El programa del PNV no aparca sus reivindicaciones históricas, como es el caso del cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, que el presidente Sánchez tendría que haber cerrado en diciembre de 2025. No fue así, y aún quedan pendientes varias materias, cuya negociación discurrirá en paralelo al debate de otras cuestiones que no aparecían en el Estatuto, como la migración, que se abordará en una subcomisión recientemente pactada entre ambos gobiernos y que está por ver si sería respetada por el PP si llega a La Moncloa.
El quinto bloque del programa "decidir aquí; hacernos escuchar allí", exige "calendarios y resultados verificables" sobre las transferencias que quedan para cumplir el Estatuto. Las competencias no se detallan ahí, sino en los capítulos sectoriales del programa. En el segundo, "una Euskadi que trabaja y prospera", el PNV vuelve a exigir una "mayor autonomía de gestión" en los puertos de Bilbao y Pasaia y avanzar hacia su "gestión integral", insiste en desclasificar el puerto guipuzcoano y que salga del catálogo de interés general del Estado y, aunque ya se había alcanzado un acuerdo en materia aeroportuaria que supuso la creación de un órgano bilateral, vuelve a reclamar una "mayor capacidad de decisión en inversiones y conectividad" aeroportuaria, y más fondos para Foronda, que ha quedado relegado en el informe DORA del Estado. También en este punto, el PNV exige terminar el TAV "sin más demoras, con un calendario de ejecución verificable, y respetando los acuerdos sobre los accesos soterrados a Bilbao y Gasteiz", y "garantizando su conexión con Iruñea". Quiere también que se culmine la transferencia de cercanías por completo. En ese mismo bloque de medidas económicas, plantea reducir el Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5%, y aplicar un tipo cero o superreducido al pescado y la carne o la dieta celíaca, por ejemplo. Se insiste en la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social en otro de los bloques del programa.
Volviendo al quinto bloque sobre la capacidad de decisión de Euskadi, el PNV avisa de que va a rechazar cualquier intento de recentralización y, a futuro, insiste en un nuevo estatus de autogobierno, y también en ampliar las capacidades fiscales del Concierto Económico modificando su ley. Lo mismo vale para el Convenio navarro. El PNV quiere extender el sistema bilateral del Concierto Económico a todas las relaciones con el Estado a través de un Concierto Político, y quiere que esa relación se base en el "reconocimiento de la realidad nacional vasca, el respeto a la voluntad democrática de la sociedad vasca y la capacidad de decisión de sus instituciones". Plantea "mecanismos de prevención y resolución de conflictos entre Euskadi y el Estado". Insiste también en un Consejo Vasco de Justicia.
Secretos oficiales
Además, mantiene como aspiración que Euskadi participe en todos los órganos europeos que aborden temas de su competencia como el Ecofin que reúne a los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Euskadi ha entrado ya en los grupos de alto nivel), o el Consejo de Asuntos de Justicia e Interior. Se niega a la recentralización de los fondos europeos. Por otro lado, insiste con la reforma de la ley franquista de los secretos oficiales, y en sacar a la luz (como se hizo con el 23-F) los documentos sobre la muerte de Mikel Zabalza tras su detención en Intxaurrondo, la masacre contra los trabajadores el 3 de Marzo de 1976, el atentado contra el bar Aldana y la actuación policial en los Sanfermines de 1978. El programa del PNV toca todos los palos y, además de reformar la Ley de Seguridad Ciudadana para que sea más proporcional, pide establecer perímetros de protección de al menos 150 metros alrededor de los centros donde se practica la interrupción voluntaria del embarazo, donde se suelen concentrar grupos antiabortistas para presionar a las mujeres.