El dispar criterio jurídico del Congreso siembra dudas sobre la ley de amnistía

Un nuevo documento de los letrados del Congreso siembra la duda de la constitucionalidad de la ley de amnistía que tramita la Cámara y ve indeterminación en el ámbito de aplicación que figura en la iniciativa registrada por el PSOE. Su posición contrasta con el primer informe jurídico que emitió el secretario general de la Cámara baja –y letrado mayor–, Fernando Galindo, donde se decía que no entraba en una contradicción “palmaria” con la Carta Magna y se admitió a trámite para posibilitar el debate parlamentario. Ahora son las letradas de la Comisión de Justicia que debe tramitar la norma, que trabajaron con presidentes del PP –Piedad García Escudero fue letrada mayor con Luisa Fernanda Rudi e Isabel Revuelta fue secretaria general técnica de Defensa con Federico Trillo–, las que inciden en este segundo escenario y matizan “la consideración fundamental de que ha de ser en su caso el Tribunal Constitucional el que se pronuncie sobre la ley aprobada por las Cortes Generales”.

Según este nuevo informe, de 13 páginas y presentado tras ser admitidas a trámite las enmiendas parciales de las formaciones políticas, los artículos de la proposición de ley que permitirían amnistiar delitos de malversación y de terrorismo, siempre que no haya sentencia firme, podrían ser contrarios al derecho europeo. El texto adolece de “falta de determinación” en el ámbito de su aplicación, tanto en cuanto a los delitos amnistiados como en el plazo en el que se cometieron, señala el equipo de letrados. Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha evitado encender la voz de alarma desdeñando este último documento y remitiéndose al anterior, además de reiterar que la ley resulta “impecable” y de que la última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional (TC).

Los letrados ponen en cuestión que la amnistía de 1977 pueda ser la premisa para deducir que ésta sea una “figura jurídica permitida por la Constitución y abierta al ámbito de decisión del legislador”, dado que no figura entre las competencias de las Cortes Generales y además la Carta Magna “desautoriza expresamente” los indultos generales. Según ellos, esa indeterminación no se corresponde con el “carácter excepcional de una extinción de responsabilidad ni con las exigencias de una ley singular, lo que puede afectar al principio constitucional de seguridad jurídica y dificultar la aplicación unívoca de la ley”. Hacen hincapié en el artículo referido a los numerosos actos y acciones enumerados que pueden ser amnistiados y sobre todo avisan sobre los hechos que hubieran consistido en la aprobación de leyes, “cuya competencia no corresponde a autoridades o funcionarios públicos sino a órganos parlamentarios”. En cuanto al marco de aplicación de la ley también advierten de que se queda abierto a acciones que para ser amnistiadas no precisan encontrarse “directamente relacionadas con estas consultas” y pueden haber “sido realizadas con posterioridad a su respectiva celebración”. Principalmente, este nuevo informe considera que atribuir a las Cortes una iniciativa genérica de amnistiar “desbordaría la naturaleza de ley singular” que el PSOE defiende en la exposición de motivos y podría invadir la “potestad jurisdiccional atribuida por el artículo 117.3 de la Constitución en términos taxativos exclusivamente a los juzgados y tribunales”.

El Gobierno no se inmuta

En este contexto, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha agarrado a los documentos que van “en una línea distinta”. “Hay distintos informes, de penalistas, de catedráticos de constitucional y que yo conozca hay tres de letrados del Congreso, y todos ellos son respetables y los vamos a analizar desde el Gobierno”, ha manifestado, recordando que “hace unos días hubo un informe también de los letrados del Congreso en el que no había ninguna duda sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía y en marzo de 2018 hubo otro también de los letrados de la Cámara que decía que esta medida era una herramienta absolutamente constitucional”. El Gobierno de Sánchez recalca que será en todo caso el Tribunal Constitucional quien se pronuncie sobre una norma que “ya se valoró como un texto legal de escrupuloso cuidado con el mandato constitucional” y que se trabajó de manera muy cuidada y rigurosa y con respeto absoluto a lo que pudieran decir los operadores jurídicos.

Por contra, el PP se congratula de este “demoledor” segundo informe de los letrados que evidencia, a su juicio, que el Ejecutivo ha hecho “una ley a la carta para beneficiar a personas con nombres y apellidos, para beneficiar a sus socios”. “La política no puede pasar por encima del Derecho, tal y como pretende Sánchez”, ha reprochado su portavoz, Miguel Tellado. Ante este dispar criterio jurídico, el PP emplaza a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a aclarar cuál es el criterio jurídico de la Cámara. “Hay un dilema jurídico en la posición de los letrados porque se han emitido dos informes distintos y contradictorios sobre este asunto. Si todos los letrados opinan como los de la Comisión de Justicia, quizá el secretario general del Congreso (y letrado mayor) tendría que plantearse su continuidad en el cargo”, ha aseverado el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons.

Delitos de terrorismo

Moncloa, eso sí, considera que los delitos graves, como los de terrorismo, “han de estar exceptuados de la amnistía”, como sin embargo demandan Junts y Esquerra Republicana. Ahora bien, la proposición de ley registrada por el PSOE únicamente incluye entre las excepciones para aplicar la amnistía “los actos tipificados como delitos de terrorismo castigados siempre y cuando haya recaído sentencia firme”. Eso implica que sí serían amnistiados los delitos de esta índole sobre los que no haya fallo judicial firme, como en el caso de los 12 CDR procesados por la Audiencia Nacional o los investigados por pertenencia a Tsunami Democràtic. Bolaños avala únicamente “las enmiendas pactadas” entre PSOE, ERC, Sumar, EH Bildu y BNG, que “refuerzan una ley que ya de por si es sólida e impecable y absolutamente conforme con la Constitución”.