Hay cuestiones para las que no se aplica la clásica división entre jueces conservadores y progresistas. Una de las más claras es la diversidad lingüística. Ahí da lo mismo que sus señorías derroten por la diestra que por la siniestra porque lo que se impone es el rancio 'jacobinismo'. Como muestra, el triste botón que acaba de evacuar el Tribunal Constitucional español, requete progresista según la etiqueta al uso, tumbando la ley vasca que posibilita que los ayuntamientos prioricen el euskera en sus relaciones con los vecinos. Se da la razón, y esto tampoco es casualidad, al propio Superior de Justicia del País Vasco que planteó una cuestión de constitucionalidad al respecto, coincidiendo argumentalmente con Vox, la formación que ahora se anotará el triunfo.

"Hemos vuelto a parar los pies a los pérfidos discriminadores lingüísticos", presumirán ante la más que previsible satisfacción del PP, seguramente también del PSE, y me apuesto algo a que, en alguna medida, igualmente de lo que hoy se hace llamar Sumar. Y la cuestión es que estarán aplaudiendo, en realidad, la enésima vulneración de los derechos lingüísticos de la población que prefiere relacionarse en euskera con su administración más cercana.

Como se ha explicado por activa, pasiva y circunfleja, esta norma dejaba claro que los 'castellanohablantes' siguen teniendo garantizado su derecho a realizar cualquier tipo de trámite municipal o recibir documentación en su lengua. Se tuvo especial cuidado en la redacción, precisamente para evitar el uso politiquero de lo que sólo pretendía equilibrar derechos.