Hacer que la escuela vasca sea ese ascensor social que nunca debió dejar de ser exige cirugía fina, anticipación y, sobre todo, atajar los desequilibrios que terminan agrietando la equidad del sistema. La buena noticia para la escuela vasca es que la intervención temprana funciona. Municipios que históricamente han arrastrado una altísima complejidad residencial están logrando revertir la concentración de la exclusión en ciertas escuelas.
Eibar se ha convertido en el espejo donde mirarse ya que ha logrado reducir el índice de vulnerabilidad en las aulas de dos años de un preocupante 33% en 2024 a un mucho más equilibrado 22,6% en 2026, un alivio que también se traslada a las clases de tres años. En una línea similar, Urretxu-Zumarraga ha recortado diez puntos enteros en el nivel de dos años, fijando su tasa en el 23,16%. En Araba, Amurrio firma una caída espectacular al pasar del 26,8% inicial a un testimonial 8,62%, confirmando que la planificación y las reservas de plazas dan excelentes resultados cuando se ejecutan con precisión.
Este éxito es el resultado directo del Índice de Vulnerabilidad que el Gobierno Vasco introdujo oficialmente en 2022 a través del Decreto de Admisión y escolarización del alumnado para combatir la segregación escolar y garantizar una distribución equilibrada del alumnado en los centros públicos y concertados. No estamos ante un frío recuento estadístico ni ante un simple papeleo burocrático; se trata de un plan activo, una herramienta de ingeniería social orientada a equilibrar la composición de las aulas de dos y tres años mucho antes de que se abran las puertas de los colegios en septiembre.
El gran acierto del modelo es que calcula el índice de cada zona según el alumnado que reside físicamente en ese barrio y no por los niños que ya están matriculados, lo que neutraliza el impacto de la libre elección de centro y fija cuotas de reserva obligatorias pegadas a la diversidad demográfica real de la calle. Según el Instituto de Investigación y Evaluación Educativa (ISEI-IVEI), el objetivo es que “los centros reflejen la diversidad real del barrio o localidad. Esto responde a una de las recomendaciones centrales Diagnóstico y respuesta a la segregación escolar en Euskadi: evitar que los movimientos de elección de centro generen desequilibrios injustificados entre zonas con composición social similar.
Sin embargo, el realismo se impone en los despachos de Lakua, donde las autoridades y los analistas técnicos admiten con claridad que, a pesar de estos importantes avances, aún queda un largo camino por recorrer. Las brechas estructurales de fondo tienen raíces muy profundas y la desigualdad entre municipios sigue mostrando resistencias complejas que no se disuelven de la noche a la mañana.
La cocina del índice
Para entender el alcance de la medida hay que mirar a la cocina del sistema pedagógico. En el primer acceso a las escuelas, a los dos y tres años, apenas existen diagnósticos médicos, madurativos o de aprendizaje. Por eso, Educación calcula este índice evaluando de forma directa la situación socioeconómica y cultural de las familias, el denominado ISEC. A través de un cuestionario minucioso se miden y ponderan variables fundamentales: la situación laboral de los progenitores influye en un 27,7%, el nivel de estudios en un 21,6%, y el resto se calibra según los bienes económicos, los recursos tecnológicos y el volumen de libros que visten el hogar. Aquellas solicitudes que quedan por debajo del percentil 15 –fijado para este curso en un corte numérico exacto de 2,661 sobre una escala de seis– se tipifican oficialmente dentro de la tasa de vulnerabilidad. La evolución de la matrícula desde que comenzara el seguimiento de estos datos en el curso 2023 dibuja una Euskadi de tres velocidades, donde junto a los citados casos de éxito conviven focos de exclusión cronificada y oasis de rentas altas.
Gráfico Vulnerabilidad
La otra cara de la moneda la representan los antiguos núcleos industriales y determinados distritos de las capitales, donde la vulnerabilidad se enquista en una suerte de meseta alta o directamente repunta. Sestao sigue encendiendo las alarmas con un índice que en las aulas de dos años escala hasta el 34,25%. Gasteiz evidencia una preocupante polarización: su Zona Escolar 1 (comprende el centro de la ciudad, el Casco Medieval y sus zonas cercanas) no deja de subir: encadena ya un 33,12% en dos años y roza el 37% en tres años, mientras que la Zona 2 (en el noroeste de la capital) da un vuelco al subir casi nueve puntos en el último curso. En Bilbao, el Casco Viejo (Zazpikaleak-Atxuri) casi duplica su vulnerabilidad en tres años situándose en el 24,71%, mientras que el distrito de Ametzola-Iralabarri-Errekaldeberri permanece estancado por encima del tercio de su población escolar vulnerable, con un 32,26%.
A años luz de esta realidad social se encuentran los tradicionales oasis residenciales, donde la vulnerabilidad es un concepto casi ajeno a las aulas. En Getxo, las zonas de Algorta, Romo o Andra Mari apenas se despeinan con porcentajes que oscilan plácidamente entre el 2,7% y el 5,7%. Lo mismo ocurre en las áreas de Erdialde y Mendebalde en Donostia, consolidadas como los entornos socioeconómicos más favorecidos de Euskadi, con tasas inmóviles de entre el 3,45% y el 4,55%.
El ‘efecto escalera’: anticiparse a las dificultades
La fotografía que deja esta serie histórica pone sobre la mesa una lección que condicionará el futuro de la educación pública: el denominado efecto escalera. Los datos demuestran que el índice de vulnerabilidad crece de forma matemática conforme los niños cumplen años. En las aulas de cuatro y cinco años las cifras se disparan por encima del 30% en casi todo el territorio. No es que las familias se empobrezan de repente; es que es a esas edades cuando el sistema escolar empieza a detectar, diagnosticar e incorporar oficialmente al alumnado con Necesidades Educativas Especiales, retrasos madurativos o trastornos del lenguaje. Ahí radica precisamente el valor del termómetro social implantado por el Gobierno Vasco: en la capacidad de detectar la raíz socioeconómica del problema a los dos años para poder repartir los recursos, blindar las aulas y desplegar los apoyos pedagógicos necesarios antes de que la brecha se vuelva insalvable. El camino está trazado, pero la escuela vasca aún tiene importantes deberes por delante si quiere garantizar una equidad real de punta a punta del territorio.