La cúpula fiscal decide el futuro de la querella del novio de Ayuso

La Junta de Fiscales de Sala se reúne este miércoles para debatir si apoya o rechaza que se abra una investigación penal por un delito de revelación de secretos derivado de la filtración de datos del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, realizada desde la propia institución.

La pareja de Ayuso, Alberto González, presentó una querella por presunta revelación de secretos contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, mientras que el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) presentó otra querella pero sin imputar los hechos a nadie en concreto.

Lo hicieron a cuenta de la polémica nota de prensa difundida por la Fiscalía de Madrid el pasado 14 de marzo, en la que se daban detalles sobre la investigación a Alberto González por los presuntos delitos de defraudación tributaria y falsedad documental.

La fiscal María de la O Silva invocó a la cúpula

Así, la Junta de Fiscales de Sala -en la que está presente toda la cúpula fiscal- se celebrará una vez que la fiscal María de la O Silva, que es la que debe informar sobre la admisión o no de la querella presentada por la pareja de Ayuso, invocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico, al no estar de acuerdo con la orden de la número 2 del Ministerio Público, María Ángeles Sánchez Conde.

La también teniente fiscal del Supremo le pidió verbalmente que rechazara la querella al invocar el principio jerárquico de unidad de actuación, que rige el Ministerio Fiscal, ya que no puede haber dos posturas contrarias en relación a dos casos idénticos, pues el fiscal que asumió la otra querella, la del ICAM, ya sentó criterio al sostener que no hay delito, tal y como piensa también Conde.

Todo ello porque la fiscal de Madrid quiere practicar una serie de diligencias antes de redactar su informe, en concreto quiere examinar las comunicaciones del fiscal general al respecto.

Por ello, al no estar de acuerdo, la fiscal de Madrid ha invocado el artículo 27 del Estatuto Fiscal que dice que "el fiscal que recibiere una orden o instrucción que considere contraria a las leyes o que, por cualquier otro motivo estime improcedente, se lo hará saber así, mediante informe razonado, a su fiscal jefe".

"De proceder la orden o instrucción de éste, si no considera satisfactorias las razones alegadas, planteará la cuestión a la Junta de Fiscalía y, una vez que ésta se manifieste, resolverá definitivamente reconsiderándola o ratificándola".

Y "de proceder de un superior, elevará informe a éste, el cual, de no admitir las razones alegadas, resolverá de igual manera oyendo previamente a la Junta de Fiscalía. Si la orden fuere dada por el Fiscal General del Estado, éste resolverá oyendo a la Junta de Fiscales de Sala".

Al haberse abstenido en esta causa el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, corresponderá a su número 2, María Ángeles Sánchez Conde, presidir la Junta, cuya postura no es vinculante para Conde antes de fijar la posición definitiva, si bien fuentes fiscales apuntan a EFE que lo normal es que no se desvíe del criterio de la mayoría.