Los letrados del Congreso avalan la apertura de un expediente sancionador a la diputada que mostró el gas pimienta

Actualizado hace 4 minutos

Los letrados del Congreso ven motivos para abrir un expediente sancionador a la diputada del PP Ana Vázquez que en el último Pleno exhibió un bote de gas pimienta en el hemiciclo y fue obligada a desalojar el Salón de Plenos al considerarse el espray como un arma cuya tenencia prohíbe el Reglamento.

Fue la propia presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, quien justificó su decisión de echar a la diputada apelando al artículo 101 del Reglamento del Congreso, que establece "la suspensión temporal en la condición de diputado o diputada por razón de disciplina parlamentaria" a quien porte armas dentro del recinto parlamentario.

La decisión de abrir el expediente corresponde a la Mesa del Congreso, que se reúne este martes, pero el informe de los letrados asume que hay motivos para tomar esa decisión, aunque no existan precedentes en la historia parlamentaria de nuestra Constitución de un caso así de armas en el hemiciclo.

DIEZ PERSONAS ATENDIDAS

En su informe, al que tuvo acceso Europa Press, los letrados hacen un relato de hechos, sustentado en grabaciones de seguridad, de lo sucedido desde que la diputada salió del hemiciclo y entregó el espray a un trabajador del PP, que se lo llevó a unos baños de un edificio de ampliación y después se lo devolvió.

La diputada del PP, Ana Vázquez, expulsada del hemiciclo del Congreso de los Diputados por llevar un bote de gas pimienta EP

A las once de la mañana, una hora y cuarto después de que Armengol obligara a Vázquez a abandonar el hemiciclo para entregar el spray a la Policía, la diputada estaba ofreciendo declaraciones en directo en televisión mostrando todavía el bote de gas pimienta. Al ser informada de ello, la presidenta dio orden a la Policía para que se lo requisaran y es a las 12.15 horas, casi dos horas y media después del incidente en el Pleno, cuando Vázquez entrega spray en la comisaría de la Cámara.

Según el balance de lo sucedido, doce personas debieron ser atendidas por el gabinete médico del Congreso, sin que ninguna de ellas sufriera síntomas de gravedad, a lo que se suma una trabajadora del servicio de restauración, que fue atendida posteriormente por los servicios médicos de su mutua. Hablan también de otras diez personas con síntomas relacionados con la exposición a las sustancias liberadas, pero que no requirieron de asistencia médica. Tres afectados acabaron presentando una denuncia.

Como la zona precintada por el vertido de gas pimienta afectó a uno de los restaurantes del Congreso, la empresa contratista de restauración asegura haber tenido un perjuicio de algo más de 800 euros.

SÍ ES UN ARMA

Lo primero que remarcan los letrados es que un bote de gas pimienta, aunque se trate de un espray de autodefensa, legalmente debe considerarse un arma, según se desprende del reglamento de armas de 1993 y la doctrina que ha venido estableciendo la Justicia.

El informe subraya además que el reglamento castiga el mero hecho de "portar armas", sin distinguir si se han exhibido o se han mantenido en secreto, si se han llegado a usar o no, o si se han empleado o no como amenaza.

"Se trata de una mención directa e incondicional. El precepto no exige que el resto de individuos presentes hayan sentido algún tipo de miedo o se haya causado algún efecto concreto. El Reglamento sanciona una conducta muy simple, la de "portar armas", bien sea de manera pública o no, y con independencia del arma de que se trate o del uso que se le dé, si bien, como es lógico, la sanción deberá graduarse en función de éstas y otras circunstancia", remarcan.

Por tanto, los servicios jurídicos ven motivos para abrir el expediente sancionador, si bien precisan que, antes de proponer una sanción, el órgano de gobierno de la cámara debe escuchar a la diputada afectada, que tiene derecho a presentar alegaciones.

También remarcan que, si el expediente acaba en una propuesta de suspensión de la diputada, deberá tenerse en cuenta "la proporcionalidad y la necesidad de motivación". Y si finalmente la Mesa hay una propuesta de sanción, los servicios jurídicos recuerdan que deberá votarse en el Pleno del Congreso en una sesión a puerta cerrada, y que la afectada no podrá participar.