La nueva adjudicación de Irunbus entra "en la recta final"

Actualizado hace 4 minutos

La nueva adjudicación del servicio de Irunbus a la empresa Semura Bus S.L. ha entrado “en la recta final de una situación contractual”. Así lo ha afirmado el delegado de Movilidad Sostenible, Sergio Javier, cuestionado por los medios de comunicación en la visita a las obras del nuevo aparcamiento de Belartza.

Sergio Javier ha afirmado que “nosotros queremos que la empresa firme”, mostrándose “prudente, ya que hasta que la empresa no se pronuncie, creo que tenemos que ser cautelosos”. No obstante, sí ha señalado que “estamos en la recta final de la situación, y creo que será cuestión de días”.

Un recurso ha prolongado la situación

Hace un mes, el Ayuntamiento de Irun exigió a Semura Bus S.L. la firma del contrato en cinco días. Sin embargo, debido a un recurso la situación se ha prolongado a lo largo de todo el mes de octubre. Esta empresa, con sede en Zamora, debería ser la encargada de poner en marcha la nueva línea L5, así como de ampliar la frecuencia del Gautxori en Irun.

A principios de septiembre, la alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, aclaró que la demora contractual se debe a un conflicto judicial ajeno al Consistorio. La primera edil detalló que los litigios son “entre la empresa que actualmente presta el servicio y la parte laboral”. A raíz de este problema, ajeno también a Semura, la nueva adjudicataria solicitó “garantías respecto a esta situación y a la posible situación que derive de sentencias judiciales”.

"Corresponde prestar el servicio"

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudiaron dichas reclamaciones y concluyeron que la institución “no se puede posicionar” mientras no exista una sentencia firme. Asimismo, los informes jurídicos establecen que “lo que corresponde es firmar el contrato y prestar el servicio”, motivo por el cual se exigió a la empresa que formalizara el acuerdo en este plazo de cinco días.

Si Semura decidiera finalmente no firmar, se pondría en marcha “el procedimiento sancionador relativo al incumplimiento de un contrato”. Esto obligaría a reiniciar el proceso de licitación, lo que provocaría un retraso aún mayor en la prestación de los nuevos servicios. El valor de la adjudicación, con una duración de 20 meses, asciende a 3,4 millones de euros.