La desprotección por cese de actividad y la presión fiscal ahogan a los autónomos vascos

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En un contexto de récord histórico de afiliaciones a la Seguridad Social - 1.044.686 cotizantes al cierre de junio - y con una tasa de paro por debajo del 7% según Eustat - Instituto Vasco de Estadística, el trabajo autónomo en Euskadi representa un pilar esencial del tejido empresarial vasco.

Así, el RETA (Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos) registró en junio de 2026 en la CAV un total de 167.353 personas inscritas, 291 más que en mayo (167.062) y 498 más que en el mismo periodo de 2025, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Estas cifras sitúan a Euskadi como la quinta comunidad con mayor número de personas trabajadoras de entre 16 y 64 años por cuenta propia por cada 1.000 habitantes (119) - por detrás de Baleares (128), Galicia (127), Castilla y León (125) y Extremadura (123) - y muy por encima de la media estatal (108).

El problema del falso autónomo

En este sentido, el buen nivel de actividad económica y los datos positivos del empleo han contribuido a reducir parcialmente el problema del falso autónomo, una de las cuestiones que más preocupaba al colectivo hace años.

"Cuando las empresas necesitan contratar personal y existe dinamismo económico, resulta más sencillo recurrir a la contratación laboral ordinaria, reduciéndose determinadas prácticas irregulares que eran más frecuentes durante los años de crisis", afirma Odei González, secretario ejecutivo de ABAT – Autonomoak BAT, organización intersectorial que desde 2013 representa los intereses de autónomos y microempresas de hasta tres o cuatro trabajadores en Euskadi.

Sin embargo, esta mejora no significa que la situación del colectivo sea buena. Así, desde la asociación denuncian el incremento constante de los costes laborales, energéticos y financieros, además del exceso de burocracia y obligaciones administrativas que reducen, cada vez más, los márgenes de rentabilidad, sobre todo en los pequeños negocios.

Asimismo, e independientemente del sector de actividad, al trabajador autónomo de la CAV también le preocupa de forma generalizada factores como la inseguridad jurídica provocada por los continuos cambios normativos, la morosidad, la dificultad en el acceso a la financiación y la falta de relevo generacional.

Elevada presión fiscal

Además, el desequilibrio existente entre la carga económica que soportan los pequeños negocios en comparación con las grandes empresas representa una importante desventaja competitiva para quienes generan la mayor parte del empleo de proximidad y mantienen vivo el tejido económico de los pueblos y ciudades.

"Desde ABAT llevamos años denunciando que no puede ser que muchas grandes compañías soporten tipos efectivos cercanos al 8-10%, mientras que un autónomo o una microempresa termina sosteniendo una carga económica que, entre impuestos y cotizaciones, puede situarse en torno al 30-36%", afirma el representante.

Sensación de indefensión

Entre las solicitudes más habituales que atienden, se encuentran las relacionadas con la fiscalidad, las cotizaciones, las ayudas públicas, la contratación, el emprendimiento, la burocracia administrativa y la viabilidad económica de los pequeños negocios.

"En los últimos años, ha aumentado especialmente el número de consultas relacionadas con la protección por cese de actividad. Desde ABAT observamos que muchas prestaciones son denegadas por las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social", continúa.

Los motivos, en muchas ocasiones, resultan "incomprensibles" según denuncia el secretario, que critica el exceso de burocracia en la tramitación de lo que viene siendo una prestación social, además de la falta de un criterio unificado por parte de las administraciones públicas para su concesión, dejándolo a la interpretación de empresas privadas que dependen de cuentas de resultado.

"Cuando lo gestionaba la Seguridad Social, había cerca de un 80% de aceptación de las protecciones por cese y ahora que se encargan las mutuas, la ratio de concesión es de una de cada dos, a la mitad de las personas solicitantes se les deniega. Es denigrante para el colectivo".

Esta afirmación hace referencia a que antes del 1 de junio de 2019, el organismo que gestionaba la concesión de la prestación por cese de actividad de las personas trabajadoras incluidas en el RETA (cuando la cobertura estaba concertada con el INSS) era el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). A partir de entonces, la protección ha pasado a ser gestionada por las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social.

"Nuestra percepción es que el sistema no está funcionando con el espíritu con el que fue creado. En demasiadas ocasiones, el trabajador autónomo solo consigue que se le reconozca el derecho si dispone de recursos económicos y tiempo para acudir a los tribunales. Muchos no pueden hacerlo y terminan renunciando a reclamar, generándose una importante sensación de indefensión," concluye el representante de ABAT.

747 solicitudes en la CAV

En Euskadi, en 2025 se presentaron 747 solicitudes de cese de actividad (16.887 a nivel estatal), de las que 366 se aprobaron en primera instancia (44,5%), siendo Bizkaia el territorio que concentró el mayor número (206), seguido de Gipuzkoa (130) y Araba (con solo 30). En el Estado, la cifra fue de 7800 solicitudes aprobadas, un 43,9%, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En cuanto a la situación legal de cese de actividad alegada por la persona trabajadora autónoma, la mayor parte obedece a motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos y por fuerza mayor - 324 en la CAV de un total estatal de 5.726 -.

Esta ratio repunta ligeramente si se tienen en cuenta las solicitudes resueltas favorablemente tras presentar reclamación previa una vez denegado el derecho en primera instancia. En Euskadi, 21 de estas demandas fueron estimadas en 2025 (11 en Gipuzkoa, 8 en Bizkaia y 2 en Araba), frente a 55 desestimadas (26 en Bizkaia, 16 en Gipuzkoa y 13 en Araba).

A nivel estatal, el dato del año pasado apunta a 699 solicitudes estimadas frente a 1.550 que no, con la Comunitat Valenciana a la cabeza en el número de quejas (256 estimadas y 251 desestimadas).

El "paro de los autónomos"

La protección por cese de actividad de las personas trabajadoras autónomas está regulada en el título V (artículos del 327 al 350) del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS, Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre).

Se trata de una normativa de ámbito estatal que se complementa con el RD 1541/2011 por el que se desarrolla la Ley 32/2010, un reglamento antiguo pero que aún sigue en vigor en aquellos aspectos que no han sido sustituidos por los recientes cambios legislativos en la materia.

Así, ambas disposiciones pusieron en marcha el cese de actividad para autónomos en 2010-2011, regulando cuestiones como los requisitos para el cobro de la prestación, las causas justificadas de cese o la duración. La regulación provocó entonces muchas quejas por parte del colectivo, lo que dio lugar a nuevas situaciones legales para facilitar el acceso.

"Con los cambios normativos, pocos autónomos han solicitado el cese por las situaciones que se han añadido como nuevas y sí se ha facilitado el acceso a la prestación, por ejemplo, por parte de los económicamente dependientes (TRADE) - aquellos que facturan, al menos, el 75% de sus ingresos a un único cliente principal -, aunque no estén registrados en el SEPE, siempre y cuando se acredite que cumplen con los requisitos de forma general", afirma Diego Badosa, director del proceso de cese de actividad, Bonus y CUME de Mutualia.

Tendencia a la baja

Con una cuota de mercado superior al 42%, Mutualia cuenta con 28.384 empresas asociadas y protege a 453.000 personas trabajadoras, de las cuales 51.000 son autónomas. De estas, unas 45.100 cuentan con la cobertura de cese de actividad, por lo que son potenciales perceptores de la prestación. Se trata de la principal mutua de la CAV fruto de la fusión en 2006 de Mutua Bizkaia Industrial, Pakea y La Previsora, todas ellas con sede en el territorio.

Fundada en 1900 tras la aprobación de la conocida como Ley Dato, desde 2025 el número de solicitudes de prestaciones por cese de actividad que entran en Mutualia se ha reducido en torno a un 10-15%.

"En 2025 tuvimos 285 solicitudes de cese de actividad, un 8% menos que en 2024 y, en lo que llevamos de 2026 hasta junio, hemos tenido 135 solicitudes, casi un 20% menos que en 2025. Hay una tendencia clara a la baja a partir de 2023, cuando se alcanza el máximo de solicitudes presentadas en un año", explica el director.

2,9 millones de euros

Así, durante el presente ejercicio, la tasa de reconocimiento del derecho a la prestación se sitúa en el 45% de las solicitudes resueltas. Este ratio de aprobación en relación a las solicitudes favorables se mantiene estable desde 2021 y dentro del promedio en el sector.

Por su parte, la duración media de las prestaciones reconocidas se ha estabilizado en casi 22 meses. "En 2025, hemos pagado casi 2,9 millones de euros de prestaciones de cese de actividad y cotizaciones al RETA, mientras los perceptores perciben la prestación", argumenta.

La norma establece de manera concreta los criterios a cumplir para acreditar la situación legal de cese. Sin embargo, a menudo las mutuas se encuentran con escenarios en los que no reciben la documentación o la información fiscal requerida.

El experto de Mutualia considera que esta falta de cumplimiento es multifactorial y depende de las situaciones por las que se produce el cese. "Nos encontramos con incongruencias, por ejemplo, en las partidas contables que se tienen que acreditar y cuando pedimos la justificación, no se presenta la documentación, es complicado", advierte.

"En Mutualia intentamos dar facilidades a los autónomos pero la ley establece unas limitaciones. En necesario un cambio normativo de la prestación para que recoja todas las situaciones legales de cese que realmente tenemos encima de la mesa," concluye Diego Badosa.