Desarticulado un entramado empresarial en Navarra y La Rioja dedicado a la regularización masiva de extranjeros

La Policía Nacional de la Jefatura Superior de Policía de Navarra ha culminado la Operación Charco con la detención de 17 personas y una investigada más como presuntas autoras de los delitos de favorecimiento a la inmigración ilegal y falsedad documental, cometidos en el seno un grupo criminal que encabezaba un empresario riojano.

Según han informado desde la Policía Nacional, este empresario era el titular de una compañía que constaba como contratante en un elevado número de expedientes de solicitud de residencia y trabajo presentadas por ciudadanos extranjeros de origen marroquí en situación irregular.

Este hecho hizo que el Grupo de Investigación UCRIF de la Jefatura superior de Policía de Navarra iniciara una investigación que comenzó en el año 2023 con la localización de los solicitantes, muchos de ellos residentes en la Ribera de Navarra, para determinar la veracidad de esos contratos.

Tras contactar con varios de ellos, se pudo determinar que desde esta empresa riojana se estaba llevando acabo la venta de los pre-contratos por importes que oscilaban entre los 10.000 y 14.000 euros, "con pleno conocimiento" del mencionado empresario, administrador de la mercantil denunciada, que desde ese momento se constituyó como el principal investigado.

Además, se identificó a otros tres empresarios que formaban parte de la trama y a varios miembros de la red de conseguidores, personas de origen marroquí encargadas de localizar a compatriotas en situación irregular interesados en conseguir un contrato de trabajo.

Una vez que los inmigrantes en situación irregular poseían los documentos falsos -puesto que dicha relación laboral no existía realmente-, bien directamente o a través de abogados especializados en materia de extranjería presentaban la solicitud de residencia temporal por circunstancias excepcionales (arraigo social) o solicitud de permiso de trabajo por cuenta ajena en diferentes oficinas de extranjería (Logroño, Burgos, Donostia, Bilbao...), a fin de "no levantar sospechas".

Las víctimas debían abonar en un primer momento unos 2.000 euros, quedando supeditado el resto del pago a la consecución del permiso de residencia. Si la solicitud era denegada, los empresarios llegaban a hacer entrega de un segundo contrato para presentar en las oficinas de extranjería, y cuando la misma se hacía efectiva se procedía al pago total de la deuda.

Para la realización de las 17 detenciones, el Grupo de Investigación UCRIF de la Jefatura Superior de Policía de Navarra ha contado con el apoyo en la segunda fase del Grupo Operativo de Extranjería de Logroño, si bien no se descartan más detenciones ya que uno de los principales investigados sigue en paradero desconocido.