El Supremo libra a Aldama de entrar en prisión por su "aportación al descubrimiento de los delitos"

Actualizado hace 5 minutos

El Tribunal Supremo ha condenado a cuatro años y medio de prisión al empresario Víctor de Aldama, el comisionista que optó por colaborar con la Justicia en el juicio al exministro José Luis Ábalos, pero ha suspendido la ejecución de la pena, de manera que no entrará en la cárcel.

La Sala ha adoptado esta decisión por su aportación al descubrimiento de los delitos y a condición de que Aldama no delinca, presente un informe semestral de actividades y realice un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

El empresario ha animado a colaborar con la justicia tras conocerse la suspensión de su pena, algo que el Tribunal Supremo ha premiado pero avisándole de que ello "no reduce la gravedad de los delitos cometidos".

"Espero que los que vienen detrás colaboren", ha aseverado Aldama este lunes a los medios de comunicación a su salida del Supremo después de conocer la sentencia, al tiempo que ha agradecido a la justicia y ha asegurado que "la colaboración en este país sirve". Aldama ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel, por los delitos de organización criminal y cohecho. Por su parte, el exministro de Transportes José Luis Ábalos ha sido condenado a 24 años y tres meses y su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses.

Atenuante

Los magistrados aplican al empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo' la atenuante analógica de colaboración muy cualificada y suspenden la ejecución de su pena por su "aportación realizada al descubrimiento de los delitos". No obstante, lo condicionan a que no vuelva a delinquir, realice un año de trabajos en beneficio de la comunidad y presente un informe semestral de actividades.

El Supremo explica en la sentencia que el beneficio otorgado a Aldama por su colaboración "no reduce la gravedad de los delitos cometidos contra los intereses generales ni disculpan, por tanto, de la obligación de establecer un riguroso marco suspensivo de ejecución de las penas impuestas que responda a los fines que justifican la propia suspensión".

Asimismo, el alto tribunal argumenta que no hay "razones relacionadas con la trayectoria criminal del acusado u óbices legales que impidan conceder la suspensión extraordinaria".

Delitos probados

Para el tribunal han quedado probados los delitos en la adjudicación de 13 millones de mascarillas por parte de entidades de Transportes como Puertos del Estado y Adif a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama; la remuneración mensual de 10.000 euros para "gastos fijos" de Ábalos, y la contratación de dos mujeres relacionadas con el exministro en empresas públicas, Claudia Montes y Jéssica Rodríguez, a la que la trama pagó el alquiler de un piso.

También ven acreditado el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción (Cádiz) también con opción de compra por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.