El Gobierno reactiva en Bruselas la batalla por la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego

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El Gobierno tratará de reactivar la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea después de más de un año sin avances. A petición del Ejecutivo, el asunto estará incluido en la reunión del Consejo de Asuntos Generales que se celebrará el próximo 22 de septiembre en Bruselas.

La presidencia irlandesa de turno ha incorporado provisionalmente la cuestión bajo el epígrafe “Lenguas oficiales y ampliación”, según fuentes europeas. Sin embargo, figurará como un punto de información, por lo que no permitirá adoptar decisiones ni garantiza un debate en profundidad. El Gobierno dispondrá de unos minutos para defender su posición y las demás delegaciones podrán intervenir si lo desean.

Una negociación estancada desde 2025

La última discusión entre los Veintisiete tuvo lugar en julio de 2025, cuando la propuesta chocó con las reservas de varios países, encabezados por Alemania. Desde entonces, el asunto no había regresado al orden del día debido a la falta de la unanimidad necesaria para modificar el régimen lingüístico comunitario.

La petición fue presentada en agosto de 2023, tras el acuerdo alcanzado con Junts para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. El Ejecutivo aprovechó entonces la presidencia española del Consejo de la UE para llevar la cuestión a cuatro reuniones ministeriales. Posteriormente volvió a intentarlo durante las presidencias de Bélgica, Polonia y Dinamarca, sin conseguir el respaldo requerido.

Las dudas jurídicas frenan el acuerdo

Las principales reticencias se centran en la base jurídica de la medida y en la posibilidad de que siente un precedente para otras lenguas minoritarias de la UE. El Gobierno se ha comprometido a asumir los gastos adicionales, calculados por la Comisión Europea en unos 132 millones de euros anuales, y ha propuesto aplicar la oficialidad de manera gradual.

El plan planteado en 2025 contemplaba que las tres lenguas fueran oficiales parcialmente desde 2027. En una primera fase solo se traducirían los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo, equivalentes a alrededor del 3% de los actos jurídicos aprobados durante la anterior legislatura. El Ejecutivo también argumenta que el catalán, el euskera y el gallego ya estaban reconocidos por la Constitución antes de la adhesión a la UE, se utilizan en el Congreso y el Senado y cuentan con traducciones de los tratados y de parte de la legislación comunitaria.

Alemania mantiene sus reservas

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sostiene que 20 de los 27 Estados miembros ya no se oponen a la propuesta. Sin embargo, otras fuentes europeas elevan a una decena el número de delegaciones que todavía expresan dudas.

Alemania continúa siendo el principal obstáculo. Berlín considera que podría ser necesaria una reforma de los tratados europeos para garantizar la base legal de la oficialidad. Aunque ambos gobiernos abrieron un diálogo bilateral en octubre de 2025, las conversaciones no han permitido acercar posiciones y el Ejecutivo alemán mantiene sus reservas jurídicas.