido encadenando contratos temporales de forma abusiva sin haber superado un proceso selectivo.

Además, apunta, es "un paso para adelante" porque "calla muchas bocas" que decían que la fijeza no era la solución al abuso de la temporalidad en las administraciones, aunque no la extienda a todos los empleados públicos que encadenan contratos temporales.

"Estoy convencido de que el TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) volverá a dar un varapalo importante en las nuevas sentencias a esta, de que la Comisión Europea continuará con el procedimiento de infracción (a España) porque no se va a considerar satisfecha con esta sentencia y de que el legislador tendrá que legislar cumpliendo el mandato de la Unión Europea y buscar una solución más equitativa y más justa de la que aporta esta sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo", dice.

Aviso de Bruselas

El procedimiento de infracción del que habla el abogado hace referencia al ultimátum dado al Estado español por Bruselas para cumplir con la normativa dirigida a reducir la temporalidad en el sector público y que expira formalmente el próximo 29 de junio.

La Comisión Europea mantiene abiertos dos expedientes a España por incumplir la directiva comunitaria sobre el trabajo de duración determinada. Uno por discriminación de los trabajadores temporales en el sector público frente a los fijos en sus condiciones laborales, lo que vulnera el principio de igualdad de trato y condiciones de trabajo, y un segundo por falta de protección suficiente contra el uso abusivo de sucesivos contratos de duración determinada, lo que deriva en la inexistencia de medidas sancionadoras disuasorias y efectivas. De mantenerse el incumplimiento, el Estado español se expone a una demanda ante el TJUE y a la consiguiente imposición de multas coercitivas y sumas a tanto de elevada cuantía.