Fiscalía y Abogacía se oponen a frenar las altas en el censo por la "ley de nietos"

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La Fiscalía y la Abogacía del Estado se han opuesto este lunes ante el Tribunal Supremo a suspender las nuevas altas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) derivadas de la denominada "ley de nietos", como reclaman Vox e Iustitia Europa.

El alto tribunal ha celebrado dos vistas para estudiar las medidas cautelares solicitadas por ambas formaciones contra el acuerdo adoptado el pasado 16 de julio por la Junta Electoral Central (JEC) sobre la aplicación de esta norma. La JEC señaló entonces que no podía impedir la admisión del voto por correo desde el extranjero porque excedía sus competencias, aunque solicitó información a la Oficina del Censo Electoral.

El derecho al voto tras obtener la nacionalidad

La Fiscalía ha defendido que la inscripción en el censo es una consecuencia automática y legal de la concesión de la nacionalidad. A su juicio, paralizar las altas supondría convertir a la Oficina del Censo Electoral en un órgano encargado de revisar la validez de las nacionalizaciones. El fiscal ha recalcado que este procedimiento no permite impugnar la denominada "ley de nietos" ni suspender todo el sistema establecido para aplicarla.

La Abogacía del Estado ha pedido que se inadmitan los recursos y, de manera subsidiaria, que se rechacen las medidas cautelares. Ha recordado que la nacionalidad deriva de actos administrativos firmes y que solo una sentencia penal firme puede privar a una persona del derecho de sufragio. También ha sostenido que no puede realizarse una revisión masiva de las inscripciones, sino que cualquier comprobación debe efectuarse individualmente.

Vox alerta de un "fraude masivo"

El coordinador jurídico de Vox y eurodiputado, Jorge Buxadé, ha advertido de que, si no se paralizan las nuevas altas, el censo continuará creciendo de forma "anómala, cuando no ilegal", y será imposible reparar los efectos de unas elecciones celebradas con esas inscripciones.

Según los datos aportados por Vox, en los dos últimos meses se han incorporado 29.000 electores más al censo y desde 2023 el incremento alcanza las 403.466 personas. Buxadé sostiene que permitir que continúe este proceso podría contribuir a un "gigantesco y masivo fraude".

Iustitia Europa también ha defendido la suspensión cautelar para evitar que una futura sentencia llegue cuando ya se hayan producido efectos electorales irreversibles. La formación asegura que no pretende retirar la nacionalidad a los beneficiarios, sino garantizar que el cuerpo electoral esté correctamente constituido antes de unas elecciones.

Más de medio millón de nacionalidades aprobadas

La conocida como "ley de nietos", incluida en la Ley de Memoria Democrática, permite que hijos y nietos de españoles de origen que se exiliaron durante la Guerra Civil o la dictadura franquista soliciten la nacionalidad. Un total de 2,4 millones de descendientes ha iniciado el procedimiento, de los cuales 544.722 ya tienen aprobada la nacionalidad y unos 306.000 figuran inscritos como españoles, según los últimos datos oficiales.