"La inmigración es estructurante de la Euskadi futura"

Xabier Aierdi (Zeberio, 1957) rechaza interpretar lo ocurrido en Ceuta únicamente como una crisis migratoria y sitúa el episodio en un escenario geopolítico más amplio, marcado por el papel de Marruecos y la externalización de las fronteras europeas. Doctor en Sociología, fundador del Observatorio Vasco de Inmigración Ikuspegi y presidente de la Fundación Begirune, defiende que Euskadi cuenta con experiencia y capacidad para afrontar la acogida, pero advierte de que las principales carencias aparecen después: en el acceso a la vivienda, el empleo y la educación. A su juicio, la inmigración no solo resulta imprescindible para la sociedad vasca actual, sino que determinará su composición y cohesión futuras.

¿Qué revela lo ocurrido en Ceuta sobre el modelo actual de gestión migratoria y sobre la capacidad de anticipación ante episodios de llegadas masivas?

Lo ocurrido en Ceuta oculta más de lo que aclara sobre la actual gestión migratoria, porque responde mucho más a un hecho inducido que a un flujo migratorio propiamente dicho. Todo apunta a que uno o varios actores —entre ellos, probablemente, el Gobierno marroquí, quizá con el respaldo o la connivencia de otros gobiernos— tuvieron un peso decisivo en el desencadenamiento de los acontecimientos, por encima incluso de la voluntad de las propias personas potencialmente migrantes. Conviene recordar un principio fundamental de los procesos migratorios: no migra quien quiere, sino quien puede. ¿Por qué, entonces, este episodio contribuye a ocultar la realidad? Porque presenta como un flujo migratorio ordinario lo que, en realidad, constituye un acontecimiento excepcional, tanto por sus dimensiones como por las circunstancias en las que se produjo. Por ello, resulta poco adecuado seguir calificándolo simplemente como una «crisis migratoria». Sería más preciso hablar de un hecho inducido de profundo alcance geopolítico. Basta observar la magnitud y el carácter internacional de las reacciones que provocó para comprender que su significado trasciende ampliamente el ámbito estrictamente migratorio.

¿Debe interpretarse como una emergencia puntual vinculada a la frontera con Marruecos o como la expresión de un fenómeno estructural que exige respuestas estables?

La migración, en cuanto fenómeno estructural, requiere respuestas estables, sostenidas y con una perspectiva de largo plazo. Confío en que Euskadi continúe avanzando en esa dirección. Lo ocurrido en Ceuta, sin embargo, trasciende el ámbito estrictamente migratorio. Nos encontramos ante un conflicto de naturaleza geopolítica inducido por Marruecos, enmarcado en objetivos estratégicos de mayor alcance: la consolidación de su posición sobre el Sáhara Occidental y, probablemente, también sus históricas reivindicaciones sobre la soberanía de Ceuta y Melilla. Todo ello debe analizarse, además, teniendo en cuenta las alianzas políticas de Marruecos y la posición que adoptan distintas potencias y países, tanto europeos como de otros ámbitos. Por eso, conviene dejar de mirar el dedo y dirigir la atención hacia la luna. El verdadero reto no está únicamente en el episodio migratorio visible, sino en las dinámicas geopolíticas que lo explican y le dan sentido. Y la metáfora resulta especialmente oportuna ahora que estamos en tiempo de eclipse.

El debate suele concentrarse en el control fronterizo y la seguridad. ¿Qué dimensiones sociales y humanas quedan fuera cuando el análisis se limita a esos dos enfoques?

Reducir la cuestión migratoria al ámbito de la seguridad, y hacerlo además tomando como referencia únicamente un episodio concreto, constituye un error de gran calado. Si aspiramos a una perspectiva verdaderamente integral, capaz de trascender lo sucedido en Ceuta, es imprescindible incorporar al análisis la comprensión de los procesos migratorios, sus causas, su carácter estructural y las políticas necesarias para gestionarlos de manera sensata y eficaz.

¿Cómo hay que abordar esos procesos?

Tras el imprescindible proceso de acogida, deben articularse con rigor políticas de integración que hagan posible una incorporación real y efectiva a la sociedad: acceso a un empleo digno y adecuadamente remunerado, posibilidades reales de acceder a una vivienda y una enseñanza pública de calidad que favorezca la movilidad y el ascenso social. Estas políticas, además, no deben entenderse como medidas destinadas exclusivamente a la población migrada. Son políticas necesarias para el conjunto de la sociedad.

¿Por qué?

Avanzamos hacia un modelo social en el que crecen la incertidumbre, la inseguridad vital y la desconfianza mutua. Y cuando una sociedad permite que esas dinámicas se consoliden, no solo deteriora la convivencia: está creando las condiciones para crisis sociales mucho más profundas.

Traslados, acogida y menores

Una vez superada la primera respuesta de emergencia, ¿cuáles deberían ser las prioridades para las personas que permanecen en Ceuta o son trasladadas a otros territorios?

Las personas que permanezcan serán probablemente trasladadas a otros territorios, porque al Reino de Marruecos parecen importarle poco como sujetos de derechos y demasiado como instrumento de presión política. Un régimen debería preguntarse por qué una parte de su propia población desea abandonarlo. Sin embargo, el régimen alauí las deja en una situación de enorme vulnerabilidad, con problemas especialmente graves en el caso de los menores y ante las numerosas denuncias relacionadas con distintas formas de violencia, incluida la violencia sexual. A ello se suma la profunda contradicción de la política europea. Por un lado, la Unión Europea externaliza buena parte del control de sus fronteras mediante acuerdos con terceros países como Marruecos, Argelia, Libia o Turquía. Marruecos actúa, en ese sentido, como una suerte de «portero de discoteca» de la UE: controla quién puede aproximarse a la frontera europea y en qué condiciones, a cambio de financiación, cooperación económica y acuerdos de interés mutuo. Los acuerdos alcanzados y renovados en los últimos años han consolidado ese papel de Marruecos como pieza central de la política migratoria europea, al tiempo que han favorecido importantes intercambios económicos y oportunidades para grandes empresas, incluidas firmas españolas. Queda además una cuestión de enorme relevancia política: esclarecer qué se negoció y qué factores condujeron al cambio de posición de España respecto al Sáhara Occidental y al reconocimiento, en la práctica, de un mayor protagonismo marroquí en la gestión de ese territorio. Son cuestiones vinculadas a decisiones de Estado cuyas claves completas rara vez llegan a conocerse públicamente. Y es precisamente ahí donde se encuentra una parte esencial del análisis. Más allá de los episodios visibles en la frontera, lo fundamental reside en las relaciones diplomáticas, los acuerdos económicos, los equilibrios geopolíticos y las decisiones estratégicas que determinan, en buena medida, cómo se gestionan los movimientos migratorios y qué papel desempeñan en ellos los distintos Estados.

¿Con qué criterios deberían organizarse los traslados entre comunidades autónomas para que no se conviertan en un simple reparto de cupos?

Hay una propuesta ya elaborada sobre cómo deberían articularse los traslados y el reparto de menores migrantes sin referentes familiares. Me refiero al modelo de distribución solidaria, trabajado, entre otras personas, por Gemma Pinyol, junto con el canario, promovido activamente también desde el Gobierno Vasco. La dificultad principal para el Gobierno español reside en establecer un sistema de cupos que pueda aplicarse de manera efectiva y que responda a criterios objetivos, como la población, el PIB, el desempleo, el esfuerzo previo de acogida o la solidaridad territorial. Ahora bien, cualquier mecanismo de distribución debe partir de un principio jurídico fundamental: el interés superior del menor. No estamos hablando simplemente de repartir cifras entre territorios, sino de adoptar decisiones que afectan a niños y adolescentes cuyos derechos deben constituir el fundamento de cualquier actuación administrativa o política. Desde una perspectiva pragmática, habría que avanzar en dos direcciones. En primer lugar, establecer un sistema de cupos claro, equilibrado y solidario entre territorios, basado en criterios previamente acordados. En segundo lugar, garantizar que, una vez realizado el traslado, estas personas sean acogidas y atendidas ante todo conforme a su condición jurídica y personal de menores, con todos los derechos, garantías y mecanismos de protección que ello implica.

¿Cómo deberían coordinarse el Gobierno central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las entidades sociales para evitar vacíos o duplicidades en la atención?

La respuesta debe partir de un principio básico: priorizar y garantizar la dignidad humana, haciendo que cada nivel institucional asuma las responsabilidades que le corresponden y preserve los derechos que está obligado a proteger. Esta gestión solo puede articularse de manera escalonada, en cascada, desde el ámbito estatal hasta el autonómico, foral y local.

También desde Euskadi.

El problema es que los cupos asignados a la Comunidad Autónoma Vasca no siempre se distribuyen internamente de acuerdo con criterios equilibrados. En ese contexto, Bizkaia y, de manera particular, Bilbao suelen soportar una carga superior a la que les correspondería. No se trata tanto de un problema de duplicidades administrativas —aunque puedan existir— como de asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones de cada institución y, en definitiva, del deber de garantizar una acogida adecuada. Habrá quien se pregunte cuál es el volumen máximo que puede gestionarse. No tengo una respuesta cerrada a esa cuestión, porque prefiero situar el análisis en otro plano: estamos ante procesos que, nos gusten más o menos, van a producirse y que, por tanto, deben ser afrontados y gestionados.

¿Qué es lo prioritario?

La cuestión fundamental no es únicamente cuántas personas pueden llegar, sino cómo se organizan los recursos, las responsabilidades y las políticas necesarias para responder adecuadamente. Hasta ahora, Euskadi ha asumido esa responsabilidad y considero que seguirá haciéndolo. Tanto el Gobierno Vasco como las Diputaciones vienen señalando desde hace tiempo que Euskadi acoge un volumen de personas considerablemente superior al que le correspondería atendiendo exclusivamente a su peso poblacional. Esa realidad, junto con otros factores, ayuda precisamente a entender la formulación de Euskadi como frontera norte: no solo como un territorio de tránsito, sino también como un espacio que soporta una parte significativa de las necesidades de acogida y gestión derivadas de los movimientos migratorios hacia el norte de Europa. 

En el caso de los menores no acompañados, ¿cómo se puede compatibilizar la protección inmediata, el interés superior del menor y el estudio individual de alternativas como la reagrupación familiar o la acogida?

En primer lugar, debe priorizarse la protección inmediata y el interés superior del menor. Ese es el principio que debe orientar cualquier actuación; todo lo demás forma parte de un proceso posterior. La acogida significa, ante todo, protección, garantía de derechos y creación de unas condiciones mínimas de seguridad y estabilidad.

¿Es posible una reagrupación familiar?

Esa es una cuestión más compleja. De hecho, entre muchos de estos menores que terminan incorporándose a nuestros sistemas de inserción social y laboral existe una preocupación constante por sus familias de origen. Una vez comienzan a disponer de algún ingreso, aunque sea modesto, una de sus prioridades suele ser enviar parte de lo que consiguen ahorrar para ayudar a sus familiares y para traer a sus madres. Es la reagrupación inversa. A ello se suma con frecuencia el deseo de regresar temporalmente para visitar a su madre tan pronto como las circunstancias se lo permiten. Y, cuando sus procesos de inserción social y laboral se han consolidado y han alcanzado una cierta estabilidad, puede aparecer también la aspiración de facilitar su reagrupación familiar. Todo ello recuerda que detrás de la categoría administrativa de 'menores migrantes' existen trayectorias personales y familiares que no desaparecen con la llegada, y que deben ser tenidas en cuenta a lo largo de todo el proceso de integración.

Ante propuestas de crear centros específicos para personas pendientes de expulsión, ¿qué pueden resolver estas medidas y qué riesgos sociales o de derechos plantean?

Toda la orientación reciente de la política migratoria europea, especialmente la plasmada en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, resulta profundamente preocupante. Europa atraviesa un mal momento político y todo indica que esta tendencia puede intensificarse en los próximos años. El Roto lo resumió hace tiempo con una fórmula especialmente certera: «O Europa sin fronteras o fronteras sin Europa». Hoy parece imponerse claramente la segunda opción. Basta observar algunas de las propuestas promovidas por distintos gobiernos europeos para comprobar hasta qué punto se está consolidando una política basada en la contención, la externalización de fronteras y el endurecimiento práctico y retórico. El problema es que muchas de estas medidas no solo resultan inhumanas, sino también difícilmente aplicables. Se anuncian como respuestas contundentes a la inmigración, pero con frecuencia descansan sobre una premisa equivocada: que los flujos migratorios pueden comprenderse únicamente desde el lugar de origen y contenerse mediante barreras cada vez más severas. Sin embargo, quien conozca mínimamente los procesos migratorios sabe que las sociedades receptoras desempeñan un papel decisivo en la generación y selección de esos flujos. Las inmigraciones responden también a nuestras propias necesidades de población y de mano de obra. Son las sociedades de llegada las que, mediante sus mercados laborales, sus estructuras demográficas y sus políticas, terminan favoreciendo determinados flujos y seleccionando, directa o indirectamente, tanto los lugares de procedencia como los perfiles de quienes migran. Si atendemos a las actuales dinámicas demográficas de Europa y de Euskadi, deberíamos abandonar buena parte de la retórica sobre el 'invierno demográfico', el reto poblacional o la supuesta preservación de la cultura europea y comenzar a analizar con rigor qué necesidades reales tendremos en las próximas décadas. A partir de ahí, lo sensato sería diseñar políticas coherentes con esa realidad, en lugar de invertir recursos en instalaciones de contención o dispositivos cuasi penitenciarios situados en terceros países.

¿Cree que la UE está perdiendo su rumbo ético en la gestión de la inmigración?

La actual Unión Europea se está alejando de algunos de los principios humanistas que inspiraron su construcción. Y uno de los mayores errores que puede cometerse ante el crecimiento de discursos xenófobos o racistas es intentar neutralizarlos asumiendo parcialmente sus marcos y endureciendo progresivamente las propias posiciones. La xenofobia no se combate incorporando pequeñas dosis de xenofobia al discurso institucional, ni generando espacios, explícitos o implícitos, de impunidad. Precisamente por eso el papel de las instituciones es decisivo. Cuando disminuye el impulso institucional, cuando se renuncia a explicar la complejidad de los procesos y a ofrecer horizontes claros, aumenta la incertidumbre social. Y las sociedades sometidas a una incertidumbre prolongada pueden terminar buscando certezas en respuestas simplistas, excluyentes o autoritarias. Frente a ello, lo que necesitamos son instituciones capaces de proporcionar seguridad, conocimiento y perspectiva, porque las personas necesitamos certidumbre, pero esa certidumbre debe construirse sobre derechos, cohesión social y una comprensión realista de los procesos migratorios.

La respuesta de Euskadi

¿Está Euskadi preparada para recibir a personas trasladadas desde Ceuta? ¿Cuáles son hoy las principales fortalezas y carencias de su sistema de acogida?

No y sí; sí y no. Puede llegar a darse un volumen que resulte muy difícil de gestionar, incluso impracticable en determinados momentos, pero eso no exime de la obligación de afrontarlo. Debe hacerse porque es lo digno, porque responde a un principio elemental de humanidad y porque, sencillamente, es lo que corresponde. Euskadi cuenta, además, con importantes fortalezas para hacerlo. La principal es su dilatada experiencia en este ámbito. Durante años ha sabido abordar la acogida en colaboración con las entidades del tercer sector, generando conocimiento, redes de trabajo y capacidades institucionales que constituyen una base muy sólida para seguir respondiendo con rigor.

¿Qué carencias tiene el sistema?

Las principales carencias no están tanto en la acogida inicial como en los procesos posteriores de integración. Ahí es donde debe concentrarse buena parte del esfuerzo. No basta con recibir; hay que crear las condiciones para que las personas puedan incorporarse plenamente a la sociedad. Eso exige garantizar la inclusión sociolaboral de la población migrada, conectándola además con las necesidades reales de la sociedad vasca. Si se hace bien, la integración no debe entenderse como una relación unilateral, sino como un proceso de beneficio mutuo: la población migrada encuentra oportunidades para desarrollar un proyecto de vida digno y Euskadi refuerza su capacidad para responder a sus necesidades demográficas, laborales y sociales...

¿Qué papel deberían asumir los municipios vascos y las entidades del tercer sector en esa respuesta?

Los municipios y las entidades del tercer sector ya están implicados, aunque con distintos grados de intensidad, y deben seguir desempeñando un papel fundamental. La clave, sin embargo, está en que el Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los propios municipios sean capaces de articular una respuesta conjunta, solidaria y coordinada. No se trata de que cada institución actúe de manera aislada, sino de construir un sistema compartido de responsabilidades, recursos y criterios de actuación. Una política de acogida e integración eficaz exige precisamente esa cooperación interinstitucional, complementada por la experiencia y la capacidad de intervención de las entidades del tercer sector. En definitiva, la respuesta debe ser mancomunada: cada nivel institucional asumiendo las competencias que le corresponden, pero dentro de una estrategia común que evite desequilibrios territoriales, distribuya adecuadamente los esfuerzos y garantice una atención coherente en el conjunto de Euskadi.

¿Dónde se encuentran los principales cuellos de botella: vivienda, empleo, escolarización, aprendizaje de las lenguas, atención sanitaria o regularización administrativa? 

Los principales cuellos de botella de la integración se encuentran en tres ámbitos: la escolarización, la vivienda y el empleo. Pero estos no son únicamente ejes de integración para la población migrada; son, en realidad, los grandes mecanismos de integración social para el conjunto de la ciudadanía. En ese sentido, la inmigración funciona siempre como un espejo que refleja las fortalezas y las carencias de la sociedad de llegada.

¿Cómo esta evolucionando la sociedad vasca en este ámbito?

La experiencia vasca de los años sesenta del siglo pasado resulta especialmente ilustrativa. En apenas dos décadas, entre los años sesenta y ochenta, Euskadi recibió un volumen de población muy elevado y fue capaz de desarrollar un proceso de integración de enorme alcance. La sociedad vasca actual es, en buena medida, resultado de aquella transformación. Del mismo modo, la Euskadi de los años sesenta de este siglo será consecuencia de cómo sepamos gestionar los procesos demográficos, sociales y migratorios que estamos viviendo ahora. Aquella integración fue posible porque existieron condiciones materiales que favorecieron el ascenso social: empleos relativamente estables y bien remunerados, acceso a la vivienda y un sistema educativo que permitió que los hijos e hijas de muchas familias trabajadoras llegaran a la universidad. Ese es, en esencia, el mecanismo que deberíamos ser capaces de reproducir hoy, adaptándolo a las condiciones actuales. Suelo recurrir a una idea del sociólogo Luis Enrique Alonso que sintetiza bien esta cuestión: sobre un empleo débil no puede construirse una sociedad fuerte. El empleo fue decisivo entonces y sigue siéndolo ahora. Pero a ello se añaden dos problemas crecientes: una vivienda cada vez más inaccesible y un sistema educativo que, en muchos casos, no está cumpliendo suficientemente su función como instrumento de igualdad y movilidad social.

¿Ese es el desafío que afronta Euskadi?

El verdadero reto consiste en garantizar nuevamente las posibilidades de ascenso social. No basta con lamentar que la meritocracia esté deteriorada o que los mecanismos tradicionales de movilidad hayan dejado de funcionar. Si determinados procesos reproducen privilegios y desigualdades, habrá que transformarlos y construir nuevas estructuras de igualdad, solidaridad y redistribución de oportunidades. Ahí se encuentra, en última instancia, el núcleo del desafío. No se trata únicamente de afrontar la inmigración, sino de decidir qué tipo de sociedad quiere ser Euskadi: una sociedad capaz de integrar, ofrecer oportunidades y garantizar una vida digna, o una sociedad crecientemente fragmentada por la desigualdad. El reto migratorio es, en ese sentido, inseparable del reto de construir una Euskadi social, cohesionada y digna.

Integración y convivencia

¿Qué peso tienen los prejuicios sobre inmigración y acceso a ayudas como la RGI en la convivencia? ¿Cómo pueden contrarrestarse con datos y políticas públicas?

Pues, desgraciadamente, el impacto puede ser muy grande y muy negativo. La inmigración ocupa hoy un espacio desproporcionado en la agenda social y política, muy superior al que justificarían los datos. A escala mundial, la población migrante representa en torno al 3% de la población, unos 300 millones de personas, mientras que en 2025 se registraron alrededor de 1.520 millones de llegadas turísticas internacionales. Francia recibió unos 102 millones de turistas y España, aproximadamente 96,8 millones. Es muy probable, además, que España se sitúe próximamente como primer destino turístico mundial. Esta comparación permite dimensionar hasta qué punto determinados discursos magnifican la inmigración como problema. En estos momentos, si la población inmigrante desapareciera, Euskadi —y, por extensión, España y buena parte de Europa— sufriría una paralización inmediata en numerosos sectores. Basta observar la composición de muchas selecciones nacionales de fútbol para entender hasta qué punto las sociedades europeas son ya sociedades diversas. En el caso vasco, además, la inmigración realiza una aportación económica y social muy superior a los recursos que se destinan específicamente a su atención. Lo que difícilmente puede sostenerse en el tiempo es un modelo en el que una parte importante de la población inmigrante permanezca empobrecida mientras sostiene actividades imprescindibles para el funcionamiento cotidiano de la sociedad: los cuidados, la hostelería y buena parte de los empleos del sector servicios, entre otros. No se puede pretender que quienes desempeñan funciones esenciales continúen haciéndolo con salarios insuficientes y con enormes dificultades para acceder a una vivienda digna o desarrollar un proyecto de vida estable.

¿Qué le depara el futuro a Euskadi?

Euskadi tiene ante sí dos grupos particularmente expuestos al empobrecimiento futuro: una parte significativa de la juventud y una parte relevante de la población inmigrada. Podemos ignorarlo durante un tiempo, pero las consecuencias terminarán apareciendo. La cuestión no es únicamente social, sino también demográfica y económica. La población de origen extranjero representa ya alrededor del 15% de la población vasca y desempeña un papel fundamental en el mantenimiento demográfico de una sociedad con saldo vegetativo negativo. Entre los 25 y los 40 años, aproximadamente una de cada tres personas es de origen extranjero, y esta población supone también una parte muy relevante de los nacimientos. Por tanto, no estamos hablando únicamente de una población estructural para la Euskadi actual, sino de una población claramente estructurante de la Euskadi del futuro. Sin embargo, los discursos políticos y sociales no siempre evolucionan al mismo ritmo que la realidad. Cuando las percepciones permanecen ancladas pese a la evidencia disponible, corresponde a las instituciones asumir el liderazgo. No basta con gestionar la inmigración: es necesario explicar la realidad, anticipar sus consecuencias y construir las condiciones sociales, laborales y educativas que permitan que esta nueva composición de la sociedad vasca se traduzca en cohesión y no en desigualdad.

Si hubiera que extraer una lección de esta crisis para Euskadi, ¿qué debería cambiar para pasar de la reacción ante emergencias a una política migratoria estable y sostenida?

En primer lugar, no estamos ante una crisis migratoria en sentido estricto, sino ante una situación excepcional y profundamente preocupante por sus consecuencias: personas migrantes desamparadas y una población local temerosa, concentradas en un espacio reducido. Esa combinación genera unas condiciones especialmente propicias para el conflicto, sobre todo cuando determinados actores políticos contribuyen a exacerbarlo en lugar de ofrecer respuestas. Hay partidos que parecen aportar más combustible que soluciones. Y la pregunta es inevitable: ¿qué propuestas reales tienen para afrontar retos estructurales mucho más profundos, como el cuidado de la generación del baby boom, cuyas consecuencias sociales, económicas y asistenciales alcanzarán toda su magnitud durante los próximos veinticinco años? La enseñanza fundamental es que siempre es preferible anticiparse a los problemas que verse obligado a reaccionar cuando estos ya han adquirido una dimensión difícilmente manejable.

¿Cuál debería ser la estrategia a largo plazo para afrontar con éxito el reto de la inmigración?

Euskadi debe seguir comportándose como una sociedad seria, cohesionada y responsable, como en buena medida lo ha hecho hasta ahora. Para ello resulta esencial preservar una cultura política y una textura moral construidas históricamente sobre tradiciones como la democracia cristiana y la socialdemocracia, que han contribuido de forma decisiva a su estabilidad y a su modelo de bienestar. Al mismo tiempo, Euskadi debe afrontar de manera permanente sus grandes retos estructurales, demográficos, culturales y lingüísticos. En materia de inmigración, necesita desarrollar una política propia, coherente y sostenida, sin quedar condicionada por los vaivenes políticos de su entorno. Eso exige mantener amplios consensos entre las principales fuerzas políticas capaces de asumir una política migratoria basada en la responsabilidad, la integración y la cohesión social. Frente a discursos que convierten la inmigración en un instrumento de confrontación política, Euskadi debe demostrar que dispone de capacidad institucional, cohesión social y voluntad política suficientes para abordar este fenómeno con rigor y perspectiva de largo plazo. En definitiva, debe demostrar que, cuando existe voluntad colectiva y una estrategia sostenida, es posible gestionar con solvencia desafíos que en otros lugares terminan convirtiéndose en fuentes permanentes de conflicto.