Urkullu destaca la firmeza del Gobierno vasco con los despidos de De Miguel y Otxandiano

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha destacado este viernes la "firmeza", el "rigor" y la "garantía jurídica" con la que ha actuado su gobierno al despedir ayer mismo a los exdirigentes del PNV Alfredo de Miguel y a Koldo Otxandiano, tras conocerse el auto de firmeza de sus condenas por corrupción emitido por la Audiencia Provincial de Álava.

Urkullu ha respondido de este modo en el pleno de control del Parlamento Vasco a una pregunta formulada por el presidente del PP vasco y portavoz del grupo PP+Cs, Carlos Iturgaiz, quien ha acusado al Ejecutivo autonómico de haber "protegido" a Alfredo de Miguel.

De Miguel y Otxandiano fueron despedidos ayer de sus respectivos trabajos en empresas públicas una vez conocido el auto de firmeza de sus condenas emitidos por la Audiencia Provincial de Álava, que dio 10 días para entrar en prisión a los condenados en el mayor caso de corrupción juzgado en Euskadi.

"Ayer mismo, tras una larga espera, recibimos el auto de firmeza y ayer mismo, tal y como prometimos, nos apresuramos a despedir a los dos condenados", ha recordado Urkullu, quien ha dicho que el proceder de su Gobierno refleja que "ha actuado con total firmeza ante una situación inaceptable, adoptando decisiones con rigor y garantía jurídica".

Urkullu ha acusado a Iturgaiz de hablar "muy a la ligera", desde el "trazo grueso" y con "demagogia para hacer ruido", por lo que le ha conminado a acudir a los tribunales si conoce casos de presunta corrupción que puedan afectar a representantes institucionales del PNV.

Ha subrayado que su Ejecutivo condenó "desde el primer momento" el conocido como "caso De Miguel" y se ha defendido de las acusaciones de Iturgaiz al recordar que el Gobierno Vasco cuenta con el "Código Ético más estricto del Estado".

No obstante, ha precisado que con la existencia de comisiones éticas en las instituciones no es suficiente para evitar y afrontar posibles casos de corrupción, al tiempo que ha advertido de que "no es ejemplar destruir pruebas ni discos duros a martillazos", en referencia a casos judiciales que han afectado al PP.

Por su parte, Iturgaiz ha mantenido que "los casos" de presunta corrupción que afectan al PNV "se suceden" y como ejemplo se ha referido al caso De Miguel al asegurar que aúna "amiguismo, clientelismo y corrupción, un tres en uno".

"Ya les gustaría a muchos trabajadores vascos una protección laboral a ultranza como la que han ofrecido a De Miguel. A ustedes no les preocupa acabar con el amiguismo, sino limpiar la imagen del amiguismo. ¿Cuántos De Miguel deben llegar para que aborden la realidad?", ha preguntado.

El 'caso De Miguel' "se ha acabado"

Por su parte, el portavoz y consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, ha asegurado este viernes que el 'caso De Miguel', de corrupción en Araba, "se ha acabado", y que el auto de firmeza que decreta el ingreso en prisión y una inhabilitación de 48 años para ejercer cualquier cargo público a Alfredo de Miguel y Koldo Otxandiano es "muy claro".

Zupiria se ha referido, de esta manera, en una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, a la sentencia del Tribunal Supremo sobre este caso de corrupción por el que están condenados De Miguel, Otxandiano y otros excargos del PNV, y al auto de firmeza comunicado este pasado jueves por la Audiencia Provincial de Álava.

"No hay otra manera. La Audiencia de Araba dictó la sentencia de ejecución. Tras recibir la sentencia del Supremo, se la comunicó a todas las partes, tanto a los condenados como a la administración, y es muy clara en cuanto a cuestiones laborales. A estas dos personas, que eran trabajadores de la administración vasca, se les ha impuesto como castigo una inhabilitación de 48 años para tener un cargo o empleo público y punto. Se ha acabado", ha insistido.

En todo caso, el portavoz del Gobierno Vasco ha considerado que, "si las sentencias y las aclaraciones hubieran llegado antes", el Ejecutivo también podría haber adoptado antes "algunas decisiones", aunque ha destacado que "era muy necesario que las sentencias y las aclaraciones dijeran que están inhabilitados por 48 años para tener un empleo público".

"PUERTAS GIRATORIAS"

Por otro lado, Zupiria ha lamentado que, tras los casos de dos exviceconsejeros y tres exdirectores del Gobierno vasco que recibieron la autorización para fichar por empresas privadas sin esperar dos años tras su cese, "parece que todos somos unos sucios corruptos" cuando, según ha dicho, "las cosas no son así".

El portavoz del Ejecutivo vasco ha recordado que el Parlamento vasco aprobó en 2014 una ley con la que se gestionan este tipo de casos y establece cómo se debe actuar, pero que, "ocho años después, a algunos de los partidos que aprobaron esa ley les parece que hay una gran subjetividad y que quizás se deberían "aclarar más algunas cuestiones", por lo que ha considerado que, "si el Parlamento cree que se debe regular de otra manera, puede hacerlo como lo hizo antes".

Así, ha explicado que, cuando se llega a un alto cargo en el Gobierno, un servicio autónomo del propio Ejecutivo les hace saber las obligaciones que tienen por el cargo que han asumido, y que, posteriormente, "nos corresponde a cada uno de nosotros cumplir las normas, y creo que en la gran mayoría de los casos se hace".

"Otra cosa es hasta dónde tienes libertad para ir al ámbito privado, una vez que has tenido un cargo público en la administración. Creo que la ley es muy amplia y ofrece grandes opciones, aunque en estos momentos, en el debate parece que todo está en juicio y que todos somos unos sucios corruptos, pero las cosas no son así", ha asegurado.

Bingen Zupiria ha señalado que la ley "no impide irse al ámbito privado tras haber tenido un alto cargo en una administración, sino que lo que dice es que, si yo he concedido una ayuda directa a una empresa, debería pedir permiso sobre ello y ese servicio me diría si es correcto lo que he hecho y que me puedo ir, o que no puedo ir".

"La ley está ahí y las leyes están para cumplirse. Todos sabemos lo que debemos hacer, ese servicio nos comunica lo que debemos hacer, y lo que nos corresponde a nosotros es cumplir y hacer cumplir lo que se dice en la ley. Yo tengo claro que, si he hecho un favor a alguien, no puedo ir a esa empresa a trabajar, pero, si las cosas se han hecho con transparencia, no me pueden impedir ir al sector privado cuando dejo el cargo, la leuy no me lo impide. Por lo tanto, no sé por qué se quiere hacer ver que estamos haciendo cosas que no admite la ley, cuando no es así", ha concluido.