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Vitoria-Gasteiz ha sufrido una serie de ataques coordinados contra el mobiliario público. La Policía Local ha iniciado una investigación para identificar a los responsables de la inutilización de al menos cuatro cámaras de videovigilancia situadas en puntos estratégicos del Casco Medieval y que pertenecen las sistema de control de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la capital alavesa.
Un sabotaje planificado con martillos y pintura
Los incidentes, que según las primeras estimaciones han causado daños materiales valorados en varios miles de euros, no son fruto de un acto vandálico aislado ya que han sido difundidos a través de un vídeo por el movimiento de resistencia Hala Bedi. En la grabación se aprecia cómo varios encapuchados lanzan pintura desde pistolas de agua o destrozan las cámaras con palos o a martillazos. El vídeo finaliza con el mensaje "Atera kalera" contra el "control social".
Según los informes policiales, el sabotaje comenzó el pasado viernes de manera gradual. En una primera fase, los atacantes utilizaron pintura para cegar las lentes de los dispositivos, dificultando la grabación de imágenes en el corazón de la ciudad.
Sin embargo, la ofensiva subió de tono poco después, cuando los autores pasaron del uso de pintura a la destrucción física de los terminales. Los dispositivos fueron golpeados repetidamente hasta quedar completamente fuera de servicio.
El centro y la Zona de Bajas Emisiones, en la diana
El ataque no se ha limitado a las cámaras de vigilancia genérica del Casco Histórico. Los saboteadores también han centrado sus esfuerzos en inutilizar los dispositivos que controlan los accesos a la Zona de Bajas Emisiones. Estas cámaras son fundamentales para la gestión del tráfico urbano, ya que su función principal es el control de los vehículos más contaminantes que intentan acceder al centro.
Esta ampliación del radio de acción de los atacantes sugiere una intención clara de entorpecer no solo la vigilancia policial, sino también la aplicación de las nuevas políticas de movilidad sostenible del consistorio. La destrucción de este patrimonio público ha sido calificada como un ataque directo a la capacidad de la administración para ejercer sus competencias en el espacio urbano de Vitoria-Gasteiz.
Firmeza desde la Alcaldía: "Habrá más cámaras"
La reacción institucional no se ha hecho esperar. La alcaldesa de Vitoria, Maider Etxebarria, ha mostrado su más absoluta repulsa ante estos hechos, calificándolos de "acto intolerable". En un mensaje contundente, la regidora ha vinculado directamente la destrucción de estos sistemas con la voluntad de delinquir: "Quien destroza cámaras de videovigilancia en el Casco Medieval es que tiene algo que ocultar".
Etxebarria ha sido tajante al afirmar que en la ciudad no hay lugar para la violencia ni para quienes pretenden imponer su voluntad mediante la coacción. Lejos de dar un paso atrás, la alcaldesa ha reafirmado que la seguridad es una prioridad innegociable para su equipo de gobierno y ha anunciado que, como respuesta a estos ataques, se procederá a la instalación de más cámaras en la zona para garantizar la convivencia.
Fractura política en el Ayuntamiento
El suceso ha provocado una profunda división en la corporación municipal. Los grupos del PSE-EE, PNV y PP han unido sus voces en la Junta de Portavoces para emitir una declaración conjunta de condena. Estos tres partidos consideran que se trata de "ataques organizados" y planificados contra el patrimonio común y la seguridad de los vecinos.
En su escrito, denuncian el intento de ciertos grupos de "patrimonializar" el Casco Histórico mediante la intimidación y la imposición de vetos a la actuación del Ayuntamiento. Según PSE, PNV y PP, estas acciones buscan generar un relato que pretenda normalizar conductas ilegales y erosionar la convivencia democrática. Asimismo, han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que colabore con las autoridades aportando cualquier dato que pueda ayudar a esclarecer la autoría de los destrozos.
Por el contrario, EH Bildu y Elkarrekin Podemos han decidido no suscribir esta declaración institucional. Aunque la formación soberanista ha expresado su "total rechazo" al destrozo de los dispositivos, ha introducido matices significativos en su discurso.
El debate sobre la privacidad y el consenso
Desde EH Bildu se ha subrayado que, si bien nada justifica el ataque a las cámaras -especialmente las de la ZBE por su función medioambiental-, es necesario revisar el procedimiento de instalación de estos sistemas. Para este grupo, la colocación de cámaras en la "Almendra Medieval" debería ser una decisión coordinada y consensuada con los residentes, hosteleros y comerciantes del barrio.
La formación aboga por un modelo que permita disuadir delitos pero que, al mismo tiempo, garantice que no se produzca una invasión de la privacidad de las personas que viven y trabajan en Alde Zaharra.
Mientras el debate político continúa, la Policía Local mantiene abierta la investigación para dar con los responsables de estos sabotajes que han supuesto un elevado coste para las arcas públicas.