Más de un mes después de la masiva llegada de migrantes a Ceuta, miles de personas continúan en la ciudad autónoma en condiciones extremadamente precarias, un escenario que ha desatado un intenso debate político y legal sobre la viabilidad de ejecutar retornos inmediatos. Frente a las posturas partidarias de las devoluciones masivas, Juanjo Álvarez, catedrático de Derecho Internacional Privado, aclara que la legislación española, el régimen europeo de asilo y el convenio bilateral suscrito con Marruecos impiden estrictamente actuar al margen de las garantías individuales. "No cabe una devolución colectiva y por lo tanto no individualizada", recalca el experto, quien explica en Onda Vasca que el marco jurídico impone realizar un proceso de triaje para identificar la identidad de cada persona, distinguir a los menores de edad que cuentan con un régimen de especial protección y evaluar el trámite de quienes deseen acogerse al derecho de asilo y refugio.

Esta estricta exigencia administrativa ha provocado que diversos funcionarios públicos en Ceuta se nieguen a firmar expedientes de repatriación exprés, ante el fundado temor de cometer un delito de prevaricación administrativa. Álvarez sostiene la legitimidad de este recelo burocrático al recordar un precedente judicial de 2021, ratificado por el Tribunal Supremo, en el que se impuso una sanción penal de inhabilitación a un funcionario que ordenó retornos masivos eludiendo el procedimiento legal establecido. Por esta razón, el experto advierte que "de graves situaciones como estas hay que salir no con atajos, sino cumpliendo el estado de derecho", defendiendo que, incluso en el caso de los menores extranjeros no acompañados, la ley prioriza una cobertura transitoria que garantice su integridad física y un retorno seguro con sus familias o en instituciones de acogida adecuadas de su país natal.

A la parálisis en el plano administrativo se suma la dimensión internacional analizada por Jesús González, director de Canal Europa, quien describe la crisis migratoria de Ceuta como "un problema geopolítico" que afecta de lleno a la frontera sur de la Unión Europea. González apunta a Marruecos como el principal responsable del conflicto por propiciar un "chantaje" mediante la relajación de sus controles y cuestiona la tardanza del Gobierno español en aceptar la ayuda inmediata ofrecida por la Comisión Europea mediante el despliegue de Frontex y Europol. En este sentido, ambos expertos coinciden en que Europa dispone de sólidas herramientas de presión, tales como el beneficioso tratado de asociación mercantil preferente con Rabat, que podrían servir de baza negociadora para forzar al país vecino a cumplir con la legalidad y acoger tanto a los repatriados adultos como a los menores de edad tutelados.do en la entrevista?