Los cambios del sistema de dependencia y de discapacidad, en vigor desde este viernes

Novedades incluidas en la ley de dependencia

• Elimina incompatibilidades para que las personas en situación de dependencia puedan recibir diferentes prestaciones.
• Refuerza el derecho de cada persona a elegir el servicio o prestación que desea, de manera que el sistema podrá ajustarse a las prestaciones que cada persona usuaria necesite.
• El servicio a domicilio podrá ofrecerse más allá del entorno domiciliario, como acompañamiento para hacer la compra o ir al médico.
• No solo los familiares podrán ser beneficiarios de la prestación económica para cuidados, sino también personas allegadas, como amigos o vecinos, cuando asuman estas responsabilidades.
• La asistencia personal se amplía, sin restringirla a los ámbitos educativo y laboral, hacia la promoción de la autonomía, la vida independiente y la inclusión en la comunidad.
• La teleasistencia será un derecho para todas las personas que tengan reconocida una dependencia y permitirá hacer un seguimiento de cómo está el usuario a través de otros dispositivos como, por ejemplo, las pulseras geolocalizables.
• La reforma garantiza por ley que el estado abone las cotizaciones de las cuidadoras principales (la mayoría son mujeres), así como la continuidad de los cuidados en caso de enfermedad grave u hospitalización de estas cuidadoras.
• Reduce los plazos máximos para resolver el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia, que pasa de 6 meses a 3 meses.
• Blinda la financiación del sistema de dependencia, estableciendo por ley la obligación de que la Administración General del Estado asuma el 50 % de la inversión.

Cambios en la regulación de discapacidad

• Permite el reconocimiento automático de un 33 % de discapacidad a aquellas personas a las que se les asigne un grado I de dependencia, y a las que obtengan un grado II o III podrán ser reconocidas con el 65 % de discapacidad.
• Reconoce la accesibilidad universal como un derecho, de forma que las personas con discapacidad podrán reclamar la accesibilidad en servicios o en edificios que sean públicos.
• Obliga a las comunidades de vecinos a pedir ayudas para hacer obras de accesibilidad en viviendas si alguna de las personas residentes así lo solicita y facilita los requisitos para acceder a estas ayudas, rebajando del 75 al 70 % el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad.
• Incluye la figura del 'facilitador procesal' para personas con discapacidad, un profesional que prestará apoyo durante un procedimiento judicial y evitará situaciones de indefensión a personas con dificultades de comprensión.
• La Atención temprana es un derecho subjetivo: Las familias con niños de 0 a 6 años que presenten trastornos en el desarrollo o tengan riesgo de desarrollarlo podrán exigir en sus comunidades el tratamiento sin que dependa de la disponibilidad presupuestaria o de plazas.
• Prohíbe la discriminación en los seguros hacia las personas con discapacidad y se regula la figura de un facilitador procesal en los procesos judiciales.