GEBehatokia acusa a Interior de censurar documentos sobre la tortura y muerte de Txomin Letamendi

Actualizado hace 4 minutos

El Observatorio Vasco de Derechos Humanos –GEBehatokia– ha denunciado que el Ministerio del Interior ha entregado una documentación sobre el caso de Txomin Letamendi Murua, militante del PNV fallecido en Madrid en 1950 como consecuencia de las torturas sufridas por el franquismo, con numerosas partes censuradas. Según el organismo, esta omisión de información impide conocer en su totalidad lo ocurrido durante su detención.

La petición de acceso a los archivos oficiales se realizó hace unos meses al Archivo General del Ministerio del Interior dentro de un trabajo de investigación. GEBehatokia ampara esta solicitud en el reconocimiento institucional otorgado por el Gobierno Vasco a finales del pasado año, en el marco de la Ley vasca de Memoria Histórica y Democrática 9/2023, orientado a la rehabilitación del honor de la víctima y a su reparación moral.

“Numerosas partes censuradas y suprimidas”

La sorpresa llegó cuando recibieron la documentación solicitada y, lo que esperaban como un acceso completo a los expedientes, se compartió con “numerosas partes censuradas y suprimidas”.

Estas omisiones impedirían reconstruir con precisión lo que el propio Estado documentó sobre la detención, las torturas, el procedimiento judicial y el fallecimiento del jeltzale. Para GEBehatokia, esta situación impide conocer la integridad de los hechos acontecidos en 1950.

El organismo considera además que la excepción de seguridad o protección de información sensible debería interpretarse de forma estricta, especialmente cuando se trata de hechos que podrían encajar en crímenes contra la humanidad, reconocidos como imprescriptibles e inamnistiables por la Ley 20/2022 de Memoria Democrática.

A partir de ahí, GEBehatokia ha solicitado el amparo del lehendakari Imanol Pradales y de la fiscal general de Memoria Democrática, Dolores Delgado, para facilitar el acceso a la documentación íntegra.

Además, ha instado a los grupos parlamentarios vascos en el Congreso a presentar preguntas al ministro del Interior sobre lo que consideran una censura documental. Este procedimiento judicial se enmarca en la figura de jurisdicción voluntaria, prevista en la Ley de Memoria Democrática 20/2022, cuyo objetivo no es la persecución penal, sino la certificación oficial de los hechos.