El incremento del salario mínimo y su impacto en el empleo, de nuevo a debate

Las negociaciones entre Gobierno y agentes sociales se han multiplicado en las últimas semanas. Al diálogo sobre la reforma de las pensiones, que el Ejecutivo quiere cerrar cuanto antes para ser remitida a Bruselas, se suma la del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Pero las posturas entre sindicatos y CEOE tampoco parecen cercanas en este punto. Actualmente, el SMI se encuentra, tras los últimos cambios en febrero de este año, en 1.000 euros brutos mensuales en 14 pagas tras un incremento de 35 respecto al último baremo. El Ministerio de Trabajo, que encabeza Yolanda Díaz, maneja un informe encargado a una comisión de expertos que sugiere situarlo entre 1.046 y 1.082 euros, lo que en términos porcentuales equivale a una subida de entre el 4,6% y el 8,2%. La CEOE ofrece acordar un 4% de incremento, mientras que los sindicatos UGT y CCOO defienden que ese aumento ronde el 10%, hasta los 1.100 euros.

El debate sobre la conveniencia para la economía de elevar el SMI es periódico y se redobla en época de negociaciones. Por un lado, quienes se muestran partidarios de subirlo recalcan que reduce las desigualdades sociales, beneficia especialmente jóvenes y mujeres y permite mantener el poder adquisitivo de los trabajadores en una situación como la actual, marcada por una persistente inflación que, aunque más contenida en los últimos meses de este año, sigue atacando a las familias. Por el otro, quienes se manifiestan contrarios a retocarlo al alza aseguran que daña la creación de nuevos empleos, reduce la competitividad de las empresas y acaba perjudicando a los colectivos más vulnerables del mercado de trabajo.

El documento presentado por la Comisión Asesora para el Análisis del SMI se basa, a su vez, en estudios de Iseak, centro de investigación económica radicado en Bilbao, la Universidad Complutense y la Universidad de Alcalá. La materia que más controversia presenta, y que es también objeto de debate tanto en la esfera económica como política, es la que atañe al impacto en el empleo.

CREACIÓN DE EMPLEO

El estudio de Iseak aborda los efectos de la subida del SMI en el año 2019 hasta los 900 euros, proclamando un “impacto nulo” en el empleo hasta cinco meses después de la subida. No obstante, a partir de ese momento se produce “un ligero aumento de la probabilidad de pérdida de empleo” y un “impacto gradual negativo” en la creación de nuevos puestos de trabajo, cuantificada en alrededor de 28.000 empleos.

Por su parte, el estudio de la Universidad de Alcalá desliza consecuencias más benévolas para el mercado de trabajo. Así, el documento subraya que el análisis de las trayectorias laborales posteriores a la introducción del nuevo SMI en 2019 muestra que “no se produjo un aumento de la inestabilidad ni de la pérdida de ingresos salariales”.

Más cauteloso se muestra el Banco de España. En un informe de 2021, remarca que “tras el incremento del SMI en 2019, hubo un menor crecimiento del empleo del colectivo con menores salarios”. En este trabajo, se analizan los escenarios para los colectivos para los que se conciben la reforma, resaltando que “sugieren” un “mayor impacto adverso sobre el empleo de los colectivos de mayor edad y una reducción más acusada de las horas trabajadas y del flujo de creación de empleo para los jóvenes”. El análisis alude a un perjuicio más acusado en sectores como la agricultura, la construcción y el sector servicios en general, si bien los autores admiten la falta de “evidencias robustas” que permitan atribuir íntegramente la desaceleración en la creación de puestos de trabajo a las sucesivas mejoras en los volúmenes del SMI.