Lejos de desescalar, la espiral de tensión en la que se han enzarzado los gobiernos de Italia y España a raíz de la llegada masiva a Ceuta de miles de migrantes desde Marruecos gana en intensidad. La decisión del Ejecutivo de Giorgia Meloni de suspender el acuerdo Schengen de libre circulación de ciudadanos de la Unión Europea para los procedentes del Estado español ha desembocado en un pulso en el que ninguna de las dos partes está dispuesta a aflojar el músculo. Así, este viernes, el Gabinete de Pedro Sánchez decidió responder con la misma moneda y establecer controles fronterizos a los viajeros llegados de Italia. Una medida que este sábado justificaba el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la “presión migratoria“ que sufre el país transalpino y que, además ampliaba a otros cinco aeropuertos de la red de Aena, entre ellos el de Bilbao, que se suman a los de Madrid y Barcelona.
El pasado 31 de julio, el ministro de Interior italiano, Matteo Piantedosi, formalizó la suspensión temporal del régimen Schengen para los enlaces marítimos y aéreos con España aludiendo a un “riesgo para la seguridad nacional”. De este modo, hacía caso omiso a la reclamación del titular de Exteriores español, José Manuel Albares, que el día anterior había convocado de urgencia al embajador de Italia en Madrid para pedir explicaciones por el apoyo a dicha medida expresado por su homólogo transalpino, Antonio Tajani. El 1 de agosto comenzaron a aplicarse los controles a las personas que viajaban desde España tanto en barco como en avión, ante el evidente malestar de Moncloa.
Pero, el pasado viernes, la polémica pasó otra pantalla con el “ultimátum” planteado por Albares al Gobierno de Meloni, en el que “invitaba” a que rectificara su postura “de aquí al domingo”. En su solicitud, el ministro de Exteriores argumentaba que “no hay ningún motivo” para la aplicación de esa vigilancia a viajeros procedentes del Estado español, puesto que la crisis migratoria de Ceuta estaba ya “canalizada y reconducida”. La respuesta de Roma no se hizo esperar y fue contundente. “Italia no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero en materia de seguridad nacional y control de fronteras”, apuntaba un comunicado de la oficina de la primera ministra emitido el mismo viernes. Además, anunciaba que no reconsideraría su decisión de suspender a España de la aplicación del régimen Schengen al menos hasta el 15 de agosto, fecha señalada en llamamientos en redes sociales para una nueva entrada masiva de migrantes a territorio español. La cadena de acontecimientos llevó a que, poco después de difundirse esa nota, el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunciara el restablecimiento “de manera temporal” de los controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de Italia. Lo hacía al verse "obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos", como había advertido al Gobierno de Meloni de no echar este marcha atrás.
El operativo se puso en marcha a las 00.00 horas de este sábado, inicialmente solo en los aeropuertos Adolfo Suárez de Madrid-Barajas y Josep Tarradellas de Barcelona-El Prat, pero a lo largo de la mañana se ha ido implantando también en los de Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia y Bilbao, con la idea de hacerlo de manera inmediata también en los aeródromos de Baleares y Canarias, muy transitados en esta época veraniega.
Fuentes de Interior explican que estos controles se realizan de forma aleatoria y se efectúan a la salida de la pasarela de acceso a la aeronave, sin desviar el flujo de pasajeros a una zona de control fronterizo exterior. Consistirán en el control de identidad y nacionalidad de los viajeros mediante pasaporte. En el caso de nacionales de terceros estados, se revisará el visado o permiso de residencia. Cada avión es controlado por entre dos y cuatro policías que verifican la documentación de entre el 5 y el 10 % de los viajeros. Esto supone una media de unas 15 personas controladas en los vuelos operados con aparatos medianos y de unas 25 en los aviones de mayor capacidad.
El ministerio de Interior ha comunicado a la UE el establecimiento de la medida, vigente hasta el próximo 7 de septiembre por “la presión migratoria registrada en la ruta del Mediterráneo central que afecta a la República Italiana y sus efectos sobre distintos Estados miembros por la actividad de las redes de delincuencia transfronteriza vinculadas a la migración irregular”.
En Italia, donde Exteriores ha activado una respuesta de asistencia consular de emergencia ante "la medida de represalia del Gobierno de Sánchez”, la oposición a Meloni ha acusado a la primera ministra de haber creado “una crisis diplomática sin fundamento" en la que “el objetivo de hacer quedar en ridículo a España a nivel internacional, se ha convertido en un gol en propia puerta", como señalaba la diputada del Partido Demócrata Laura Boldrini.