La ceremonia de la confusión en torno al papel que jugó Marruecos en la entrada masiva de decenas de miles de magrebíes y subsaharianos a Ceuta los días 30 y 31 de julio se ha visto ampliada en las últimas horas tras conocerse el informe de la Policía Nacional hecho público en la noche del martes que apunta a que la entrada de los migrantes en la ciudad autónoma estuvo guiada por gendarmes marroquíes, unos informados y otros de paisano, en varias oleadas. De ser cierto este relato de los acontecimientos que desgrana el informe remitido por la Policía española a la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, que investiga el caso para esclarecer si existen indicios de un eventual delito contra la integridad territorial del Estado, el objetivo de esta actuación sería colapsar el control fronterizo y eliminar la capacidad de respuesta de las autoridades españolas, al margen de otras cuestiones geopolíticas que el régimen de Rabat pretende rentabilizar con esta aparente crisis migratoria.
Quedaría así en evidencia la intervención directa del reino alauita hasta ahora negada tanto por el Gobierno español como por el Gobierno marroquí, pese a que el mínimo sentido común invita a pensar que tanto uno como otro estaban al corriente de un movimiento de alrededor de 80.000 personas para cruzar la valla de Ceuta. El informe pone en entredicho la versión reiterada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y por ende la del presidente Pedro Sánchez que hasta este martes ha defendido que no hay ninguna información por parte de ningún servicio de inteligencia que pruebe la participación de las autoridades marroquíes. Según el informe, el perfil de las personas que saltaron la valla “fue distinto en cada una de las dos fases del incidente y los agentes de Marruecos monitorizaron la ejecución en el terreno".
Reivindicación de Ceuta y Melilla
Además, "vincula estrechamente la operación con la reivindicación territorial de Rabat sobre las ciudades españolas de Ceuta y Melilla". Esta es otra de las claves de esta crisis, ya que en los últimos tiempos los discursos sobre la soberanía de Ceuta y Melilla se han endurecido, a lo que hay que añadir que el próximo 23 de septiembre Marruecos celebrará sus sextas elecciones legislativas bajo el reinado de Mohamed VI, con una presencia importante de formaciones nacionalistas que incluyen la reivindicación de Ceuta y Melilla, así como la del Sáhara Occidental.
La filtración del documento del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) enviado a la magistrada hizo temblar las paredes de Moncloa, con Pedro Sánchez y Marlaska en el epicentro del terremoto político que durante un mes tiene en vilo al Gobierno español y sirve de ariete al PP de Alberto Núñez Feijóo que cree que esta vez sí acaricia el fin de Sánchez y despliega todo su arsenal de denuncias contra el presidente español. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y mando único del Gobierno español para la crisis ceutí ha relatado que se enteraron por la noche de este martes y por ello Marlaska ha citado al director de la Policía. Además, ha señalado que si el informe policial dijera claramente lo publicado "lógicamente habría una responsabilidad".
Informe sobre la entrada masiva
Nada más conocerse el informe policial, Marlaska envió, en plena madrugada, un duro escrito al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, pidiendo explicaciones sobre una información que le deja en evidencia, tanto si lo desconocía como si lo conocía y no lo dijo. El ministro del Interior le ha pedido saber desde cuándo se disponía de este informe. Por su parte, el máximo responsable policial se ha reunido este miércoles con el jefe de los agentes del CENIF que elaboraron el informe y tras escucharlos, ha comunicado a Marlaska que ningún informe responsabiliza a las fuerzas de seguridad marroquíes de "la planificación o ejecución" de la entrada de alrededor de 80.000 personas en Ceuta (tantos como habitantes tiene la ciudad) los dos últimos días de julio. Al término de la reunión, Pardo ha comunicado a Marlaska que no existe informe policial alguno que atribuya a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de la llegada masiva.
Pardo también ha explicado al ministro del Interior que la jueza de la Audiencia Nacional dio órdenes a los investigadores de no facilitar a sus superiores "información alguna" sobre la elaboración y contenido de dicho informe, por lo que el director general de la Policía no tuvo conocimiento previo del mismo. Respecto al aviso que el CENIF remitió el 29 de julio a los puestos fronterizos, el director general de la Policía ha explicado que se trató de una "alerta de riesgo frecuente que no incluyó alusión alguna a una posible entrada masiva el día siguiente", 30 de julio, a nado, por vía marítima. Esta versión concuerda con la ofrecida por la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Congreso de los Diputados. Durante sus explicaciones ante la cámara legislativa la ministra aseguró que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) advirtió del riesgo de una incursión masiva de migrantes a Ceuta. El ministro del Interior negó entonces esta versión, poniendo en evidencia las contradicciones en el seno del Gobierno español en torno al origen de la crisis migratoria. Marlaska negó entonces que hubiera informes que dieran cuenta de una entrada masiva.
Información inmediata
De ser cierto el informe, el ministro del Interior pide a Pardo que aclare "desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa investigación" ya que considera que es "esencial para que el Gobierno pueda adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria de Ceuta en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado”. Asimismo, Marlaska ha recordado al director general de la Policía que, una vez declarada la situación de interés para la seguridad nacional por parte del Gobierno el pasado 25 de agosto "una información como esa debería haberse puesto de inmediato a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional", del mando único que lidera el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y de los demás órganos con competencias en este ámbito.
El Gobierno español mantiene mantiene de momento la prudencia y niega que haya ocultado información. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que son los primeros interesados en saber qué sucedió en la frontera, pero mientras no se conozca el detalle, es "el momento de la cautela".