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El 88,9% de las agencias inmobiliarias constata incidencias en el mercado del alquiler habitual por parte de los pequeños propietarios tras las medidas contenidas en los decretos de vivienda aprobados por el Gobierno español, situando en 5.758 las operaciones afectadas por los cambios normativos, según refleja un estudio exprés realizado por la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI).
El informe, elaborado a partir de más de 600 agencias encuestadas en las principales capitales de provincia y ciudades del país, revela que la principal consecuencia de estas medidas ha sido la retirada de inmuebles del alquiler residencial habitual, señalada por el 78,1% de las inmobiliarias, con una media de 3,78 inmuebles por agencia.
A esto le sigue un freno en las firmas de alquiler, registrado por un 72,4% de las agencias, con una media de 2,75 contratos congelados, y un trasvase de propiedades hacia la compraventa, confirmada por un 56,6 % de las agencias (2,26 inmuebles de media) con un promedio de 2,26 inmuebles por agencia.
Así, el impacto sobre el "stock" disponible se acentúa con el desvío hacia otras modalidades de arrendamiento, detectado por un 38,9% de las agencias que observan el traspaso de ofertas hacia alquileres de temporada o por habitaciones, con una media de 1,76. Solo un 11,1% de las agencias asegura mantener su actividad sin cambios.
Casi 6.000 operaciones afectadas
En términos absolutos, los primeros datos recabados por FAI en los últimos diez días contabilizan un impacto directo sobre casi 6.000 operaciones (5.758), reflejando un impacto directo de 4.235 inmuebles retirados o desviados del arrendamiento residencial y 1.523 firmas bloqueadas.
En concreto, se han registrado 2.067 viviendas retiradas del mercado de alquiler habitual, 1.224 trasvasadas a la compraventa y 944 desviadas a otras modalidades de arrendamiento alternativo (de temporada o por habitaciones).
Ante este escenario de temor entre los pequeños propietarios, la federación proyecta que en las próximas semanas la caída en el volumen de operaciones de alquiler podría situarse entre el 25% y el 30%, debido tanto al freno de las firmas como a la retirada y desvío de inmuebles a otros usos.
Exclusión de pequeños propietarios
El presidente de FAI, José María Alfaro, ha manifestado comprender y compartir el malestar social y el clamor popular ante las dificultades de acceso a la vivienda, el sobreesfuerzo económico de los inquilinos y el drama de los desahucios, si bien ha alertado de que los recientes cambios normativos están teniendo "graves consecuencias".
Por una parte, advierte de que la caída o retraso en las firmas pone en riesgo el futuro de numerosas familias que se han quedado sin alternativa de arrendamiento.
Por otra parte, señala que las medidas no han tenido en cuenta a los pequeños propietarios al no concretar ni garantizar de forma completa la protección frente a impagos, la cual queda supeditada a un "laberinto de trámites burocráticos y de competencias entre administraciones".
Caída de hasta el 30%
Alfaro considera "arriesgado" el uso de la diputación permanente para ofrecer soluciones parciales en una materia "tan delicada y compleja", al estimar que supone incrementar la presión y legislar de forma precipitada en un mercado al límite.