Lasa y Zabala, 40 años sin reconocimiento del Estado

El asesinato de Joxean Lasa y Joxi Zabala, tolosarras de 20 y 21 años, inició la cruenta lista de víctimas mortales de los GAL, que culminó con la muerte de Juan Carlos García Goena, que nada tenía que ver con ETA, en julio de 1987 con una bomba lapa en su coche. Lasa y Zabala fueron secuestrados en Baiona el 15 de octubre de 1983, hoy hace 40 años, y ese modus operandi fue utilizado en la siguiente acción de los GAL, de nuevo con una víctima totalmente ajena a ETA, el industrial Segundo Marey, lo que demuestra que “tenían el concepto de secuestro perfectamente desarrollado”. 

Así lo afirmó el periodista de investigación Antonio Rubio esta semana en una charla en Bilbao, en la que estuvo acompañado de Pili Zabala, hermana de Joxi, y donde citó un documento secreto del 6 de julio de 1983 del Ministerio del Interior que, con el asunto Acciones en Francia, aseguraba que “la más aconsejable es la desaparición por secuestro”. El texto añadía que “todas las acciones están a expensas de quien está conduciendo la lucha antiterrorista en su conjunto”, por lo que volvía al origen, el Ministerio del Interior.

Los hechos conocidos son que Lasa y Zabala fueron conducidos al Palacio de la Cumbre en Donostia, donde fueron interrogados y torturados de forma brutal. Tomada la decisión de acabar con su vida, se les trasladó a un paraje de Alicante donde fueron asesinados a tiros y enterrados en un agujero que les obligaron a cavar a ellos mismos.

Este caso adquirió más notoriedad si cabe por lo rocambolesco de su resolución. Aquí juega un papel clave el agente de policía Jesús García, que a partir de informaciones leídas en la prensa sobre las actividades de los GAL, en 1995 ató cabos y pensó que unos restos localizados una década antes podían ser los de los dos jóvenes de Tolosa. La intervención del antropólogo forense Francisco Etxeberria fue a su vez crucial y en poco tiempo certificó que se trataba de Lasa y Zabala.

El largo proceso judicial se saldó con una pena total de 365 años de cárcel para los cinco condenados: el exgobernador civil de Gipuzkoa Julen Elgorriaga, el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, el teniente coronel Ángel Vaquero y los guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo Enrique Dorado y Felipe Bayo.

Sentencia ejemplarizante

Pili Zabala dijo el martes en el acto de Gogoan en Bilbao que fue “una sentencia ejemplarizante por los años de condena”, pero al mismo tiempo no lo fue porque en el fallo emitido el 26 de abril de 2000 por la Audiencia Nacional “no se reconoció el delito de tortura”. A ello se añade que “la ejecución penitenciaria no se cumplió”.

Entre las reivindicaciones de Zabala, destacada activista por los Derechos Humanos, está que el Código Penal español tipifique el delito de desaparición forzada y, sobre todo, que su hermano y Joxean Lasa sean por fin reconocidos como víctimas del terrorismo. En este sentido, apela a la presunción de inocencia y rechaza que se les califique a ambos como miembros de ETA.

Si bien siempre se ha apuntado a la famosa X que marca la cúspide de responsabilidad política al tanto de las acciones de los GAL, Antonio Rubio defiende que las equis son en realidad tres: una política, otra judicial y la última económica.

Un complejo entramado que posibilitó y amparó su actividad terrorista, y en el que en más de una ocasión se ha apelado a la “razón de Estado” para justificarla. Ante ello se han levantado voces como la del magistrado Javier Gómez de Liaño, que alegaba que “por delante está la razón de Justicia”. Justicia que sigue pendiente de ser plenamente satisfecha en el caso de Lasa y Zabala.