El Tribunal del Juzgado de Instancia e Instrucción Nº2 de Irun ha desestimado las medidas cautelares solicitadas por el tambor mayor del Alarde tradicional hasta el pasado año, por lo que en principio no podrá desfilar el próximo 30 de junio. Esta resolución hace que, por el momento, se mantenga la sanción de dos años sin poder desfilar interpuesta por la Junta del Alarde Tradicional, sin que se haya juzgado el fondo de la cuestión.
La jueza, en su auto, indica que la solicitud de la cautelar "no es sino la pérdida de efectividad de los acuerdos que se impugnan en la demanda principal", y que, en caso de otorgar esta medida, "se restituye a la parte actora al momento anterior a que fueran adoptados los mismos, al inicio del expediente sancionador, como si este no hubiera existido”.
La representación legal del tambor mayor, en su defensa, habría aludido a una lesión irreparable al perder la oportunidad de participar en los eventos de las fiestas de San Marciales. En el auto, la jueza reconoce que esto sería cierto. Sin embargo, añade que existe un “proceso penal abierto por denuncia previa por los mismos hechos objeto del expediente sancionador de la Junta del Alarde”, añadiendo que "aparte de la posible lesión de los derechos del actor, es preciso ponderar otros derechos cuya eventual lesión podría ser mayormente irreparable una vez que aquel procedimiento sea resuelto, que son los de la cantinera”.
El auto no es firme, y puede ser recurrido, mediante apelación en los 20 días posteriores al día de la notificación, ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.
Procedimiento abierto por “conducta inapropiada”
Los hechos se remontan a julio del pasado año, cuando la Junta del Alarde Tradicional de Irun sancionó con dos años sin desfilar a un mando al considerar que incurrió en una "conducta inapropiada", calificada como falta grave por el reglamento. En el mes de febrero, más de 200 personas se manifestaron frente al centro Palmera Montero durante una reunión de la Junta de Mandos para cuestionar el procedimiento contra el tambor mayor. Semanas después, otra concentración en la plaza del Ensanche mostró su apoyo a la Cantinera implicada.
El General y el Comandante renunciaron al cargo
La gestión del expediente provocó notables discrepancias internas, ya que no fue respaldada por al menos ocho capitanes de los 20 que componen la junta. Esta falta de consenso derivó en la renuncia del general del Alarde tradicional, Asier Etxepare, y de su comandante, Rubén Fraile, quienes afirmaron no poder continuar liderando un grupo ante las dudas suscitadas sobre el proceso. Tras abrirse el correspondiente periodo de candidaturas, la Junta de Mandos eligió a finales de marzo a Javier García Nieto, hasta entonces capitán de la compañía Olaberria, como nuevo general, por diez votos a nueve.
Ante la resolución, el tambor mayor sancionado acudió a los tribunales solicitando medidas cautelares -tras el rechazo de la cautelarísima-. Tras denegarse la tramitación de urgencia, la vista para solicitar la cautelar se celebró el pasado 29 de mayo, en el Tribunal del Juzgado de Instancia e Instrucción Nº2, un paso judicial que evidenció el choque de posturas.
Enfrentamiento entre la Junta del Alarde y la defensa del tambor mayor
La Junta del Alarde se reafirmó en los motivos de la sanción mediante un comunicado y recordó la existencia de diligencias penales abiertas en un juzgado local, procedimiento del que subrayaron no formar parte. Por su lado, la defensa legal del mando acusó a la otra parte de difundir información "parcial y tergiversada" con el objetivo de influir en la opinión pública, exigiendo respeto y argumentando que en la vía penal solo existían actuaciones iniciales.
Concentración “por el Alarde” el sábado
A través de las redes sociales, en las últimas horas se ha convocado una concentración “por el Alarde” en la Plaza San Juan para este próximo sábado a las 20.00 horas, con un escrito en el que se habla de “pérdida de legitimidad” de la institución después de que “las reglas cambien según conveniencia”.
Se menciona también que se apartó a una compañía que luego fue readmitida sin voto, antes de una elección que se decidió por solo un voto de diferencia. Esa elección fue la del nuevo General que, indican, “se votó a sí mismo con la mitad en contra”.
Por otro lado, se mencionan “ordenanzas ignoradas para nombrar a quien no cumple los requisitos”, alegando además que se han recaudado fondos de la ciudadanía que serán utilizados “para cubrir futuros gastos judiciales de sus propios excesos”. El comunicado termina mencionando “que las reglas no son iguales para todos” y que “es una herencia compartida y no un cortijo particular".