El PNV defiende la reforma del euskera como un paso sin abjurar del modelo vasco

Actualizado hace 6 minutos

Tras varios meses de diálogo infructuoso entre el PNV y sus aliados del PSE, tras la ruptura de esas conversaciones y en un incierto escenario que dependía en exclusiva de los votos de EH Bildu, el debate sobre el blindaje del euskera no ha quedado finalmente en vía muerta aunque era una posibilidad real. El Parlamento Vasco no ha hecho mutis y ha sido capaz de sacar adelante una reforma de la Ley de Empleo Público como respuesta a varias sentencias judiciales restrictivas que han tumbado los requisitos de conocimiento de euskera que son necesarios para acceder a distintos puestos de las administraciones. La propuesta aprobada este jueves en el pleno ordinario es la del PNV, que se ha embarcado en un proceso complejo y no del todo cómodo por lo que supone haber tramitado y aprobado una ley con el voto en contra de sus aliados de gobierno socialistas y haberlo hecho pactando con EH Bildu, pero difícilmente podía haber renunciado a plantear la reforma una vez visto el riesgo de retroceso en la normalización de la lengua vasca.

Ahora queda pendiente el desarrollo vía decreto por parte del Gobierno Vasco de coalición con el PSE, una tramitación que no será corta y que, por sus plazos de audiencias e informes, se extenderá más allá del verano y parte del otoño, según las fuentes consultadas. La competencia la tiene la vicelehendakari jeltzale Ibone Bengoetxea y está por ver si se puede producir un reencuentro entre los jeltzales y los socialistas, una puerta que parece difícil que se abra pero que tampoco deja cerrada la letra concreta del acuerdo PNV-EH Bildu: el documento matiza que el pacto no condicionará la firma de otros acuerdos o normas en el futuro con otras formaciones políticas. El PSE fue crítico con la reforma, pero evitó cualquier lectura en clave de estabilidad o ruptura del Gobierno.

La reforma jeltzale, que ha visto la luz con sus 27 escaños a favor, las 27 abstenciones de EH Bildu y el voto en contra del resto (21, incluidos sus socios del PSE), opta por dar autonomía a cada institución y ayuntamiento para que cada cual fije su propio índice de plazas con perfiles lingüísticos de acuerdo con su realidad social, en lugar de operar como hasta ahora con un índice general de obligado cumplimiento que algunas sentencias interpretaban como un corsé y un máximo. Además, para facilitar que nadie se sienta discriminado y que una cantidad determinada de personas se pueda presentar al examen aunque aún no sepa euskera, en todas las OPE habrá una cuota de plazas con la fecha de “preceptividad diferida”, es decir, con un número de plazas en el que sea posible acreditar en el futuro ese conocimiento en una fecha concreta, a cambio de que la administración fomente el aprendizaje.

El plan B: mirar a Catalunya y Galicia... pero también a la experiencia acumulada en Euskadi y la realidad social

La reforma del PNV se presenta como un paso más dentro de los criterios de progresividad y pluralismo que han guiado la normalización lingüística durante décadas, un proceso que los jeltzales siguen reivindicando como un éxito porque ha triplicado el número de euskaldunes en la administración. No responde, por tanto, a las pretensiones más maximalistas de EH Bildu, cuya propuesta de reforma jugaba también con el concepto de las fechas diferidas pero partía de la exigencia generalizada de euskera, un modelo “inverso” al vigente. Sin embargo y tras cuestionar la solidez de la propuesta jeltzale, EH Bildu terminó alcanzando un acuerdo el miércoles a la tarde con el PNV a cambio de un proceso de evaluación continua y de iniciar un análisis jurídico político en el futuro si se ve que la reforma del PNV no basta, si así lo aconsejara la existencia de nuevas sentencias firmes en más de una administración, o bien el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el sistema de perfiles que aún está pendiente tras la cuestión elevada por el Superior de Justicia Vasco. EH Bildu había exigido en público que el plan B fuera asumir lisa y llanamente la reforma de la izquierda abertzale. Pero el documento solo menciona que el análisis tomará como base los modelos de Catalunya y Galicia, un punto al que se aferra EH Bildu para proclamar que el PNV pondrá en marcha la propuesta de la izquierda abertzale, aunque no es eso lo que dice literalmente el documento, que también cita otros condicionantes y referentes como el trabajo realizado hasta la fecha en la comunidad autónoma vasca, “la experiencia acumulada en Euskadi” y su realidad sociolingüística.

En sentido estricto y a pesar de la foto de la sesión plenaria, no hubo argumentos de peso para aventurar un idilio entre el PNV y EH Bildu extrapolable a otras materias, ni tampoco una ruptura entre el PNV y el PSE por esta cuestión. Es cierto que EH Bildu, deseosa de mitigar su aislamiento político tras sus críticas al pacto de salud o las medidas de vivienda, proclamó que “se ha superado la política de bloques” y que ambos partidos deberían extraer lecciones para el futuro. Lo dijo Pello Otxandiano, quien tomó la palabra en lugar del portavoz en materia de euskera, Josu Aztiria, un gesto que ya de por sí indicaba el rango político que quería otorgar EH Bildu a este debate. Pero este acuerdo casa con el guion que viene escribiendo EH Bildu desde el comienzo de la legislatura, donde ella misma ha delimitado dónde puede alcanzar acuerdos con el PNV (sobre todo, en cuestiones relativas a la identidad nacional, donde se mueve más cómoda) y dónde no (vivienda). A un año de las elecciones municipales y forales de 2027, parece poco probable que el entendimiento se extienda a cuestiones relativas a la gestión de los servicios públicos.

El PSE, por su parte, lleva meses supeditando los derechos laborales frente a los lingüísticos, y en el pleno volvió a censurar sin paños calientes la reforma del PNV, pero su parlamentario Pau Blasi se ahorró cualquier lectura sobre la estabilidad o no del Gobierno o palabras más gruesas que denuncien un apartheid. El socialista recriminó al PNV que sacara adelante la reforma “contra la opinión de la mayoría de los grupos”, opinó que la Ley del Euskera de 1982 aprobada con el PSE está ya “bastante rota”, se preguntó dónde queda “el papel del Parlamento” en esa comisión de seguimiento que han pactado PNV y EH Bildu, y concluyó que las OPE serán ahora “más débiles, más inseguras y expuestas a recursos judiciales”. Ahora bien, Blasi no cerró la puerta al diálogo: “Nos tocará trabajar para revertir este panorama”.

El PNV valora el pacto y habla del "espacio central"

La defensa de la propuesta del PNV llegó de la mano del burukide encargado de los asuntos relativos al euskera, Markel Olano, quien intervino íntegramente en euskera en el Parlamento y lo hará en lo sucesivo para promover la normalización. Defendió que el acuerdo con EH Bildu “tiene un valor cuantitativo muy grande” por los 54 parlamentarios que tiene detrás, pero también tiene “valor cualitativo” por el “esfuerzo” realizado por dos partidos con culturas políticas muy diferentes. Ahí fue donde matizó que el PNV ha hecho “un poco más” de esfuerzo que EH Bildu porque ha salido de su “zona de confort”, y es una cuestión que en el partido ha generado “tensión”. Recordó que intentaron el acuerdo con sus socios del PSE y, al ver que no era posible, llamaron a EH Bildu. Y desmintió que el acuerdo suponga aumentar las exigencias de euskera. Olano aclaró que se “refuerza” el modelo vigente, se mejora y se activa un sistema de evaluación que tomaría como referencia también las experiencias de otras comunidades, “la llave” para el acuerdo con EH Bildu.

Añadió que el PNV quiere reforzar el “espacio central” frente a quienes quieren que el euskera siga siendo una lengua minorizada, y quienes puedan plantear un gueto. El PNV lo ve como un “paso” adelante que consolida el modelo.

PP y Vox amagan con más recursos

Por su parte, PP y Vox volvieron a amagar con nuevos recursos en los tribunales. El popular Santiago López insinuó que los requisitos de euskera son la vía del PNV para diseñar una administración pública de su cuerda, “una maquinaria de selección ideológica, social y lingüística”, y pidió que “a nadie le quepa duda de que el PP utilizará todas las herramientas legales a su alcance”. Incluso preguntó dónde se reunirá la comisión de seguimiento de PNV y EH Bildu, y si lo hará en alguna sala donde haya estado Leire Díez. Desde Vox, Amaia Martínez habló de un “Lizarra lingüístico” y dijo que seguirá llevando a los tribunales “todo atropello”. Por parte de Sumar, Jon Hernández aseguró que ha habido “cero diálogo” por parte del PNV, que “simplemente ha jugado a que Bildu les apruebe la iniciativa, y listo”. “Nadie ha conseguido modificar su pretensión original”, concluyó.