Juicio a dos antimilitaristas por daños en el cuartel de Bilbao

Mientras la industria militar reconoce sin tapujos que tiene problemas para poder dar respuesta a la demanda de armamento que ha generado la invasión de Ucrania y al mismo tiempo que los países piden un esfuerzo de producción a las empresas del sector, dos hombres serán juzgados mañana lunes por ocasionar daños en los muros del cuartel de Bilbao durante una acción simbólica de protesta.

La vista será en el Juzgado número 5 de lo Penal. La Fiscalía pide para cada uno de ellos una multa de 4.500 euros y una pena de prisión de 18 meses. Los hechos por los que han sido denunciados ocurrieron a finales de noviembre del pasado año cuando, bajo el lema #botakuartela, el grupo antimilitarista realizó una operación teatralizada en la que golpeaban con mazas el muro del gobierno militar “para recuperar el espacio para el barrio de Irala y la ciudad”, pregonaban aquel día.

La campaña, una más en la dilatada trayectoria de este grupo antimilitarista, buscaba además denunciar el aumento del gasto militar previsto para este año por las principales potencias mundiales. Con posterioridad, los activistas del KEM-MOC que participaron en esta iniciativa levantaron un andamio “para avanzar con la transformación del cuartel”, apostillaron al finalizar la perfomance.

Durante la acción directa no violenta -como las han calificado siempre este grupo antimilitarista- para reclamar “la recuperación del espacio sustraído al barrio de Irala” por el cuartel militar de Juan de Garay en Bilbao incluso llegaron a exhibir un supuesto proyecto de obra para la superficie que en la actualidad ocupa esta instalación del Ejército español: 6.500 metros cuadrados que, en opinión de este grupo deberían ser destinados a las necesidades del barrio y de la ciudad.

Un ‘Leopard’ o seis colegios

En abril de 2022 varios integrantes de este colectivo realizaron otra acción no violenta a las puertas del acuartelamiento. En aquella ocasión cuatro activistas se subieron a los muros y desplegaron una pancarta para denunciar el gasto militar y defender otros usos para ese dinero. Compararon un tanque Leopard -de actualidad estos días en el desenlace de la invasión rusa de Ucrania- con media docena de colegios. Una vez concluida su perfomance fueron identificados por la Policía Municipal.

Esta vez, sin embargo, los hechos no han transcurrido como entonces y el Ministerio Fiscal optó por abrir un expediente sancionador contra los dos actores principales de esta acción simbólica de protesta, para quienes solicita un total de 18 meses de prisión, así como 4.500 euros de multa por los desperfectos ocasionados.