El Gobierno Vasco denuncia el silencio institucional del Estado sobre el pacto migratorio europeo

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El Gobierno Vasco, a través de la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha entregado en mano sendas cartas dirigidas a los máximos responsables del Ministerio del Interior y del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en las que reclama información completa, diálogo real y coordinación efectiva en torno a la aplicación del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA).

El Ejecutivo vasco adopta esta iniciativa ante el silencio mantenido durante más de dos meses por parte de los ministerios competentes. Considera que esta ausencia de respuesta supone una falta de respeto institucional hacia las administraciones que deberán asumir buena parte de las consecuencias operativas, sociales y presupuestarias del nuevo marco europeo. “Euskadi no va a aceptar que se le informe tarde, mal y por vías indirectas de decisiones que le afectan directamente. No se puede pedir corresponsabilidad a las comunidades autónomas y, al mismo tiempo, excluirlas de la información, de la planificación y de la decisión”, subrayan desde el Departamento.

Frontera Norte del Estado

El Gobierno Vasco advierte de que la entrada en vigor del PEMA tendrá un impacto directo en competencias ejercidas por las instituciones vascas. En este sentido, reclama que Euskadi sea reconocida y tratada como Frontera Norte del Estado, no como una excepcionalidad, sino como una realidad institucional, social y territorial ya existente.

Uno de los principales puntos de preocupación es la falta de información sobre las denominadas instalaciones designadas para los procedimientos fronterizos. En este contexto, el Gobierno Vasco exige conocer de forma oficial, completa y previa qué función tendrá el centro Arana de Vitoria-Gasteiz o cualquier otro dispositivo que pueda activarse en el marco del PEMA.

“Necesitamos saber qué se va a hacer, cómo se va a hacer, con qué medios, con qué perfiles, con qué calendario, con qué financiación y con qué garantías. No basta con referencias parciales ni con explicaciones genéricas. No puede haber cajas negras administrativas dentro del Estado”, señala. El Ejecutivo solicita la convocatoria urgente de una reunión que permita conocer la estrategia del Gobierno español, y que permita además impulsar un plan estructural migratorio de Estado. “El PEMA no puede convertirse en un nuevo parche dentro de una sucesión de urgencias. La migración hace tiempo que dejó de ser una realidad coyuntural y exige una respuesta estructural, sostenida y acordada entre instituciones”, concluye.