Aquel 20 de octubre de 2011, a las siete de la tarde, los miembros de ETA David Plá, Iratxe Sorzabal e Izaskun Lesaka anunciaban en un vídeo el anuncio más esperado por la sociedad vasca desde hacía muchos, muchísimos, años: el "cese definitivo de su actividad armada". Se cerraban de esta manera cinco décadas de dolor y hoy, quince años después, la memoria colectiva revive con estremecimiento la frase que durante medio siglo de terror congeló la vida en todo el país: "ETA ha vuelto a matar". Aquel titular fúnebre fue una pesadilla constante que marcó a varias generaciones. Durante décadas, la banda activó una maquinaria sangrienta con más de 850 personas asesinadas, más de 2.600 heridos, cerca de noventa secuestrados y un número aún sin determinar de extorsionados, perseguidos y exiliados. Fueron familias despedazadas a golpe de atentado, coche bomba, tiro en la nuca y chantaje. Prácticas que asfixiaron la convivencia en Euskadi, donde la herida social permaneció abierta mucho tiempo hasta que las pistolas se guardaran para siempre en un cajón.
El fin de esta siniestra historia de terrorismo no fue un acto repentino, sino un epílogo lento y por fases que se alargó durante años. Aunque el anuncio de 2011 fue el paso clave, la disolución total de Euskadi Ta Askatasuna no llegó hasta 2018. En otra decisión histórica, ETA dio por concluida su trayectoria y anunció el desmantelamiento de todas sus estructuras y arsenales. Entre una fecha y otra medió un largo camino donde la democracia certificó la derrota definitiva de una organización acorralada.
El bautismo de sangre y el abismo de los 'años de plomo'
La barbarie arrancó el 7 de junio de 1968, cuando ETA mataba al guardia civil José Antonio Pardines, el primer asesinato de un largo reguero luctuoso. Pese a justificar su nacimiento en 1959 afirmando hallarse "ahogada por las garras del franquismo y asimilada por el Estado jacobino", los datos demuelen su relato: cerca del 90% de sus atentados se cometieron en democracia, tras la muerte del dictador Francisco Franco.
En 1973 la banda asesinó al almirante y presidente del Gobierno español, Luis Carrero Blanco, considera y en 1974 perpetró su primer atentado indiscriminado en la cafetería Rolando de Madrid, matando a 12 personas. Sin embargo, los años más atroces llegaron con los años de plomo de principios de los 80. En 1980, el año más sangriento ya en democracia, ETA mataba a una persona cada 92 horas, sumando 97 víctimas mortales y 200 atentados en 365 días. De esa época procede la mayoría de los más de 300 crímenes sin resolver, casos aún pendientes de resolución judicial sobre los que pesa la sombra del olvido y el reclamo perentorio de justicia.
Atentado contra Carrero Blanco
La mancha de la 'guerra sucia' y el horror indiscriminado
Aquellos años ochenta también fueron los más oscuros de la llamada 'guerra sucia contra ETA' a través de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), activos entre 1983 y 1987 bajo los gobiernos de Felipe González. Sus atentados, torturas y secuestros derivaron en la condena, y posterior indulto, del exministro de Interior José Barrionuevo y del exsecretario de Estado Rafael Vera por el secuestro en 1983 del ciudadano francés Segundo Marey, al que confundieron con un dirigente etarra.
Políticos, jueces, ertzainas, policías, guardias civiles, militares y civiles fueron objetivos prioritarios de una banda que en 1987 perpetró su mayor acción: 21 muertos y más de 40 heridos en el aparcamiento de Hipercor, en Barcelona. Pocos meses después sembró el dolor en la casa cuartel de Zaragoza, con 11 muertos —seis de ellos menores— y 73 heridos. Gipuzkoa, Bizkaia y Madrid sufrieron con dureza el zarpazo continuado de los comandos.
El zulo de Ortega Lara y el grito de dignidad en Ermua
A mediados de los noventa, la crueldad etarra conmocionó al país. El 1 de julio de 1997, el exfuncionario de prisiones José Antonio Ortega Lara salía desorientado y ajado del zulo en el que ETA le enterró en vida durante 532 días en una nave industrial de Mondragón. Fue el secuestro más largo de su historia y el símbolo más descarnado del horror impuesto por la banda armada.
Apenas diez días después, la tarde del 10 de julio, ETA anunciaba el secuestro del concejal del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco, de 29 años. La banda exigió el traslado a cárceles vascas de los 600 presos en un plazo perentorio de 48 horas al Gobierno de José María Aznar. Fueron dos días de conmoción social en los que Euskadi gritó 'basta ya' con las manos blancas alzadas. Agotado el plazo, los etarras —entre ellos Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote'— dispararon dos tiros a Blanco en un descampado. Murió de madrugada en Donostia. Aquel crimen quebró el silencio y aceleró el aislamiento social definitivo de los terroristas.
El laberinto de las treguas y el estallido de la T4
A lo largo de su historia, ETA declaró más de una decena de treguas, convertidas en meras pausas tácticas. Tras las conversaciones de Argel en 1989 con Felipe González, en 1998 decretó su primer «alto el fuego indefinido» tras el Pacto de Lizarra entre PNV, EA, EH e IU. El entonces presidente del Gobierno español, José María Aznar, autorizó entonces contactos con el "Movimiento Nacional de Liberación Vasco" -así lo denominío para verificar su voluntad de paz. El proceso naufragó y la violencia regresó. Tras la polémica tregua limitada a Catalunya en 2004 y la suspensión de atentados a cargos electos en 2005, en 2006 la banda anunció un alto el fuego «permanente».
Aquel paso abrió una negociación con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero avalada por el Congreso. Sin embargo, en diciembre de 2006 la tregua saltó por los aires con el atentado en la terminal 4 de Barajas, en el que murieron dos personas. El estallido de la T4 quebró el diálogo y evidenció la fractura interna en el mundo abertzale. Dirigentes como Arnaldo Otegi situaron en Barajas un punto de inflexión donde se consumó el rechazo a las armas y la ruptura de la disciplina en las cárceles.
El asedio integral: ley, policía y caída de cúpulas
Tras el atentado de Barajas, el asedio democrático fue total. El Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo del año 2000 y la Ley de Partidos de 2003 —con el precedente del Pacto de Ajuria Enea de 1988— propiciaron la ilegalización de Batasuna y de sus marcas afines, asfixiando su entramado político. En paralelo, la cooperación policial con Francia cercó a la organización. Acorralada, ETA cometió sus dos últimos asesinatos en España en julio de 2009 al matar a dos guardias civiles en Palma de Mallorca, y en marzo de 2010 se cobró su última víctima mortal tiroteando a un policía francés en París.
La presión policial descabezó sucesivamente su estructura operativa. Desde la captura en 1987 de Domingo Iturbe Abásolo, 'Txomin', cayeron jefes sanguinarios de la banda: 'Santi Potros', 'Pakito', 'Txelis', 'Susper', Mikel 'Antza', Soledad Iparraguirre 'Anboto', 'Thierry', 'Txeroki' o 'Ata'. La puntilla final se produjo en septiembre de 2015 con la detención de David Pla e Iratxe Sorzabal en la 'Operación Pardines', bautizada en homenaje a la primera víctima mortal de ETA.
El perdón asimétrico y la deuda con la memoria
Al anunciar el cese armado en 2011, ETA no condenó su pasado, alegó supuesta "represión" y obvió a las víctimas asesinadas. En su disolución de 2018 sí admitió su responsabilidad en el daño causado, pero pidió un perdón expreso únicamente a las víctimas "que no tenían participación directa en el conflicto". Aquel 'perdón a medias' provocó la justa indignación de la sociedad, al establecer una intolerable distinción entre víctimas inocentes y supuestos objetivos justificados.
Quince años después del cese de la violencia armada, ETA ha dejado de ser el principal problema ciudadano que marcaba el CIS en 2007. No obstante, la herida conviene tenerla en la memoria para que nunca más pueda volver a ocurrir. El balance final de este medio siglo de terror no corresponde a la banda que capituló derrotada, sino a la resistencia ejemplar de una sociedad democrática que se negó a claudicar ante el miedo.