La tensión sacude de nuevo al Gobierno de Sánchez pese a la marcha de Iglesias

Cuando Pablo Iglesias abandonó la vicepresidencia, hace más de cuatro meses, una mayoría dio por hecho que se aliviarían las tensiones en el Gobierno de coalición, que Pedro Sánchez podría dormir más tranquilo. El respiro, sin embargo, ha durado poco. Las diferencias entre Unidas Podemos y el PSOE en no pocas directrices políticas y en demasiados ámbitos, y las exigencias moradas de cara a la próxima negociación presupuestaria, han vuelto a complicar las relaciones. La autorización del Ejecutivo español de una opa parcial de Naturgy a un fondo australiano, el primer aniversario de la marcha del rey emérito, así como la ampliación de El Prat pactada en la Comisión Bilateral con la Generalitat, son cuestiones que en las últimas horas, y pese al mes en que nos encontramos, han recrudecido la distancia que separa a ambos partidos. Para más inri, otoño será el momento de concretar materias aún pendientes y firmadas en su acuerdo de gobernabilidad: la regulación de los alquileres de viviendas, extensión a más personas del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o el aumento de la presión fiscal, principalmente a las grandes fortunas y la banca.

La mecha la encendió el martes la nueva secretaria general de Podemos, y ministra de Asuntos Sociales, Ione Belarra, cuando publicó varios tuits en los que consideraba que "la huida de Juan Carlos I supone, a todas luces, una grave anomalía democrática en España que produce un enorme descrédito de las instituciones". De paso atacaba a los socialistas por torpedear la creación de una comisión de investigación sobre las actividades "presuntamente ilícitas de la Corona". Ayer mismo, y en la misma red social, la fuerza morada se valió del pacto para ampliar el aeropuerto barcelonés para prender aún más la llama: "No es una decisión correcta. Estamos ante una emergencia climática y la Ley de Cambio Climático debe afectar a todos los sectores. No podemos hacer políticas en contra de esas decisiones". El fuego se acrecentó con sus reproches por la venta de un 22% de Naturgy a un fondo extranjero con residencia en las islas Caimán. "Una pésima noticia. Perdemos soberanía. Nuestro objetivo como Estado debe ser garantizar derechos por encima de cualquier interés económico de una empresa extranjera", plasmó Podemos.

En el cuerpo a cuerpo no se visualizan los frecuentes choques que generaba Iglesias desde su cargo, y todo apuntaba a que con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como referente, más reflexiva y pausada, y con Belarra sería más fácil el entendimiento. La navarra no duda en emplear un tono duro para azotar a la oposición e incluso a sus socios aireando las discrepancias; y la gallega, que no es militante como tal de Podemos, ejerce de contrapeso, proclive a la moderación y el diálogo, firmando numerosos consensos con los agentes sociales porque, como asevera ella, "la buena política es la de las pequeñas cosas". Pero el guion morado no se fue por el desfiladero. Belarra desea teñir al Gobierno del cariz republicano, feminista, ecologista e izquierdista de Podemos, mirando a los próximos Presupuestos con el fin de que sean más sociales. Otra cosa es que desde la vertiente socialista eviten replicarla. "Pone tantos tuits que prefiero no comentar ninguno", le respondió ayer miércoles la ministra de Defensa, Margarita Robles.

perfil económico y social

Podemos necesita marcar perfil económico y liderar la agenda social. Por ahora, ha doblegado a los socialistas en dos asuntos: la subida del SMI y la prórroga del escudo social. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, abrió la puerta a retomar las negociaciones para subir el salario mínimo este año tras meses de tira y afloja con Díaz; además, la protección a los más vulnerables se ha ampliado hasta el 31 de octubre tras vincular la prórroga de este decreto al voto favorable al anteproyecto de ley de los Presupuestos de 2022. Con todo, los escollos se sucederán en varias direcciones. En el ala socialista, Calviño y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defenderán su oposición a la reforma fiscal hasta 2022, una vez se asiente la recuperación económica, mientras que Díaz y Belarra reclamarán que, tras el consenso internacional de la OCDE, se establezca ya una tributación mínima del 15% para las corporaciones en el Impuesto de Sociedades, y del 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos. Los morados lucharán por elevar el IRPF para ingresos de más de 130.00 euros y cuatro puntos para quien exceda los 300.000 euros. Asimismo, siguen tratando de convencer al PSOE de la necesidad de luchar contra el dumping fiscal en Madrid.

En la otra pata se halla la ley futura de vivienda, que se retrasa, según el plan normativo, desde el pasado octubre. Aún no hay acuerdo pese a la primera toma de contacto con el equipo de la nueva ministra de Transportes, Raquel Sánchez, para tratar de desbloquear la normativa para que se incluya la regulación del precio de los alquileres y posibilitar rebajas en los precios en las zonas poblacionales más tensionadas. Podemos entiende que la futura ley de vivienda no saldrá adelante sin estos requisitos, lo que pone en riesgo el avance de las Cuentas de 2022, esenciales para continuar recibiendo los fondos europeos. Por otro lado, proponen reducir la jornada laboral de ocho horas para mejorar la conciliación y los cuidados.

La sima en la coalición, lejos de ser empequeñecida, crece y, a todas luces, se hace de nuevo evidente.