La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, han coincidido este viernes en la necesidad de acelerar el traslado a la Península de los menores migrantes que permanecen en Ceuta tras la llegada masiva de personas registrada los días 30 y 31 de julio.
Durante una reunión celebrada en la sede del Ministerio Fiscal, ambas han analizado las vías disponibles para garantizar la protección de estos menores. Asimismo, han subrayado que cualquier medida deberá preservar el interés superior de los niños y permitir el pleno ejercicio de sus derechos.
Peramato y Rego han mostrado una preocupación especial por la situación de las niñas, al considerar que se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad. Desde la entrada masiva de migrantes se han abierto más de 30 procedimientos por agresiones sexuales contra mujeres migrantes en Ceuta. En el 40 % de los casos, las víctimas eran menores no acompañadas.
Quinientas plazas disponibles
La ministra ha comunicado a la fiscal general que el Gobierno ha habilitado 500 plazas en la Península para efectuar los traslados "en el menor tiempo posible". Rego ha defendido que esta medida permitirá ofrecer a los menores unas condiciones adecuadas de atención y bienestar y, al mismo tiempo, aliviar la presión que soportan los servicios de acogida de Ceuta.
Ambas han recordado que tanto el ordenamiento estatal como el internacional obligan a situar el interés superior del menor como prioridad en cualquier actuación que pueda afectarle. Peramato ha explicado durante el encuentro algunos detalles del decreto que dictó el pasado 7 de agosto, que establece una serie de pautas para asegurar la protección de los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta.
Por su parte, Rego ha reclamado una respuesta que coloque los derechos de la infancia en el centro y que cuente con la corresponsabilidad de todas las administraciones públicas.
Dificultades para la reagrupación familiar
Durante la reunión también se han examinado las dificultades recogidas en la memoria de la Fiscalía para desarrollar procesos de reagrupación familiar en Marruecos, así como la evolución de los datos sobre delincuencia juvenil.
Peramato y Rego han abordado además los avances y los retos pendientes para reforzar los mecanismos de prevención, detección y protección frente a la violencia contra la infancia. Finalmente, han intercambiado sus posiciones sobre la nueva ley orgánica para la protección de los menores de edad en los entornos digitales, que actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso.