Jueces creen que los actos contra la amnistía en sedes judiciales cuestionan su neutralidad

Una vez la ley de amnistía entre en vigor, los encargados de aplicarla serán los tribunales que han conocido causas relacionadas con el procés, una revisión para la que cuentan con dos meses de plazo, según establece la propia norma. Este escenario se prevé todavía lejano por las trabas que el PP promete poner en el Senado y los previsibles recursos ante el Tribunal Constitucional, y tiene como antecedente un Poder Judicial que se ha puesto en pie de guerra, con manifiestos y concentraciones en contra de su aprobación. El contrapunto lo puso ayer la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), que advirtió de que estas protestas “pueden afectar la imagen de independencia y neutralidad del Poder Judicial” en el contexto actual.

En un comunicado, la asociación progresista de jueces se refiere a “las concentraciones que se están convocando ante las sedes judiciales”, como las celebradas el pasado martes en Sevilla, Cádiz, Huelva, Jaén y Salamanca, en las que hubo unos 800 magistrados, para protestar contra el acuerdo entre el PSOE y Junts por la referencia al lawfare o judicialización de la política. “Se trata de actos que, dado el actual contexto, pueden afectar la imagen de independencia y neutralidad del Poder Judicial, que debiera estar alejado de la pugna política”, sostiene el Secretariado de JJpD.

Destaca que “tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional, los principios de Bangalore sobre la conducta judicial y los dictámenes de la Comisión de Ética Judicial, insisten en que tan importante como el valor mismo de la independencia judicial, es la apariencia de tal y de imparcialidad que la judicatura debe transmitir”. Concluye por ello que “las concentraciones que se están realizando pueden dañar esa imagen de neutralidad e imparcialidad, mezclando a la judicatura en un contexto de enfrentamiento partidista en el que no debe participar”. Por este motivo, JJpD anuncia que “nuestra asociación no tomará parte” en las movilizaciones.

Abrió el fuego de la ofensiva contra la ley de amnistía el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el pasado 6 de noviembre aprobó una declaración en la que expresaba su “intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada ley de amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de Derecho en España”. Dar carta de naturaleza a esta medida de gracia provocará, por tanto, “consecuencias en perjuicio del interés real de España”, añadía.

Desde entonces se han sucedido las expresiones de rechazo a esta medida, por ejemplo del TSJPV, que el pasado viernes trasladó su “total rechazo” a esta ley porque supone a su juicio “una intromisión inaudita” en la labor judicial y “un ataque frontal a la separación de poderes”. Esta declaración fue aprobada con el voto en contra del presidente del tribunal, Iñaki Subijana, que consideró que no entra dentro de las funciones de este órgano pronunciarse sobre un acuerdo de los partidos políticos. El pasado jueves, jueces de Iruñea y funcionarios de la administración de justicia se concentraron ante la sede de la Audiencia de Nafarroa para mostrar su “preocupación y malestar” por la ley de amnistía.

Por otro lado, el manifiesto de un grupo de militares retirados pidiendo al Ejército la destitución de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones ha sido respondido este fin de semana por la Asociación por la Memoria Militar Democrática y el Colectivo de Militares Antifraquistas. En una nota, calificaron ese pronunciamiento como “un arrebato tardofranquista que no representa la situación real de los ejércitos ni de la sociedad española”. Animaron por ello a “repudiar estos comportamientos y permanecer firmes” en la defensa de la democracia.