EH Bildu cuestiona que el Gobierno vasco quiera un "pacto de país" en materia presupuestaria

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento vasco, Maddalen Iriarte, ha cuestionado la voluntad del Ejecutivo de llegar a un "pacto de país" presupuestario cuando no se ha abierto un marco de diálogo con la oposición antes de que el próximo martes el Consejo de Gobierno apruebe el proyecto de ley de las cuentas públicas para 2023.

Iriarte ha comparecido ante la prensa en la Cámara vasca para hablar de negociación presupuestaria y ha explicado que continuará como portavoz de la coalición hasta "que se vaya acercando" la campaña electoral de los comicios forales y municipales de mayo de 2023 a los que concurrirá como candidata a diputada general de Gipuzkoa.

Ha reconocido que se irá "con pena" del Parlamento y ha explicado que "ha percibido" dentro de EH Bildu, de su militancia y también en la calle que su candidatura ha generado "ilusión".

EH Bildu critica que no haya comenzado la negociación

Sobre los presupuestos ha señalado que pese a que EH Bildu pidió al consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, un encuentro para hablar de las cuentas antes de su aprobación como proyecto de ley, la respuesta ha sido negativa y ha insistido en que un "pacto de país" como ha ofertado el lehendakari, Iñigo Urkullu, en esta materia, requiere de una reflexión y diálogo previo.

Si esa llamada a un acuerdo es sincera, ha continuado, ya debería haber un marco de diálogo antes de la aprobación del proyecto legislativo como ha ocurrido en Navarra y en Madrid.

Sin embargo, Iriarte ha señalado que la coalición soberanista está dispuesta a sentarse a negociar las cuentas públicas como hizo el año pasado, cuando alcanzó con PNV y PSE un acuerdo sobre los presupuestos de 2022 mediante el cual se abstuvo en la votación final de la ley a cambio de mover 253 millones de euros.

Ha explicado que EH Bildu afrontará esta negociación sin "líneas rojas", aunque ha remarcado la necesidad de que se produzcan cambios paliativos y estructurales para reforzar los servicios públicos, limitar los precios de las viviendas y buscar soluciones ante la alta inflación, entre otros asuntos, situación que habrá que afrontar también con una reforma fiscal.