La cúpula del Tribunal Supremo ve incompatible que la futura ley de amnistía fiscalice sus resoluciones

La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo exigió ayer lunes respeto a la independencia judicial y a la división de poderes en un comunicado con relación a las referencias al “lawfare”–persecución judicial– en el pacto entre PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Ejecutivo, aunque no aparece en el articulado de la ley de amnistía. Este órgano del alto tribunal aprobó por unanimidad un comunicado en el que enfatiza “la necesidad de preservar y garantizar la independencia judicial desde todas las instituciones” y ve “incompatible con ella la fiscalización o suspensión de la labor jurisdiccional por otros poderes del Estado”. “El Estado de Derecho, en el que se fundan la Unión Europea y nuestro orden constitucional, exige el absoluto respeto a la división de poderes”, recuerda el Supremo.

Además, afirma que “el ejercicio de la función jurisdiccional se ajusta siempre a la legalidad, a la defensa de la Constitución y a la salvaguarda de los derechos y libertades de todos los ciudadanos, en particular de la igualdad en la aplicación de la ley”. El Tribunal Supremo dio a conocer este comunicado mientras se conocía el contenido de una proposición de ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Catalunya acordada entre PSOE y Junts, es decir, que ni esperó a comprobar que en esa proposición no se incluían referencias a la judicialización de la política.

Cabe recordar que el Supremo fue el órgano por excelencia en la causa del procés ya que investigó todos los hechos relativos al 1-O y también a la posterior declaración unilateral de independencia. De esas diligencias se abrió juicio contra doce dirigentes independentistas –entre ellos, el líder de ERC Oriol Junqueras– a los que en 2019 se les condenó por delitos de sedición, malversación y desobediencia. En paralelo, procesó en rebeldía a Carles Puigdemont además de sus exconsellers Antonio Comín, Lluis Puig, Clara Ponsatí y la número dos de ERC Marta Rovira. El magistrado Pablo Llarena tuvo que reescribir la acusación para todos ellos después de que el Gobierno español eliminara la sedición y rebajara la gravedad de la malversación. No obstante, mantuvo las órdenes nacionales de detención dictadas para Puigdemont.

Empresariado

Por otra parte, la CEOE advirtió del “grave menoscabo” que los acuerdos para la investidura pueden suponer a la separación de poderes y a la seguridad jurídica, y alertó sobre “la fragmentación y el debilitamiento institucional” que está sufriendo el país. El presidente de la patronal, Antonio Garamendi, convocó ayer un comité ejecutivo “extraordinario y de urgencia” ante la grave preocupación existente en el mundo empresarial tras los pactos para la investidura de Pedro Sánchez. La CEOE cree que los acuerdos afectan de forma directa al principio de igualdad entre todos los ciudadanos del Estado, que es “piedra angular de la Constitución desde 1978 y fundamento de la cohesión social y de la convivencia del país”. En el actual clima perciben “muy difícil que haya crecimiento económico y creación de empleo”.