La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha dictado una sentencia contundente contra el profesor de un instituto de Zizur Mayor acusado de quebrar la intimidad de decenas de mujeres. El tribunal le ha impuesto una pena global que suma 180 años y 9 meses de prisión tras considerarlo autor de una cuarentena de delitos contra la intimidad, delitos de posesión de pornografía infantil y de elaboración de la misma.
Pese a la elevada cifra de la condena, el fallo judicial aclara que, conforme al artículo 76 del Código Penal, el tiempo máximo de cumplimiento efectivo será de 15 años, lo que representa el triple de la pena más grave impuesta.
La resolución, que ha sido comunicada por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) y que aún admite recurso, pone fin a un proceso que ha conmocionado a la comunidad educativa. Además de la privación de libertad, el docente ha sido inhabilitado durante 10 años para ejercer cualquier profesión u oficio que implique contacto con menores de edad.
Un sistema de espionaje selectivo y digital
La sentencia detalla un modus operandi basado en el abuso de la confianza y de la posición de superioridad que el condenado ostentaba como docente. Según los hechos probados, el procesado utilizó los datos personales de sus alumnas para apoderarse de sus claves de acceso a correos electrónicos y redes sociales como Instagram o Snapchat. Una vez dentro, accedía y guardaba todo tipo de archivos y fotografías privadas de las menores.
La investigación policial, que incluyó una entrada y registro en su domicilio autorizada el 19 de octubre de 2023, reveló que el acceso a las cuentas no fue masivo ni accidental, sino selectivo. Los agentes hallaron evidencias de que el profesor conservaba la práctica totalidad de los archivos robados y que disponía de las contraseñas para entrar libremente a la intimidad de las víctimas. Asimismo, se descubrieron indicios de que poseía un programa informático de inteligencia artificial destinado a generar desnudos falsos a partir de las fotografías reales de las menores.
Denuncia de una vecina
El inicio de este complejo entramado judicial no tuvo lugar en el centro educativo, sino en el ámbito privado del acusado. Fue una vecina la que, al percatarse de la presencia de una cámara oculta, interpuso la denuncia que desencadenó la investigación de la Policía Foral y el Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona. A raíz de este hilo, los investigadores descubrieron que el ámbito de actuación del condenado se extendía a los baños del instituto de Zizur y a probadores de diversos establecimientos comerciales, donde grababa a las mujeres sin su consentimiento.
Se rechaza la tesis de delito continuado
Durante el juicio, celebrado los pasados 24 y 25 de marzo, la defensa del profesor admitió la autoría de las grabaciones y el acceso a las carpetas personales de las alumnas. Sin embargo, los abogados defensores trataron de reducir la carga penal solicitando que los hechos fueran considerados como un delito continuado.
La Audiencia de Navarra ha descartado de pleno esta interpretación. Los magistrados argumentan que cada una de las 42 víctimas es "independiente de las demás" y posee la plena titularidad de sus derechos fundamentales, los cuales fueron violentados de forma individual. Del mismo modo, el tribunal ha rechazado las atenuantes de trastorno mental, confesión o dilaciones indebidas que planteaba la defensa.
Reparación del daño e indemnizaciones
El único factor que ha permitido una leve aminoración de las penas, situándolas en su límite mínimo, ha sido la atenuante de reparación del daño. Antes del inicio de la vista oral, el acusado consignó la cantidad de 273.000 euros para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles.
En concepto de indemnización, la sentencia estipula que el condenado deberá abonar a cada una de las 42 víctimas cantidades que oscilan entre los 3.000 y los 15.000 euros, dependiendo de la gravedad de la intrusión y las circunstancias de cada caso.