"En casos tan graves las respuestas deben ser rápidas y ejemplares"

LOS menores implicados en la brutal paliza de Amorebieta, que dejó a la víctima en coma, tenían antecedentes. Este dato ha vuelto a desempolvar el debate sobre si las actuales herramientas legales son suficientes para sancionar a los jóvenes que reinciden. Algo en lo que coinciden los tres expertos consultados, si bien en los casos tan graves alguno rebajaría la edad penal y otro reclama "respuestas rápidas y ejemplares".

Aner Uriarte

Juez decano de Bilbao

"Los jueces no son laxos a la hora de aplicar la ley"

Cada vez que un delito grave cometido por menores sacude a la sociedad las miradas se tornan hacia la Policía y los jueces y la ciudadanía se pregunta si no se les debería sancionar con mayor dureza para evitar que vayan subiendo peldaños en su escalada de violencia. "Los jueces aplican la ley correctamente teniendo en cuenta todos los intereses y los principios que orbitan en torno al Derecho Penal. En este caso, castigar, pero a su vez resocializar, porque se entiende que los menores delincuentes son más susceptibles de reinsertarse", explica el juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, quien niega "tajantemente que haya más delincuencia entre menores o mayores de edad porque los jueces sean laxos a la hora de aplicar la ley".

Aclarado que la judicatura cumple con su cometido, la duda es si la Ley de responsabilidad penal del menor se queda corta para frenar a los reincidentes. "Las leyes penales están bien diseñadas. El problema es que no se puede aspirar a la delincuencia cero", pone de manifiesto Uriarte, convencido de que, pese a la conmoción causada por el caso de Amorebieta, "los instrumentos penales que existen en estos momentos son suficientes". "Es polémico decirlo cuando se ha producido un suceso tan grave, pero la legislación española en materia de menores es una de las más modernas del mundo y funciona muy bien", defiende.

Es más, añade, "en Euskadi a la justicia de menores la denominamos la joya de la corona porque el Gobierno vasco, que tiene la competencia desde hace mucho tiempo, invierte mucho dinero en ella y está muy bien diseñada desde el punto de vista de cumplimiento de medidas". También los juzgados de menores, dice, "funcionan muy bien y están al día en cuanto al número de asuntos". Pero que nadie se llame a engaño porque nada de esto va a hacer que desaparezcan del todo los delitos cometidos por menores. "Eso es imposible, en ningún sitio se consigue, pero los esquemas procesales, judiciales y los recursos que invierte la administración pública son muy razonables", reitera.

Dado que entre los detenidos por la paliza de Amorebieta también había adultos, el juez decano de Bilbao destaca la "diferencia abismal" que habrá entre ambos procesos penales. "Si el joven fallece, podríamos estar ante un homicidio consumado y si no, ante uno frustrado. También podría haber un delito de lesiones graves. En el caso más grave podríamos estar hablando de entre diez y quince años de prisión para los mayores de edad. Para los menores no creo que sean más de seis años en un centro de menores de carácter cerrado, que es mucho menos duro que una prisión", explica Uriarte. Además, subraya, "el juez tiene una gran flexibilidad para ir adaptando las medidas a las que se les condenen a su reinserción social y cabe la posibilidad de que el ingreso en un centro cerrado acabe cambiando por medidas más livianas".

Respecto a si sería conveniente rebajar la edad de responsabilidad penal, establecida por la actual legislación en los 14 años, apunta que "tampoco hay demasiados delitos graves que se cometan por menores de 14 años. Yo solo recuerdo aquel homicidio horroroso de aquel hombre de Amorebieta unas navidades. Lo mataron para robarle. Cuando le toca a la familia, es durísimo, pero no creo que haya una demanda social que nos exija bajar la edad penal de 14 hacia abajo", concluye.

Javier Urra

Psicólogo y ex Defensor del Menor

"La ley sí ampara una gran sanción"

La creencia de que los chavales que delinquen entran por una puerta y salen por otra está extendida, pero el psicólogo y ex Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid Javier Urra lo desmiente. "La sensación de que son impunes se da porque lo transmiten los medios de comunicación, pero es falso. No hay más que ver los datos de la Fiscalía de Menores. En España hay muchos centros de reforma y están llenos", asegura y recuerda que "un juez puede, en un hecho como el de Amorebieta, privar de libertad a un menor durante ocho años, diez en los casos de terrorismo. Por lo tanto, la ley sí ampara una gran sanción".

En definitiva, que por muchas vueltas que se le dé en las tertulias, a su juicio, "la respuesta legal es suficiente". "El problema no está en la ley, sino en por qué se generan ese tipo de grupos, en cómo educamos en la sociedad, en la escuela, en el hogar, en las redes sociales, para que haya jóvenes tan violentos, con tan poca capacidad de compasión, que sean capaces de cometer hechos tan salvajes y, además, grabarlo y transmitirlo para recabar el aplauso de otros jóvenes", pone sobre la mesa. "La pregunta que tiene que hacerse la sociedad –prosigue– es por qué ocurre lo de La Coruña o Madrid, por qué tenemos tantos agrupamientos de jóvenes violentos o de manadas, como la de Pamplona o la de Aranda de Duero, que violan en grupo".

Entre tanto interrogante, Urra insta a los medios a despejar la incógnita de las sentencias cuando se dicten para que "la sociedad pueda decir: Me parece mucho, poco o regular y los políticos, los legisladores, tengan claro lo que piensa". En lo que a él respecta, considera que "se podría sancionar más por hechos que no son tan graves para que los chavales tengan una respuesta penal. La sanción es parte de la educación y los menores que cometen delitos tienen todo el derecho a ser duramente sancionados, pero no es una cuestión de cambiar la ley, sino de hacer que se cumpla", matiza.

En todo caso, de reformar algún punto, sería el referente a la edad penal. "La ley tiene 21 años y no se ha modificado. Se podría plantear si un menor que comete un hecho grave de violencia, violación u homicidio de 12 a 14 años debe ser sancionado. Yo no tendría problema en que se modificara ese punto y se les sancionase para los casos más graves", confiesa Urra, que ha trabajado 32 años en la Sección de Menores de la Fiscalía General del Estado.

En cualquier caso insiste en que es "un error brutal creer que la solución de los problemas sociales", como el de la delincuencia juvenil, radica en las leyes. "Es como querer quitar los accidentes de tráfico y las muertes de carretera mejorando los hospitales. La ley no resuelve los problemas. La ley sanciona cuando ya se han cometido", remarca. No obstante, invita a quien quiera modificarla a que lo haga. "Si todo el mundo cree que es mejorable, cámbienla ya, pero no la cambian porque la gente cuando empieza a estudiarla dice: Oye, y exactamente ¿qué es lo que hay que cambiar? Y ahí es donde no queda claro", señala.

Tras reclamar a las Comunidades Autónomas que "pongan más medios, centros de reforma y terapéuticos", Urra se pregunta quiénes son las familias de los menores implicados en la paliza de Amorebieta. "¿Qué piensan los padres de los agresores? ¿Cuántos de ellos piden perdón por lo que han hecho?", deja en el aire este experto que llegó a presidir la Red Europea de Defensores del Menor.

Para terminar, Urra pide a la sociedad que "eduque en el cariño, el afecto, en el ponerse en el lugar del otro. Es lo que hace la mayoría y por eso la mayoría de los jóvenes son encantadores, pero a los que no lo son hay que sancionarlos desde corta edad porque es parte de la educación".

Juan Zalduondo

Educador social

"La solución no está en rebajar la edad penal"

También Juan Zalduondo, educador social y exdirector de Zabalondo Etxea, centro residencial donde conviven adolescentes que presentan conductas violentas, opina que la ley "cuenta con suficientes mecanismos para el abordaje de esta problemática" y que "la solución no está en rebajar la edad penal". "Ahora bien, en casos tan graves y que generan una gran alarma social las respuestas deben ser rápidas, ejemplares y todo lo reparadoras que sea posible", demanda, en alusión a la agresión de Amorebieta, este doctor en Ciencias Humanas y Sociales que ahora dirige Lotura Etxea, otro de los recursos para menores que gestiona la Fundación Amigó.

Zalduondo constata que "hay un nutrido colectivo de adolescentes que encuentran un reconocimiento social en el ejercicio de la violencia y otras conductas disociales, como consumo de drogas, conductas delictivas... Por tanto, construyen su identidad personal y grupal a partir del ejercicio de las mismas", explica. Este hecho, continúa, "es un elemento atractor muy poderoso para el mantenimiento de esta cultura de la violencia que parece que se está imponiendo en determinados colectivos" y que se ve abonada por las redes sociales. "Es más fácil mostrarse violento en la red, provocar, generar identidades... Todo eso tiene una inercia que se traslada a las relaciones reales y favorece que se produzcan hechos como este", advierte.

En cuanto a si las instituciones implicadas tienen su parte de culpa por no haber podido contener a estos menores conflictivos a tiempo, señala que "la Policía y la justicia tienen una responsabilidad directa clara, sobre todo si son reincidentes, pero también la familia, la escuela, las instituciones protectoras...".

Dado que "en este hecho influyen factores propios del contexto de esos chicos, así como factores de índole personal o psicológica, es una cuestión que debe abordarse de una manera integral no solo cuando el hecho se produce, sino también de manera preventiva y desde diferentes perspectivas: social, psicológica, educativa y, por supuesto, también punitiva y penal", resalta.

En este sentido, para impedir el desarrollo de este tipo de conductas propone integrar distintas medidas, "desde políticas sociales, económicas, formativas a acciones protectoras dirigidas a colectivos de riesgo y dificultad, pasando por acciones de carácter punitivo, como un mayor control policial o establecer mecanismos para que la aplicación de la justicia sea mas rápida y efectiva".

La agresividad con la que los implicados en la paliza de Amorebieta golpearon a la víctima, incluso ya inconsciente, suscita dudas sobre si es posible reinsertar a estos menores. "En el hecho de que un menor de edad o joven exprese su problemática o dificultad mediante conductas violentas confluyen varios factores. Las intervenciones que, además de las dificultades personales desde una perspectiva psicológica, educativa, médica..., abarquen las dificultades propias del contexto familiar y social tienen más probabilidades de éxito", asegura.

A la hora de reeducar a estos adolescentes, "conductas de abuso de drogas, problemas de índole psicológico, salud mental, familias desorganizadas en dificultad, contextos sociales desfavorecidos... son variables que empeoran el pronóstico, pero si se destinaran medios y se hiciera un abordaje integral no son insalvables", mantiene la esperanza.

Restricciones, estrés, confinamiento, frustración... La pandemia se antoja el caldo de cultivo perfecto para estas conductas agresivas. "Estas personas tienden a responder a situaciones frustrantes, estresantes, situaciones de dificultad en general, mediante conductas externalizantes o violentas y este contexto en el que vivimos favorece la expresión de las mismas", argumenta.

Sobre si se sienten impunes, este educador social considera que "la satisfacción que les produce expresarse violentamente es mucho mayor que el temor a las consecuencias". No obstante, está convencido de que "si estas fuesen mas graves e inmediatas, se generaría un contexto más restrictivo para la expresión y desarrollo de la violencia".

Dos casos

ya juzgados

Otxarkoaga

Dos Octogenarios muertos. Los dos menores que, a los 14 años de edad, mataron en enero de 2018 a un matrimonio de octogenarios en el barrio bilbaino de Otxarkoaga fueron condenados a seis años en un centro de internamiento. El tercer implicado, un menor de 16 años acusado de planear el asalto, fue absuelto, pese a que la Fiscalía pedía ocho años de internamiento, por considerar el juez que no quedó suficientemente acreditada su participación en el crimen.

Bilbao

Un hombre fallecido. El menor de 16 años acusado del homicidio de Ibon Urrengoetxea, 'Urren', el 23 de diciembre de 2017 en Bilbao fue condenado a seis años de internamiento en régimen cerrado, además de otros tres años de libertad vigilada. El otro implicado, de 13 años, era inimputable. 'Urren' murió por un golpe en la cabeza tras caer al suelo al recibir una patada que le propinó el menor condenado con intención de robarle.