El futuro Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) de Arana, en Vitoria-Gasteiz, comienza a despejar las incógnitas que no se habían concretado hasta el momento. Tras las intensas discrepancias entre las instituciones vascas y el Ejecutivo español sobre el proyecto, la secretaría de Estado de Migraciones ha anunciado un giro significativo y el centro iniciará su actividad con 120 plazas, una cifra notablemente inferior a las 350 proyectadas originalmente. Este movimiento responde directamente a las reclamaciones del Gobierno vasco y del PNV, que habían solicitado el redimensionamiento o incluso la paralización del centro para adecuarlo al modelo de acogida de Euskadi.
Un tercio de la capacidad proyectada
La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, realizó este martes una visita técnica a las obras del antiguo edificio de Arana, acompañada por la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia. Durante el encuentro, Cancela subrayó que la decisión de limitar la capacidad inicial a 120 personas es fruto de un ejercicio de "escucha" y "diálogo permanente" con las administraciones vascas competentes.
A pesar de que el edificio mantiene una capacidad máxima de 350 plazas, el Ministerio ha optado por la prudencia para garantizar una convivencia fluida. "No tenemos ningún problema en adecuar las plazas necesarias a lo que el diálogo demande", afirmó la secretaria de Estado, dejando la puerta abierta a futuros ajustes si el consenso institucional así lo requiere. Esta rectificación busca rebajar la tensión política, especialmente tras las reticencias mostradas por el grupo municipal del PNV, con quien el Ejecutivo central mantuvo una reunión que ha sido calificada de "positiva".
Apertura en octubre
En cuanto al calendario, el cronograma está marcado por las exigencias de la financiación europea. Las obras del complejo, que cuenta con una superficie construida de 16.500 metros cuadrados, deben estar finalizadas y entregadas para el 30 de junio. Este límite temporal viene impuesto por los fondos Next Generation, que financian los 16 millones de euros destinados a rehabilitar un edificio que llevaba diez años en desuso y presentaba un avanzado estado de deterioro.
Sin embargo, la entrega de la obra no supondrá su puesta en marcha inmediata. Durante el verano, se procederá a la contratación de la entidad gestora y del personal especializado necesario para atender a los residentes, lo que postergará la apertura oficial hasta el mes de octubre. Con este margen, el Gobierno español pretende asegurar que la transición sea ordenada y que el centro cuente con todos los recursos asistenciales operativos desde el primer día.
Un perfil vulnerable y familiar
Uno de los puntos clave para tranquilizar tanto a las instituciones como a los vecinos de la zona ha sido la definición del perfil de las personas acogidas. El Gobierno ha confirmado que el centro albergará mayoritariamente a unidades familiares, mujeres solas con hijos y mujeres víctimas de violencia de género. Se trata de personas que ya se encuentran dentro del sistema estatal de acogida, con un seguimiento individualizado, y que huyen de conflictos bélicos o persecuciones en sus países de origen.
Cancela ha sido tajante al rechazar los discursos que vinculan la inmigración con la inseguridad, asegurando que "ligar solicitantes de asilo con miedo no es un razonamiento lógico". El objetivo primordial del recurso es la integración plena, un proceso que, según los datos del Ministerio, es exitoso en el 80% de los casos, logrando que los residentes se incorporen a la vida activa a través del empleo y la formación.
Integración en el barrio de Arana
El proyecto no solo contempla la residencia de los refugiados, sino también una apertura física al entorno de Vitoria-Gasteiz. El Ministerio se ha comprometido a que determinadas dependencias del centro sean de uso compartido con los vecinos, incluyendo la instalación de áreas de juegos infantiles en el exterior y posibles centros sociales.
"Este centro es una oportunidad para que Vitoria siga siendo una ciudad pionera en los servicios sociales y en la acogida", destacó Marisol Garmendia. La intención es generar un clima favorable donde las personas refugiadas se sientan bienvenidas tras las duras experiencias vividas, convirtiendo el CAPI de Arana en un referente de cooperación institucional y convivencia ciudadana. El compromiso de mantener un "diálogo constante" con el Ayuntamiento y los colectivos vecinales será, a partir de ahora, la hoja de ruta para evitar nuevos desencuentros antes de que las primeras familias lleguen en otoño.