El CES advierte que la Ley del Sector Público Vasco puede comprometer sus funciones

Actualizado hace 9 minutos

El Consejo Económico y Social Vasco (CES) ha emitido un informe sobre el anteproyecto de 'Ley de Agilización y Simplificación del Sector Público Vasco', advirtiendo de que la reducción a la mitad de los plazos de sus dictámenes preceptivos "puede comprometer seriamente las funciones y el funcionamiento ordinario" del organismo.

Así, afirma sobre este aspecto que "la simple reducción de plazos no es una medida positiva 'per se'" y subraya que "la propuesta de reducir a la mitad los plazos de sus dictámenes preceptivos - que, además, tienen carácter de esenciales - para los anteproyectos de ley y los planes generales del Ejecutivo puede comprometer seriamente las funciones y el funcionamiento ordinario" del CES.

La propuesta ha sido elaborada por el departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, con un dictamen aprobado por mayoría, con el voto particular del representante de las entidades financieras, según ha informado en un comunicado.

Necesidad social y económica

Además, el dictamen estima adecuada la tramitación de la norma con las consideraciones que efectúa para su modificación, entre las que destaca, "por cuanto afecta al funcionamiento del propio CES vasco", la relativa a la reducción de plazos.

En cualquier caso, valora la iniciativa ya que, considera, "responde a una necesidad social y económica muy demandada" y directamente relacionada con la calidad de los servicios públicos, el ejercicio efectivo de los derechos de la ciudadanía y con la competitividad y el desarrollo de la actividad socioeconómica.

En este sentido, el dictamen destaca que la iniciativa legislativa haga referencia a "cuestiones decisivas" para lograr la reducción de los costes asociados a la relación de la ciudadanía y las empresas con los poderes públicos.

Cautela por las implicaciones

De manera específica, menciona la utilización preferente de declaraciones responsables y comunicaciones frente a autorizaciones previas y el carácter excepcional de estas últimas; la eliminación de trámites, documentos y controles sin valor añadido; el principio de aportación de datos una sola vez y la interoperabilidad; la concentración de trámites y la solicitud simultánea de informes; la reducción de plazos y la medición de los tiempos reales de resolución; y la intervención administrativa "mínima".

No obstante, el CES recuerda que "la mera aprobación de una normativa no garantiza el éxito" si no se logra su aplicación efectiva y, en este sentido, señala que "han sido numerosos los intentos legislativos en el mismo sentido que, desgraciadamente, no se han logrado trasladar a la práctica".

Asimismo, el dictamen precisa que, si bien "el objetivo es deseable", ha de abordarse "con absoluta cautela por las implicaciones que conlleva". En este sentido, plantea una serie de aspectos que, a su entender, deben ser objeto de reflexión, concreción, mejora o modificación, como la reducción de plazos en procedimientos de elaboración de disposiciones de carácter general.

Así, indica que, aunque la simplificación y la reducción de plazos constituyen "finalidades legítimas y expresamente perseguidas por el anteproyecto", su aplicación "no debe traducirse en un menoscabo de la capacidad real de los órganos consultivos representativos de los intereses económicos y sociales para desarrollar adecuadamente las funciones de participación institucional que el ordenamiento jurídico les encomienda".

Carácter excepcional

Por otro lado, el dictamen advierte sobre la reducción de plazos en el conjunto de los procedimientos administrativos y recuerda que es necesario "preservar el carácter realmente excepcional de las autorizaciones previas". Asimismo, llama a garantizar la aplicación efectiva del principio "solo una vez" y hacer "efectiva la regla de compensación de cargas administrativas", así como "facilitar el principio de concentración" también en la fase de requerimientos de subsanación.

En cuanto a las entidades colaboradoras de certificación y el régimen de certificación documental acreditada, el dictamen menciona que el anteproyecto "no determina quién paga el servicio, cómo se fijan las tarifas, si deben publicarse, si existen límites o bonificaciones", y que "adolece de falta de concreción en aspectos clave" como los profesionales mínimos habilitados para ejercer las funciones.

Derecho a la trazabilidad