El Gobierno Vasco ha vuelto a reclamar al Ejecutivo español información detallada sobre la aplicación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, cuya entrada en vigor este viernes abre una nueva etapa en la gestión migratoria de la Unión Europea. La consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, remitió ayer una carta a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, para pedir “urgentemente” una reunión en la que se explique cómo prevé el Estado español adaptar e implementar este nuevo marco legal.
En una entrevista en Radio Euskadi, Melgosa reconoció la preocupación del Ejecutivo vasco ante la falta de información sobre el desarrollo práctico de unas medidas que tendrán consecuencias directas sobre la gestión de los flujos migratorios. Según explicó, el Gobierno Vasco “desconoce” cómo va a aplicar el Ejecutivo español un pacto compuesto por nueve reglamentos y una directiva, cuyo contenido concreto y efectos sobre las comunidades autónomas todavía no les han sido trasladados.
Reunión urgente
La consejera recordó que el Ejecutivo vasco ha solicitado en varias ocasiones mantener un encuentro con la ministra sin haber obtenido respuesta. Por ello, este mismo viernes optó por formalizar la petición mediante una carta para reclamar que el contacto se produzca “urgentemente”.
“No es de recibo” que esa reunión no haya tenido lugar y que el pacto haya entrado ya en vigor sin que Euskadi sepa cómo debe aplicarse”, ha criticado Melgosa. La responsable vasca ha insistido en que esta cuestión resulta especialmente relevante para una comunidad que constituye una “frontera norte” dentro de los movimientos migratorios que atraviesan el Estado.
“Queremos saber qué cambios va a haber y cómo va a afectar a nuestro día a día”, ha señalado. Además, ha emplazado al Gobierno español a mantener una defensa permanente de los derechos de las personas migrantes y a preservar su dignidad “24 horas al día y 365 días al año y no solo cuando venga su santidad”.
La consejera volvió a reclamar, además, que tanto el Gobierno español como desde Europa se reconozca a Euskadi como “frontera norte” para la gestión de la inmigración, al igual que se reconoce a Canarias como frontera sur y a Baleares con frontera insular.