La amnistía blinda a Puigdemont tras el pacto final del PSOE con el soberanismo

Carles Puigdemont podrá abandonar su exilio sin que recaiga sobre él ninguna medida cautelar aunque la ley de amnistía se recurra ante la Justicia europea y quede suspendido el procedimiento. Así se desprende del acuerdo alcanzado entre PSOE, Junts y ERC para perfilar esta norma –enmienda aprobada en la Comisión de Justicia del Congreso– de forma que el nuevo texto afecta de lleno a la aplicación de esta medida de gracia y al levantamiento de las medidas cautelares y órdenes de búsqueda y captura y de detención como la que pesa en el Estado español contra el expresident. El pacto suscrito entre el Gobierno de coalición (PSOE y Sumar), Podemos y los soberanistas –incluidos PNV y EH Bildu– excluye del proyecto los delitos de terrorismo “siempre y cuando de forma manifiesta y con intención directa hayan causado violaciones graves de derechos humanos” (artículo 2, apartado d). Este cambio blinda también a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) y a la decena de encausados por los disturbios presuntamente promovidos por Tsunami Democrátic –causa que afecta al exJefe del Govern y a la dirigente de Esquerra Marta Rovira– investigados en la Audiencia Nacional (AN). 

Este retoque recurre a los parámetros fijados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales “con el fin de ofrecer una referencia clara y de carácter internacional para esta cuestión”. La modificación consensuada concierne igualmente al artículo 4 y deja claro que el juez retirará de “inmediato” esas medidas cautelares, aunque el procedimiento penal quede en suspenso “por cualquier causa”, como podría ser un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) o ante el Tribunal Constitucional (TC). Precisa además que el magistrado deberá “dar por finalizada” la ejecución de todas las penas decretadas en el procedimiento judicial, tanto prisión, como multas. Este apartado tiene especial relevancia toda vez que las eventuales cuestiones de inconstitucionalidad que podrían presentar los jueces al TC, así como las cuestiones prejudiciales al TJUE, para consultar sobre la ley de amnistía habrían paralizado la aplicación de la ley hasta que dichos órganos contestasen. Las enmiendas suscritas otorgan así mayor claridad y exhaustividad al artículo sobre los efectos de la amnistía en el ámbito penal, ampliando su paraguas, con el fin de dotar a este apartado de mayor seguridad jurídica y reforzar la función jurisdiccional de jueces y magistrados a la hora de aplicar esos efectos, especialmente en lo referente al levantamiento de medidas cautelares ante una eventual suspensión del proceso judicial por cualquier causa. Un paso donde el independentismo se puede anotar un buen tanto y que empujará a la oposición a cargar nuevamente contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Según el diputado de Junts Josep Maria Cervera, se consigue una ley “integral de aplicación inmediata” evitando que el procés sea calificado de “terrorismo” al considerar que se trata de una “aberración jurídica”. En concreto, apunta que, “como dice Gonzalo Boye”, abogado de Puigdemont, estos cambios responden a “la necesidad de superar la imaginación de algunos magistrados que quieren incardinar algunos hechos en unos tipos penales que todos sabemos que de ninguna manera lo son”. “Tampoco hay ningún instrumento jurídico en el marco de la Unión que impida amnistiar al terrorismo”, ha precisado. La enmienda destinada a ampliar el marco temporal de la amnistía sitúa su inicio en el 1 de noviembre de 2011, en lugar del 1 de enero de 2012, para acoger las actuaciones que el Tribunal de Cuentas incluye en su informe de fiscalización. El diputado de Junts resume así el espíritu de este cambio: “La amnistía diferida no es una amnistía”. Por su parte, el president Pere Aragonès ha puesto en valor que “la ley quede más blindada, más fortalecida y tiene aún más rigor jurídico” pese a que cuenta con “enemigos muy poderosos que intentarán manipular o adulterar su espíritu”. La portavoz de ERC, Pilar Vallugera, ha expllicado que las enmiendas pactadas tratan de evitar que el “Poder Judicial pueda torpedear” la norma. Su portavoz adjunta, Teresa Jordà, ha admitido la satisfacción de haber “robustecido” la ley, que suma ahora a “todas las personas demócratas que trabajaron para tener un país mejor y en ningún caso hubo ningún tipo de delito como los que, desde algún estamento del Estado nos quieren hacer ver que existieron”.

Se ciñe a los casos del 'procés'

Desde Moncloa se rechaza que el Gobierno de Sánchez haya cruzado una línea roja ya que simplemente se deja en manos de los jueces la decisión de si los delitos que se juzgan alcanzan ese nivel de gravedad que los excluye de la amnistía. “Lo que se ha hecho es mejorar el artículo, garantizar su seguridad jurídica y adaptarlo a los mejores estándares europeos”, ha proclamado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. Con la nueva redacción desaparece la excepción de los delitos de terrorismo “cuando haya sentencia firme” y, en ese sentido, el dirigente socialista ha explicado que los parámetros que se utilizarán para que los tribunales valoren si se excluye o no el delito de terrorismo no será éste sino “si se adecua a la directiva europea y al Convenio Europeo de Derechos Humanos”. El Ejecutivo se refugia en que, de lo contrario, podría haberse provocado que se amnistiaran todos los casos de terrorismo investigados ya que en ninguna de las causas en curso de los CDR y Tsunami Democràtic hay sentencia firme. “Hemos evitado dejar una puerta abierta más grande que la de Brandemburgo”, sostienen, incidiendo en que “no hay nada fuera del proceso independentista que quede amnistiado”, es decir, no afectaría a la familia Pujol, ni a Laura Borràs, ni a Boye.

Sin embargo, el PP ha acusado al Ejecutivo de estar dispuesto a amnistiar a terroristas “con tal de seguir en el poder”. “El PSOE ha perdido la poca dignidad que le quedaba. Si algo sabemos en España es lo que es el terrorismo. Lo hemos sufrido durante mucho tiempo y no merecemos un Gobierno dispuesto a perdonar y amnistiar a terroristas”, ha considerado su portavoz, Miguel Tellado. Vox ve que se “ha confirmado el golpe de Estado” y avisa de que quienes lo “nieguen o lo blanqueen se convertirán en cómplices”, en alusión velada al PP.