Joseba Zubia: “No hay un árbitro que remedie el ritmo de las transferencias, la Comisión Permanente es oportuna”

Joseba Zubia (Bilbao, 19 de febrero de 1950) abandonó la política activa hace una década, tras una dilatada trayectoria que culminó en el Senado, y que está jalonada de hitos en su paso por el Congreso como diputado del PNV y diversos puestos de responsabilidad en el Gobierno vasco. Pero todavía sigue siendo recordado por el informe sobre las transferencias pendientes que redactó como consejero de Presidencia del lehendakari Ardanza en 1992, un informe que pasaría a conocerse por su propio apellido, que fue aprobado por unanimidad en el Parlamento Vasco en 1993 y que ha sido una referencia con distintas actualizaciones. Zubia acaba de recibir el alta hospitalaria tras una intervención quirúrgica que no le ha impedido seguir de cerca la actualidad política y analizar con perspectiva histórica la situación actual del autogobierno vasco, donde el Estatuto de Gernika acaba de cumplir 43 años con una treintena de materias aún por transferir, y cuando su informe tiene ya treinta años a sus espaldas.

El pasado martes, el Estatuto de Gernika cumplió 43 años y todavía quedan una treintena de traspasos. ¿Se imaginaba esta situación cuando redactó su informe?

—No, rotundamente, no. Era inimaginable que estuviéramos hablando todavía del Informe Zubia. Tristemente, seguimos hablando, lo cual demuestra que está incompleto, que están sin transferir una buena parte de las materias que se recogen en el Estatuto.

¿A qué atribuye este bloqueo?

—Hay varias razones. Resumiendo, lo que ha estado en primer lugar encima de la mesa ha sido la Loapa. No podemos olvidar que la Loapa se aprueba inmediatamente después del intento de golpe de Estado, estando de presidente del Gobierno central Felipe González. Es decir, un socialista. El propio nombre de la ley lo dice todo: Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. Es cierto que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales parte de los artículos de dicha ley y, en consecuencia, la entrada en vigor, pero el espíritu de esa ley sigue estando vigente todavía. Eso ha llevado a un proceso de homogeneización, un proceso de centralización, una aprobación de leyes de base de manera expansiva, la aplicación de manera expansiva del principio de ordenación general de la economía… Y, además, y ese es el motivo por el que se hizo el Informe Zubia, en esa época se puso de moda el término flecos, que pretendía indicar que lo que faltaba por transferir eran simplemente cosas sin importancia.

Usted redactó su informe.

—Había que poner pie en pared demostrando que faltaban mucho más que flecos, muchos temas importantes. Nos salían hasta 54 materias. Qué decir en 2022, cuando faltan todavía una treintena. En 2017, el Gobierno vasco pasó a actualizar este informe, pero siguen todavía faltando.

Todavía hoy, voces socialistas insisten en que los traspasos que quedan no tienen gran importancia.

—Se ha vuelto a lo que manifestaban en 1993. No se puede hablar de defender el Estatuto y de una voluntad política de desarrollarlo cuando faltan una treintena de materias. Y, además, estamos ante una ley que primero fue un pacto político bilateral, cosa que se olvida. Después se convirtió en una ley, el Estatuto, una ley que para más señas es orgánica, que requiere una mayoría absoluta y no simple que la propia Constitución establece para leyes importantes. Y, en tercer lugar, fue objeto de referéndum por parte del pueblo vasco, un referéndum en el que participaron 900.000 vascos, de los cuales votaron que sí al Estatuto en sus términos más de un 90%. Algo quiere decir.

¿Qué ha sucedido?

—Su desarrollo ha sido a cambio de, ha estado siempre a expensas de las necesidades del Gobierno central de turno, tanto del PSOE como del PP, siempre que no han tenido mayoría absoluta para poder gobernar. Ha estado muy ligado el proceso a los Presupuestos Generales del Estado de cada año, a la aprobación de leyes importantes que no contaban con una mayoría suficiente y, últimamente, porque la investidura del presidente requería los votos del PNV. Esos han sido realmente los motivos por los cuales se ha procedido a transferencias en su inmensa mayoría, en casi todos los casos. Con Zapatero como presidente, se produjo el traspaso de I+D+i y las políticas activas de empleo, y no creo que ninguna de las dos sea un fleco. En 2021, se transfirió Instituciones Penitenciarias. Por señalar una materia a la que no se le ha querido hincar el diente nunca, la Seguridad Social. La transitoria quinta y el artículo 18 sí establecen que tienen que abordarse en la Comisión de Transferencias los convenios oportunos. Pues hasta hoy. No han hecho nada. En el calendario de Sánchez figura en el último bloque. No quiero pecar de pesimista, pero hay elecciones de por medio y queda un año de legislatura. No hay un árbitro establecido para que a esto se le ponga remedio.

¿Tendría alguna utilidad la propuesta del lehendakari de crear una Comisión Permanente de Transferencias?

—Rotundamente, sí. Vistos los antecedentes, tiene mucho sentido aprobar esa comisión. Por cierto, no ha sido a día de hoy respondido desde el Gobierno central. Ha habido una respuesta indirecta del secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, diciendo que no es necesaria. Pero, si hay algo necesario este momento, es crear un foro, llámese Comisión Permanente o como sea, que debata todas y cada una de las transferencias pendientes. La petición del lehendakari es muy oportuna.

Eneko Andueza dice que ya existen la Comisión Mixta de transferencias y los grupos técnicos, y que trabajan intensamente…

—Bueno, eso vamos a dejarlo en solfa. En este momento, únicamente trabaja un grupo, el de ferrocarriles de cercanías, que en el artículo 10 del Estatuto se dice claramente que es competencia exclusiva en lo que se refiere a los ferrocarriles que discurren por el ámbito de la comunidad autónoma. Salvo en este caso concreto, no están constituidos los grupos técnicos de trabajo así que, eso de que trabajan a buen ritmo, vamos a dejarlo. Existen noticias de que hay dificultades técnicas, jurídicas y de todo tipo pero, curiosamente, todas se resuelven cuando hay una necesidad perentoria por parte del Gobierno de turno. Yo no sé cuáles son las dificultades a las que se alude siempre y que nunca se explicitan para poder contestar.

¿Se podría cerrar la metodología para cumplir el Estatuto en un mes, como sugería el lehendakari?

—Visto el ritmo que está llevando esto… Si hubiera voluntad por parte del Gobierno central, sí se podría. Pero, ¿hay voluntad? Visto lo visto, no hay ninguna. Ahora se dice que son ensoñaciones del PNV, o que el PNV guerrea, que es la palabra textual del secretario general del PSE. ¡Qué remedio que guerrear por cuanto que no se cumple el Estatuto!

¿No ha habido ninguna diferencia entre los gobiernos del PP y del PSOE, entre Aznar, González, etc.?

—Sí ha habido diferencia en cuanto a que, siendo objetivos, en época socialista ha habido más transferencias. Pero también es cierto que, en época de gobiernos socialistas, ha habido más necesidades coyunturales. En la época de Zapatero, el Gobierno tenía apoyos débiles, la geometría variable, y todo eso obligó entre comillas a hacer transferencias para contar con el voto de nuestro grupo en el Congreso. Ahora ocurre tres cuartos de lo mismo. Con el PSOE ha habido más transferencias porque el PP, sobre todo en la segunda fase de Aznar, contó con mayoría absoluta. Pero el ritmo es ridículo. Hay que recordar la transitoria segunda del Estatuto, que dice que la Comisión Mixta de Transferencias, en el plazo de un mes, establecerá las normas que posibiliten el traspaso de las competencias. Se pensó que el proceso sería rápido y han pasado 43 años.

Sánchez ha aprobado un calendario de traspasos, pero tampoco se ha cumplido, y el Ministerio de Política Territorial dice que hay que hilar muy bien los traspasos porque podría haber un recurso ante el Tribunal Constitucional. ¿Hay vértigo ante el PP y Vox?

—Sí, evidentemente, y antes de las elecciones, mucho más. No podemos olvidar que hay elecciones dentro de unos meses en comunidades autónomas donde el PSOE se juega mucho, hay elecciones en Euskadi a nivel municipal y de Juntas Generales y, por si fuera poco, tocan elecciones generales, donde puede salir un gobierno de otro color diferente. El PP puede necesitar el voto de Vox en una investidura. El vértigo juega siempre en desventaja nuestra.

En 1993, cuando el Parlamento Vasco aprobó el informe, ¿había mayor unidad en Euskadi en torno a las transferencias pendientes? Se lo pregunto porque el PP apoyó el informe, pero en 2019, un senador vasco del PP, Iñaki Oyarzábal, cargó contra el calendario de Sánchez con una moción…

—Sí, el tiempo lo borra todo. El PP aprobó y apoyó el Informe Zubia. Yo personalmente acudí a la sesión plenaria, presenté el informe, y fue objeto de un amplísimo debate. Y el PP lo aprobó. En aquel entonces había mucha más unidad y se aprobó el Informe por una amplísima mayoría. La situación es otra distinta, y tengo mis serias dudas de que en el Congreso de los Diputados saliera adelante ahora esa votación. Sigue siendo un muy buen Estatuto, pero requiere una reforma importante, un nuevo Estatuto de Autonomía que ha reclamado el lehendakari aunque le han hecho caso omiso.

¿Las competencias del informe tenían anclaje en el Estatuto de Autonomía? El Gobierno español está sembrando la duda sobre algunas que defiende Lakua. Por ejemplo, con la ordenación del litoral, porque dice que se cita de pasada sin un desarrollo ni concreción.

—Para eso lo que hay que hacer es convocar el grupo de trabajo correspondiente. Todas las competencias del informe figuran de manera expresa en el Estatuto. En el artículo 10 figuran las competencias exclusivas, en el 11 se recogen las competencias de desarrollo legislativo o ejecución de legislación básica del Estado, y el 12 recoge las competencias de ejecución de legislación del Estado. Nada de ensoñaciones del PNV, y menos aún después de que se viera que era algo que defendía una mayoría aplastante del Parlamento Vasco.