JJpD: "Los jueces son sensibles ante los desahucios, pero necesitan instrumentos jurídicos para proteger a las personas"

Actualizado hace 10 minutos

El portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y magistrado de la Audiencia Provincial de Bizkaia, Edmundo Rodríguez Achútegui, ha asegurado que los jueces son "sensibles" ante los desahucios, pero necesitan "instrumentos jurídicos" para proteger a las personas. A su juicio, los decretos de Vivienda que plantea el Gobierno español permitirán "avanzar" pero cree que la sociedad debe "tomar conciencia" de que las viviendas "no solo son un elemento con el que negociar, especular o enriquecerse" sino también "un derecho de las personas".

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Rodríguez Achútegui ha explicado que, en la actualidad, hay quien entiende que la vivienda es "un objeto de mercado, de negocio, algo parecido a que si compras acciones o compras cualquier otro bien de contenido patrimonial". Esto puede llevar a la posibilidad de transmitir un contrato de arrendamiento y una propiedad "con una persona dentro que tenga un contrato en vigor".

Hasta la fecha, según ha apuntado, se habían "dado pasos" con la Ley de Vivienda "para entender que la dimensión de la vivienda como derecho era más importante". Sin embargo, tal como ha recordado, "en primer lugar, esa ley no se está aplicando por muchas comunidades autónomas" y su desarrollo "venía complementado con otras medidas que no han funcionado o que se han dejado caer, como ha sucedido con la votación que impidió que ese escudo social se mantuviera".

En los juzgados entran a diario un "número importante" de desahucios

El magistrado ha afirmado que en los juzgados entran cada día un "número importante" de desahucios que proceden del incumplimiento de hipotecas y otros de la expiración del plazo, "que es el problema que tenemos ahora".

"Los casos en los que hay impagos de renta existen, pero son los menos. La inmensa mayoría son supuestos en los que es lo que ha sucedido es, sencillamente, que el propietario ha percibido que la renta que está cobrando es inferior a la que podría obtener si desahucia a esa persona y lo vuelve a alquilar (el piso), y esos desahucios por expiración del plazo son bastante numerosos", ha precisado. 2028.

En su opinión, con el decreto que prohíbe los desahucios hasta 2028, en "muchísimos casos", aunque "no en todos", se reactivaría el escudo social que decayó porque "se trata fundamentalmente de proteger a las personas y a las familias vulnerables".

Como consecuencia de esa moratoria, quienes "pasen ese filtro" y sean considerados "en una situación precaria" no podrán "ser lanzados ni desahuciados". No obstante, ha puntualizado que los jueces van a necesitar "que las instituciones se involucren".

Manifestación en repulsa por el desahucio de Maricarmen Abascal (Madrid) EP

Un informe de vulnerabilidad de los ayuntamientos y diputaciones

Edmundo Rodríguez Achútegui ha señalado que, a la hora de valorar si una familia "está pagando la renta y ha visto que su plazo de su arrendamiento ha finalizado y que, por lo tanto, tiene que abandonar la vivienda", los tribunales tienen que tener un informe de vulnerabilidad facilitado por ayuntamientos y diputaciones.

"La verdad es que estas instituciones están absolutamente desbordadas y, al final, lo que recibimos es un folio de dos líneas donde se nos dice que han hablado con esta familia o esta persona que es arrendataria, que no tiene una alternativa habitacional, y es lo único que nos dicen", ha manifestado.

Como consecuencia, ha ndicado que el trabajo judicial "ahí es complejo" porque "es casi especulativo" al "faltar los datos necesarios". "Si se hace un buen informe de vulnerabilidad, seguramente muchos casos en los que el desahucio se tiene que suspender en el último momento ni siquiera se llegarían a señalar", ha añadido.

Para el portavoz de JJpD, en materia de desahucios existe "sensibilidad" en los jueces, pero "también se tiene que disponer de instrumentos jurídicos para proteger mejor a las personas". En este punto, ha destacado que "todas las personas que están viviendo en una habitación, en lugar de una vivienda, no tienen la protección de la ley de arrendamientos urbanos".

"Eso es algo que ahora parece que el decreto ha recogido y que quiere cambiar. Han modificado la ley de arrendamientos urbanos y veremos si este viernes se ratifica esa decisión o no", ha precisado.

Olga Barciela iba a ser desahuciada este lunes. Miguel Toña

En caso de ratificarse, existe "alguna esperanza de que, por lo menos, si hubiera necesidad o petición del propietario", el lanzamiento se pueda aplazar hasta finales de 2028 y, a partir de ahí, "lo importante es acudir a los servicios de orientación jurídica de los que se disponen en los colegios de abogados y en los palacios de justicia, para las personas que no tienen recursos".

A partir de ahí, con asesoramiento, se debería "tratar de ver, en función de ese contrato, si las nuevas previsiones del real decreto les amparan, porque la verdad es que tienen alguna regulación que puede ser esperanzadora para las personas que están en esa situación".

En 2008 en Euskadi se llegó a los 1.000 lanzamientos al año

También ha apuntado que el mayor número de desahucios se produjo en 2008, justo después de la crisis de 2007, "porque muchísimas personas no pudieron pagar la hipoteca, no pudieron pagar el arrendamiento, y en Euskadi se llegó a tener por encima de los 1.000 lanzamientos al año". Posteriormente, se redujo a unos 700 o 800 anuales.

Los últimos datos, correspondientes a 2025, reflejan que, tras algunos cambios legislativos "que tratan de proteger a la ciudadanía", los lanzamientos cayeron hasta 300-400 al año.

Rodríguez ha destacado que en 2026, la moratoria de los lanzamientos ha decaído tras "un cambio de opinión de Junts respecto de su posición inicial en la ley de Vivienda" que "decidió apoyar la tesis de los que entienden que no debiera haber esa protección a las personas que están en una situación muy precaria". "Tenemos una bolsa de peticiones importantes de propietarios, sobre todo de propietarios que son empresas de este tipo, que se han descrito como fondos", ha dicho.

En su opinión, es "importante" distinguir el tratamiento jurídico que tiene un propietario con una segunda vivienda "que quiere arrendar y con la que completa su renta", de la situación de los grandes tenedores, "que tendría que estar muchísimo más limitada".

"Se avanzó con la ley de vivienda, ahora se avanza con este real decreto, pero yo creo que la sociedad tiene que tomar conciencia de que las viviendas no solo son un elemento con el que negociar, especular o enriquecerse en el mercado, sino que son también un derecho de las personas y por lo tanto que tienen que tener un tratamiento favorecedor y limitar este tipo de situaciones", ha concluido.